La descoordinaci¨®n deja en el aire las oposiciones para docentes

El descontrol y la descoordinaci¨®n en la interpretaci¨®n del art¨ªculo 23 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado ha desatado un enfrentamiento entre el Ministerio de Econom¨ªa y siete comunidades aut¨®nomas, a las que el departamento de Elena Salgado acusa de saltarse las limitaciones del plan de austeridad en la convocatoria de sus oposiciones para docentes. En mitad de esta pugna est¨¢n miles de aspirantes que estudian para lograr una plaza y que permanecen en vilo.

El Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda ha recurrido ya las oposiciones para docentes no universitarios de Castilla y Le¨®n, Catalu?a y Navarra. En los tres casos ha solicitado la suspensi¨®n cautelar de los concursos. La Abogac¨ªa del Estado, que es la que formalmente presenta los recursos, entiende que as¨ª se evitar¨¢n da?os posteriores si los tribunales admiten la ilegalidad de las oposiciones cuando las pruebas ya se hayan celebrado y las plazas est¨¦n ocupadas. Adem¨¢s, Econom¨ªa ha dado instrucciones en Andaluc¨ªa, Extremadura, Arag¨®n y Baleares para que se recurran ante los tribunales superiores de justicia sus convocatorias al entender que tambi¨¦n se saltan las restricciones presupuestarias. En total, los recursos afectar¨ªan a 6.341 de las 8.720 plazas ofertadas este a?o en todo el pa¨ªs.

Las comunidades han interpretado de forma dispar las limitaciones

El ministerio de Chaves intenta frenar los cuatro recursos pendientes

El problema radica en la interpretaci¨®n que las comunidades han hecho de la denominada tasa de reposici¨®n. En a?os anteriores ya se hab¨ªan introducido restricciones a la hora de reponer a los funcionarios que se jubilan o fallecen. Pero, por primera vez, hay tambi¨¦n limitaciones para los docentes no universitarios. Para el conjunto de los funcionarios se fija una tasa de reposici¨®n del 10% y para el sector educativo se eleva al 30%. Las autonom¨ªas han interpretado estos porcentajes y su reparto.

Castilla y Le¨®n, donde la consejer¨ªa estima que unos 11.000 opositores aspiran a las 510 plazas que ha ofertado, calcul¨® el 30% teniendo en cuenta las jubilaciones de los dos ¨²ltimos ejercicios. Esta comunidad interpret¨® que al convocarse las oposiciones a maestros cada dos a?os pod¨ªa acumular tambi¨¦n las vacantes. Arag¨®n, que oferta 320 plazas, tambi¨¦n sum¨® las jubilaciones de los dos ¨²ltimos ejercicios y le a?adi¨® el aumento de docentes por las nuevas necesidades para obtener su porcentaje.

En el caso de Andaluc¨ªa (37.000 opositores inscritos para 3.796 plazas de infantil y primaria) y Baleares (1.500 personas para 150 plazas) la interpretaci¨®n de la ley fue otra. Los responsables pol¨ªticos de las dos comunidades entendieron que su prioridad era la ense?anza, as¨ª que decidieron cubrir el 100% de las bajas de docentes y congelar o reducir al m¨¢ximo el resto de ofertas de empleo p¨²blico. As¨ª, seg¨²n sus c¨¢lculos, lograr¨ªan que la tasa de reposici¨®n del conjunto de sus funcionarios se ajustara al 10%.

Catalu?a (15.000 personas inscritas para 1.241 plazas de profesores) busc¨® una tercera v¨ªa. La Generalitat aplic¨® el 30% sobre las jubilaciones y fallecimientos de docentes de secundaria. Pero tambi¨¦n sobre las excedencias, renuncias y puestos de nueva creaci¨®n del ¨²ltimo a?o. Catalu?a consider¨® que pod¨ªa ofertar 1.241. La Abogac¨ªa del Estado sostiene en su recurso que los Presupuestos le permiten sacar solo 430.

Navarra (1.300 personas pelear¨¢n por 132 plazas) encontr¨® otro camino. Sum¨® las jubilaciones del conjunto de funcionarios de la comunidad y sobre esa cifra calcul¨® el 30% de plazas que luego ofert¨® para docentes. Extremadura, cuyo Gobierno insiste en que finalmente Econom¨ªa no recurrir¨¢ su oferta, no ha querido desvelar la f¨®rmula que ha empleado.

"Existe un problema grave de interpretaci¨®n, pero no por nuestra parte", se lamenta la consejera catalana de Ense?anza, Irene Rigau, para quien la tasa de reposici¨®n "no est¨¢ determinada en ning¨²n libro". Lo llamativo de este embrollo es que al menos dos comunidades ten¨ªan el visto bueno del Ministerio de Pol¨ªtica Territorial y del de Educaci¨®n a su interpretaci¨®n de la tasa. As¨ª lo han resaltado los responsables educativos de Andaluc¨ªa y Catalu?a.

El ministerio de Manuel Chaves no hab¨ªa sido informado previamente de los recursos de Econom¨ªa. Fuentes del departamento de Chaves reconocen que llevan d¨ªas intentando buscar una salida, que supondr¨ªa que no se presentaran los cuatro recursos pendientes y buscar otra soluci¨®n para los que se han interpuesto. Aunque reconocen que es una tarea complicada. La Generalitat, que ha tildado el recurso de "agresi¨®n", tambi¨¦n ha reclamado que se retire el presentado contra su oferta. A finales de la semana pasada, la Abogac¨ªa no hab¨ªa recibido nuevas ¨®rdenes, es decir, los recursos pendientes se tienen que interponer.

Lo que s¨ª se est¨¢ haciendo es agotar los plazos al m¨¢ximo. Econom¨ªa tiene dos meses desde la publicaci¨®n de los decretos de oferta de empleo en el bolet¨ªn oficial de cada comunidad para llevar su escrito a los tribunales superiores de justicia. Los dos siguientes en la lista ser¨ªan el de Andaluc¨ªa, que public¨® su oferta en el BOJA el 11 de marzo, y Baleares, que lo hizo el 15 de marzo en su BOIB.

Mientras, los sindicatos, que han recibido con estupor la decisi¨®n de Econom¨ªa, intentan hacer presi¨®n. ANPE, CC OO, CSIF, UGT y USTEA han convocado concentraciones ante las subdelegaciones del Gobierno de las ocho capitales andaluzas el mi¨¦rcoles para intentar frenar el inminente recurso de Econom¨ªa contra la oferta de empleo de esta comunidad.

Con informaci¨®n de Juan A. Auni¨®n, Ferran Balsells y Andreu Manresa.