Retribuciones y transparencia

La crisis econ¨®mica actual tiene fundamentalmente su origen en malas pr¨¢cticas de operadores financieros, incluidos los correspondientes supervisores. Fue en EE UU donde las mayores anomal¨ªas, incluso las ilegalidades, tuvieron lugar en mayor medida, pero nunca estuvo mejor aplicado el refr¨¢n que advierte "en todas partes cuecen habas". A medida que el contagio de aquella infecci¨®n se extendi¨® se han conocido usos y costumbres en otros sistemas econ¨®micos y financieros que rozan la provocaci¨®n. Desde luego no aten¨²an la creciente y en cierta media comprensible animadversi¨®n hacia los operadores financieros. En no pocos pa¨ªses un contingente creciente de trabajadores va al paro en gran medida como consecuencia de errores o ilegalidades de algunas empresas financieras, de sus directivos y administradores. No deja de ser cuando menos sorprendente que en econom¨ªas sin crecimiento, con el paro en m¨¢ximos y los sistemas financieros paralizados, sean sus directivos los que obtengan retribuciones que rozan la obscenidad. Contra esas provocaciones han tratado de actuar algunos gobiernos y supervisores financieros de la OCDE.

Hizo bien el Gobierno espa?ol en convertir en obligatorias, a partir de la promulgaci¨®n de la Ley de Econom¨ªa Sostenible (en vigor desde el pasado marzo), las recomendaciones del c¨®digo de buen gobierno referidas al sometimiento a votaci¨®n consultiva de las remuneraciones de los miembros del consejo de administraci¨®n y, en general, la pol¨ªtica de retribuciones, de la compa?¨ªa, as¨ª como conceder amplia transparencia a esas remuneraciones. No deja de sorprender que sea la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), hasta ahora impecable en el desempe?o de sus muy complicadas tareas supervisoras, la que haya decidido no aplicar esa ley en vigor. Lo hace, al parecer, con la excusa de que no ha tenido lugar el correspondiente desarrollo reglamentario, y que son varias las empresas que ya hab¨ªa celebrado sus juntas generales ordinarias. En contra de la opini¨®n de la mayor¨ªa de los expertos jur¨ªdicos y, desde luego, de la m¨¢s elemental prudencia y del sentido com¨²n.

Aunque no se trate de una decisi¨®n deliberada de hacer la vista gorda sino de diferencias interpretativas t¨¦cnicas, esa actuaci¨®n, en todo caso, no favorece la necesaria confianza de la comunidad inversora. En situaciones como la actual las autoridades, instituciones tan importantes como este supervisor del comportamiento de los operadores y del funcionamiento de mercados financieros, han de resolver sus dudas favoreciendo la amplitud el buen gobierno y la transparencia en el comportamiento de las empresas, en especial de aquellas que cotizan en los mercados de valores organizados. Es ahora, en mucha mayor medida que en cualquier otro momento, cuando el inversor espa?ol, el contribuyente y, en general, el com¨²n de los ciudadanos, debe mantener la confianza en las instituciones. Proyectar la m¨ªnima sospecha de que las interpretaciones o decisiones de una instituci¨®n como la CNMV favorece a los agentes econ¨®micos m¨¢s poderosos ser¨ªa un flaco favor a la propia modernizaci¨®n del sistema financiero. Ante la duda, es preferible que todos seamos ahora m¨¢s exigentes que en condiciones normales. Desde luego en lo que hace al buen gobierno de las empresas que por su base accionarial deber¨ªan ser ejemplo del conjunto.