Las empresas rentables que despidan tendr¨¢n que devolver el desempleo

El Gobierno ha traducido ya a cifras su pretensi¨®n de evitar que el erario p¨²blico sufrague en parte los despidos de las grandes empresas con beneficios. Las compa?¨ªas con m¨¢s de 500 trabajadores que prescindan al menos de 100 en tres a?os deber¨¢n devolver al Estado el importe de las prestaciones por desempleo que consuman los afectados por los expedientes de regulaci¨®n de empleo. Los beneficios que haya generado la empresa en los dos a?os anteriores ser¨¢n determinantes para decidir si la sociedad debe devolver el 100% del seguro de paro o un porcentaje inferior, seg¨²n fuentes gubernamentales.

La concreci¨®n de la medida, adelantada por este diario la semana pasada, figura en una enmienda del grupo socialista a la ley de reforma de pol¨ªticas activas de empleo, que tramita el Congreso. El Ejecutivo pretende que ese freno al coste p¨²blico de las prejubilaciones entre en vigor alrededor del verano. Con el modelo actual, la empresa se hace cargo de la indemnizaci¨®n y de parte de las cotizaciones a la Seguridad Social hasta que el despedido accede a la jubilaci¨®n, pero el Estado abona la prestaci¨®n por desempleo y la cotizaci¨®n correspondiente durante dos a?os.

El Gobierno espera que la norma est¨¦ en vigor a partir del verano

Las cuentas de la compa?¨ªa, claves para concretar la cuant¨ªa a reintegrar

Si se cumple el calendario, cualquier compa?¨ªa que presente un expediente de regulaci¨®n de empleo a partir del verano deber¨¢ ajustarse a las nuevas circunstancias. Estar¨¢n obligadas a restituir el desembolso del paro, total o parcialmente, las empresas que empleen a m¨¢s de 500 trabajadores o pertenezcan a grupos que sumen en total esa plantilla. Ser¨¢ necesario que el expediente de regulaci¨®n incluya a trabajadores de 50 o m¨¢s a?os o a un grupo de al menos 100, independientemente de sus edades, en un periodo de tres a?os. No contar¨¢n para esos c¨¢lculos los mayores de 50 a?os que hayan sido recolocados en otra empresa en menos de tres meses.

Con estos requisitos, la autoridad laboral examinar¨¢ las cuentas de la compa?¨ªa en los dos ¨²ltimos ejercicios. Si obtuvo beneficios claros, deber¨¢ restituir al erario p¨²blico todo el coste del desempleo. Aunque no hay cifras precisas, fuentes oficiales aseguran que grandes firmas con beneficios han despedido en estas circunstancias a unas 10.000 personas al a?o en el periodo de crisis, con un coste medio anual para el sistema de 24.000 euros por cada despedido. Esa cantidad incluye el pago de la prestaci¨®n de paro y la cotizaci¨®n a la Seguridad Social. De esa forma, el coste para las arcas del Estado asciende a 240 millones, de los que se recuperar¨ªa una buena parte con la nueva norma. Aunque la cantidad no es muy abultada (equivale, por ejemplo, a algo m¨¢s de lo que cuesta al a?o el Centro Nacional de Inteligencia), las mismas fuentes insisten en el valor simb¨®lico de una medida destinada a frenar las prejubilaciones, que provocan un alto coste econ¨®mico y social para el pa¨ªs.

La intenci¨®n inicial del Ejecutivo trascendi¨® cuatro d¨ªas despu¨¦s de que Telef¨®nica anunciara que pretende prescindir del 20% de su plantilla (unos 6.000 trabajadores, aunque parte ser¨¢n despidos estrictos y parte externalizaciones) en tres a?os. Con unos beneficios r¨¦cord de 10.167 millones de euros en 2010, Telef¨®nica aparece como clara candidata a asumir el 100% de la factura de paro que genere por este expediente (si se aprueba, eso s¨ª, cuando ya est¨¦ en vigor la ley).

Para las empresas cuya situaci¨®n econ¨®mica no sea tan holgada, el pago compensatorio por el desempleo no llegar¨¢ al total. El porcentaje se concretar¨¢ en un reglamento posterior mediante una escala que tenga en cuenta el n¨²mero de trabajadores de la compa?¨ªa, los afectados con m¨¢s de 50 a?os (son los que normalmente agotan los dos a?os de paro, pues aguardan en esa circunstancia hasta optar a la jubilaci¨®n) y, fundamentalmente, los beneficios de la empresa.

El ministro de Trabajo e Inmigraci¨®n, Valeriano G¨®mez, consider¨® ayer "razonable, equitativo y justo" que las empresas con beneficios que ajusten sus plantillas de ese modo compensen al Estado. "Se trata de que aquellas empresas con p¨¦rdidas puedan hacer ajustes de plantilla con la ayuda del sistema de protecci¨®n por desempleo, pero que aquellas con beneficios no externalicen esos costes al conjunto de la sociedad", explic¨® a los periodistas tras presidir la toma de posesi¨®n del nuevo director para Espa?a de la Organizaci¨®n Internacional del Trabajo, Joaqu¨ªn Nieto.

El PSOE conf¨ªa en encontrar respaldo parlamentario suficiente para sacar adelante esta medida, en principio bien vista por casi todas las fuerzas. Uno de los apoyos clave proviene de CiU. El diputado Carles Campuzano asegura compartir la filosof¨ªa de penalizar las prejubilaciones, aunque "el planteamiento legal es original", ironiza. Esta formaci¨®n ha presentado 60 enmiendas a la ley de pol¨ªticas activas entre las que figuran perdonar a los aut¨®nomos las cotizaciones sociales durante el primer a?o de actividad y garantizar las aportaciones del Estado a las pol¨ªticas activas.

El dinero que se reclame a las empresas en concepto de desempleo se destinar¨¢, previsiblemente, a un fondo espec¨ªfico que crear¨¢ la ley de pol¨ªticas activas de empleo. Los pagos empresariales sufragar¨ªan pol¨ªticas activas para "los trabajadores de m¨¢s edad", algo que se concretar¨¢ en el reglamento al que remite esta enmienda. No obstante, se trata de una pretensi¨®n a largo plazo. De momento es m¨¢s probable que cualquier cantidad rescatada de las prestaciones de paro se destine a enjugar el d¨¦ficit que genera esta partida en los Presupuestos Generales del Estado.