Jorge Barreiro, el ¨²ltimo azote de Garz¨®n

Acaba de abrir el segundo juicio al juez Baltasar Garz¨®n por supuestos delitos de prevaricaci¨®n y uso de artificios de escucha con violaci¨®n de garant¨ªas constitucionales -por las escuchas entre presos y abogados en el caso G¨¹rtel-, en una resoluci¨®n que tiene tintes de condena anticipada. Se ha adelantado a los tres recursos de Garz¨®n que a¨²n quedan por resolver, como si tuviera seguridad de que nadie va a revocar sus actuaciones. Alberto Jorge Barreiro, de 63 a?os, es el ¨²ltimo magistrado en acceder a la Sala Penal del Tribunal Supremo y el que en apenas seis meses se ha revelado como el m¨¢s firme perseguidor del juez Baltasar Garz¨®n, para el que ha sugerido una condena de 10 a 20 a?os de inhabilitaci¨®n.

El magistrado form¨® parte del grupo de jueces progresistas de Madrid en los noventa

El Constitucional le desautoriz¨® por hacer "juicios de fondo" sobre Manglano

A Alberto Jorge Barreiro todas las fuentes le vinculan a su compa?ero en la Sala Penal Perfecto Andr¨¦s Ib¨¢?ez, con el que comparti¨® durante a?os los estrados de la Secci¨®n 15 de la Audiencia de Madrid. Una secci¨®n reputada como la m¨¢s progresista de la Audiencia, con jueces garantistas y de izquierda, aunque de la izquierda muy cr¨ªtica con el PSOE. Jueces cuyos nombres figuraban en todos los manifiestos, particularmente los que criticaban al Gobierno socialista por los "desprop¨®sitos" del caso GAL, con el que Garz¨®n triunfaba entonces.

Barreiro accedi¨® al Supremo en 2009, precedido de una bien cimentada fama de jurista solvente. Dejaba tras de s¨ª una estela de resoluciones innovadoras y muy celebradas: redact¨® la consulta sobre la constitucionalidad de la ley Corcuera -que permit¨ªa la patada en la puerta para entrar en domicilios de sospechosos de narcotr¨¢fico sin orden judicial- manteniendo que el "conocimiento policial" de un delito no basta para un registro; sentenci¨® que la grabaci¨®n en v¨ªdeo por la Polic¨ªa en unos lavabos p¨²blicos vulneraba la intimidad, y rechaz¨® la reforma legal para expulsar a inmigrantes autores de peque?os delitos. M¨¢s recientemente, fue uno de los siete magistrados del Supremo partidarios de legalizar a la formaci¨®n abertzale Sortu para que pueda concurrir a las elecciones municipales del 22 de mayo.

Barreiro suele corregir las infracciones a las garant¨ªas constitucionales con pluma afilada, de forma sumamente hiriente. ?l mismo reconoce en sus escritos "cierta dosis de rotundidad" frente a las "tesis inconstitucionales" de sus reprendidos.

Algo m¨¢s que "rotundidad" aplic¨® Barreiro, en mayo de 1996, a la juez de instrucci¨®n de Madrid Mercedes del Molino, a la que censur¨® duramente por su decisi¨®n de archivar las escuchas efectuadas por los servicios secretos del CESID a pol¨ªticos, empresarios y periodistas. Le acus¨® poco menos que de instaurar ella sola un "Estado policial". La Secci¨®n 15 desarchiv¨® la causa, sent¨® en el banquillo al teniente general Emilio Alonso Manglano y a otros seis agentes y les endos¨® condenas de ocho a seis meses de arresto y de ocho a seis a?os de inhabilitaci¨®n. Ocho a?os despu¨¦s, en 2004, el Constitucional tir¨® abajo esa sentencia y declar¨® que se hab¨ªan vulnerado los derechos de los condenados a "un proceso con todas las garant¨ªas, en su concreto contenido de derecho a la imparcialidad judicial".

Una de las principales tachas de inconstitucionalidad la encontr¨® el Constitucional en el auto en el que Jorge Barreiro hab¨ªa dejado sin efecto el archivo: "Se fundamenta en valoraciones que, aunque provisionales, resultan sustancialmente id¨¦nticas a las que ser¨ªan propias de un juicio de fondo sobre la responsabilidad penal". Unas valoraciones en las que se exteriorizaba "un pronunciamiento anticipado" del juez. Razonamiento, el del Constitucional, id¨¦ntico a los que expone la defensa de Garz¨®n en sus recursos: que Barreiro, en sus autos, dicta condenas anticipadas.

El Constitucional orden¨® entonces celebrar otro juicio con otros magistrados "que no tuvieran comprometida su imparcialidad". Finalmente, solo result¨® condenado el excoronel Juan Alberto Perote. Sin embargo, tras nueve a?os de procesos, nadie se plante¨® inhabilitar a Alberto Jorge Barreiro ni a los otros jueces por haber vulnerado, con su falta de imparcialidad, las garant¨ªas constitucionales de los siete militares inicialmente condenados.

Ahora, ya como magistrado del Supremo, su primera actividad destacada ha sido precisamente la instrucci¨®n del caso de las escuchas de G¨¹rtel contra Garz¨®n. Barreiro tard¨® en arrancar, pero desde que dict¨® el primer auto, el pasado octubre, ha dedicado cada uno de sus escritos a corregir con tono implacable las supuestas infracciones constitucionales de Garz¨®n al derecho de defensa de los cabecillas de G¨¹rtel. Le ha denegado casi todas las pruebas y finalmente lo ha sentado en el banquillo.

En sus escritos, extensos y prolijos, Barreiro ha arremetido contra las "tesis inconstitucionales" del fiscal, se ha inmiscuido en el proceso principal del caso G¨¹rtel que instruye el magistrado Antonio Pedreira y parece haber intentado marcar el camino a seguir con alguna importante prueba de cargo, como el pen drive incautado al contable de la trama G¨¹rtel.

Pero sus mejores delicatessen las ha reservado sin duda para Garz¨®n: el juez que, seg¨²n sostiene, "cercena" o "lamina" el derecho de defensa, que "destruye los pilares b¨¢sicos" o "nos retrotrae a una etapa anterior al Estado de Derecho"; el que orden¨® las escuchas a los cabecillas de la red G¨¹rtel en prisi¨®n y a sus abogados "con la finalidad de obtener informaci¨®n de relevancia, que no ten¨ªa la seguridad de poder obtener por medios l¨ªcitos". Las quejas de la defensa de Garz¨®n por ese trato del instructor las ha despachado Barreiro con este argumento: no se trata, dice, de que ¨¦l tenga a Garz¨®n "pr¨¢cticamente condenado", sino que, a su modo de ver, al juez imputado le favorece "contar desde el primer momento con las hip¨®tesis jur¨ªdicas que m¨¢s pudieran perjudicarle".

Todo el armaz¨®n de la causa por las escuchas de G¨¹rtel lo fundamenta Barreiro en que Garz¨®n quiso conocer "la estrategia de las defensas o datos confidenciales que pudieran proporcionar los internos a sus abogados". Y cobra especial dimensi¨®n para la causa el papel de los abogados de los cabecillas de la trama G¨¹rtel.

Una dimensi¨®n que dispara las suspicacias hacia la relaci¨®n de Alberto Jorge Barreiro con algunos de esos abogados, con los que trabaja como docente en el departamento de Derecho Penal de la Universidad Aut¨®noma de Madrid. Un departamento en el que ¨¦l trabaja como profesor asociado y que encabezan los catedr¨¢ticos Gonzalo Rodr¨ªguez Mourullo y Miguel Bajo, y en el que su hermano Agust¨ªn Jorge ejerce hoy como catedr¨¢tico. Rodr¨ªguez Mourullo, hoy catedr¨¢tico em¨¦rito, es acusador particular de Garz¨®n en representaci¨®n de Pablo Crespo, el presunto n¨²mero 2 de la trama G¨¹rtel. Miguel Bajo es abogado del exsenador y extesorero del PP Luis B¨¢rcenas.

La actividad docente de magistrados y catedr¨¢ticos en un mismo departamento no es infrecuente en la Universidad; tambi¨¦n Garz¨®n ha dado clases en alg¨²n momento. Pero al jugar un papel capital estos abogados como acusadores de Garz¨®n, muchos creen que hubiera sido preferible que Barreiro se hubiera abstenido en una causa tan ligada a sus compa?eros universitarios.