El fallo del Constitucional deja en el aire la pol¨ªtica hidr¨¢ulica de la Junta

Los traspasos de las competencias sobre las cuencas de los r¨ªos que transcurren por la comunidad han sido los cimientos sobre los que la Junta de Andaluc¨ªa ha ido construyendo su pol¨ªtica hidr¨¢ulica desde mediados de la d¨¦cada pasada. Pero el fallo del Constitucional que anula el art¨ªculo 51 del Estatuto de Autonom¨ªa andaluz, y por lo tanto la transferencia de las competencias sobre el Guadalquivir, deja en el aire esta pol¨ªtica hidr¨¢ulica del Gobierno regional. El Guadalquivir -cuya cuenca de 51.900 kil¨®metros cuadrados ocupa el 59,2% de la superficie de la comunidad- era la pieza clave.

El primer traspaso fue el de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Sur el 1 de enero de 2005, de cuya gesti¨®n se hizo cargo la Junta y que pas¨® a llamarse Cuenca Mediterr¨¢nea Andaluza. Se cre¨® entonces la Agencia Andaluza del Agua, dependiente de la Consejer¨ªa de Medio Ambiente y encargada de coordinar y gestionar la pol¨ªtica hidr¨¢ulica en la comunidad. En enero de 2006 se produjo la segunda transferencia, la de la Cuenca Atl¨¢ntica Andaluza.

Medio Ambiente espera que se permita una cesi¨®n de la gesti¨®n

Pero faltaba la m¨¢s importante, la del Guadalquivir, cuya cuenca no solo se extiende por Andaluc¨ªa, sino tambi¨¦n por Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia. El paraguas legal para lograr esta transferencia, a la que se opon¨ªa la exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, fue el Estatuto de Andaluc¨ªa, aprobado en refer¨¦ndum en febrero de 2007.

Finalmente, en septiembre de 2008, se firm¨® el traspaso de las competencias del Guadalquivir, que se materializ¨® con la publicaci¨®n del decreto de transferencias el 4 de noviembre de 2008. La comunidad empez¨® a gestionar el r¨ªo desde 1 de enero de 2009.

Fue entonces cuando la Agencia Andaluza del Agua empez¨® a ganar peso. Del Guadalquivir, por ejemplo, beben 440.809 hect¨¢reas de regad¨ªo en Andaluc¨ªa. La agencia es la que decide sobre los usos del agua. Tras el traspaso, la Junta gestiona 54 de los 57 embalses del Guadalquivir. Los cuatro restantes -Fresneda, Montoro, J¨¢ndula y Pintado- siguen en manos del Gobierno central, al afectar a otras comunidades. El acuerdo tambi¨¦n supuso que 704 funcionarios y personal laboral que depend¨ªan de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir pasaran a formar parte de la Agencia Andaluza del Agua, que casi duplic¨® su plantilla.

Adem¨¢s, la Junta empez¨® a desempe?ar las labores de protecci¨®n del dominio p¨²blico hidr¨¢ulico y a ser la encargada, por ejemplo, de imponer las sanciones por vertidos y da?os a la cuenca.

Cuando el traspaso del Guadalquivir se hab¨ªa consumado la Junta de Andaluc¨ªa dio el siguiente paso: la elaboraci¨®n de una norma para regular el uso del agua en la comunidad. Primero se cerr¨® el acuerdo andaluz del agua, ratificado por los agentes sociales y econ¨®micos de la comunidad. Y, en julio de 2010, se aprob¨® la Ley de Aguas para Andaluc¨ªa, en la que se fija la pol¨ªtica hidr¨¢ulica de la regi¨®n. En la norma se alude al traspaso de las competencias sobre el Guadalquivir y, partiendo de esta transferencia, desarrolla la gesti¨®n del agua en la comunidad. Por lo tanto, el fallo del Constitucional tambi¨¦n dejar¨ªa en el aire esta norma.

En la Agencia Andaluza del Agua eran conscientes de que un fallo del Constitucional podr¨ªa hacer tambalear el camino recorrido en los ¨²ltimos a?os. Desde hace meses, los responsables de la agencia barajan un plan b, que pasar¨ªa por acordar con el Gobierno central una encomienda de gesti¨®n para que Andaluc¨ªa siguiera manteniendo la gesti¨®n a pesar de no tener las competencias. Ni el Ministerio de Medio Ambiente ni el de Pol¨ªtica Territorial -encargado de las transferencias- quisieron pronunciarse ayer sobre esta posibilidad. Prefieren esperar a leer la sentencia del Constitucional para sopesar qu¨¦ salidas puede haber.