Guerra abierta por el fondo de competitividad
El Gobierno de CiU cree haber hallado la f¨®rmula para desactivar la oposici¨®n de los socialistas catalanes a su pol¨ªtica de recortes. Un d¨ªa y otro, el Gobierno de Artur Mas al completo insiste que el verdadero problema de las finanzas catalanas es que el Gobierno no haya consignado este a?o los 1.350 millones correspondientes al fondo de competitividad que s¨ª pag¨® puntualmente en 2009 y 2010. El Gobierno central se escuda en que el sistema de financiaci¨®n pactado en 2009 le autoriza a hacer los pagos en el momento de la liquidaci¨®n del presupuesto, lo que le dar¨ªa de plazo hasta 2013. Pero este argumento ni siquiera convence al PSC que, en plena campa?a para conservar la alcald¨ªa de Barcelona, volvi¨® ayer a elevar el tono de la reivindicaci¨®n. El candidato socialista, Jordi Hereu inst¨® a los 25 diputados catalanes del grupo Socialista a "defender con todas las consecuencias" la transferencia en discordia. Asegur¨® Hereu que "el fondo es necesario para blindar las pol¨ªticas sociales".
Esquerra Republicana quiere forzar en el Congreso una votaci¨®n que obligue a los 25 diputados del PSC a mojarse y a votar, si hace falta, en sentido contrario al PSOE, algo que no ha ocurrido nunca. El PP intentar¨¢ lo mismo en el Senado, anunci¨® ayer la l¨ªder regional del partido Alicia S¨¢nchez-Camacho.
El Gobierno mantiene que no pagar¨¢ hasta 2013 y que la cifra de entre 1.350 millones y 1.450 que calcula la Generalitat puede ser err¨®nea, lo que deja en una situaci¨®n extremadamente inc¨®moda a los socialistas catalanes. Este sentimiento se palp¨® ayer en las declaraciones del jefe de filas del PSC en el Parlamento catal¨¢n, Joaquim Nadal: "Esperar¨ªamos de la ministra y del presidente del Gobierno todo el coraje necesario para enviar mensajes de optimismo de cara a la salida de la crisis", dijo.
Con todo, la Generalitat no ve imposibles sus aspiraciones. Converg¨¨ncia i Uni¨® est¨¢ segura de que tras las elecciones del 22 de mayo aflorar¨¢ d¨¦ficit oculto en muchas comunidades, lo que obligar¨¢ al Gobierno a hacer gestos que ahora rechaza.
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