Frente a la vida privada, el inter¨¦s p¨²blico

Entre la protecci¨®n de la vida privada y la defensa del inter¨¦s p¨²blico, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se decant¨® ayer por el inter¨¦s p¨²blico. El tribunal reconoci¨® que el expatr¨®n de la f¨®rmula 1, Max Mosley, tiene raz¨®n al quejarse de que la compensaci¨®n de 60.000 libras (69.000 euros) m¨¢s 420.000 libras en costas (480.000 euros) que tuvo que pagar el tabloide brit¨¢nico News of the World por publicar en marzo de 2008 im¨¢genes suyas en una org¨ªa sadomasoquista no le permitir¨¢ nunca "restablecer su intimidad despu¨¦s de que millones de personas hubieran visto el embarazoso material en el que aparec¨ªa". Sin embargo, el tribunal le ha negado a Mosley lo que hab¨ªa venido a pedir: la obligaci¨®n de que los peri¨®dicos brit¨¢nicos informen a sus v¨ªctimas por adelantado para que estas tengan la oportunidad de impedir por v¨ªa judicial informaciones privadas que consideran que no son del inter¨¦s del p¨²blico. El tribunal ha llegado a esa conclusi¨®n por entender que una medida de ese calibre "tendr¨ªa efectos escalofriantes" en el periodismo pol¨ªtico y de investigaci¨®n.

Mosley recurri¨® tras difundirse im¨¢genes suyas en una org¨ªa 'sadomaso'

"Tendr¨ªa efectos escalofriantes" en las investigaciones, dice la resoluci¨®n

En Estados Unidos es casi imposible evitar que una noticia sea aireada

La televisi¨®n basura est¨¢ llevando a mezclar vida p¨²blica y privada en Espa?a

Los medios han saludado con euforia la sentencia, que puede ser recurrida. Pero esta ha llegado en un momento especialmente agitado del debate sobre los l¨ªmites de la informaci¨®n que se basa en la vida privada de personajes famosos y que, en nombre del inter¨¦s p¨²blico, lo que busca realmente es hacer m¨¢s negocio.

No es un debate exclusivamente brit¨¢nico, pero s¨ª esencialmente brit¨¢nico. En Estados Unidos, por ejemplo, hay poco debate: es casi imposible evitar que algo sea publicado o aireado. En pa¨ªses como Francia o Espa?a hay menos debate porque hay una mayor tendencia a no mezclar la vida privada con la vida p¨²blica, sobre todo en pol¨ªtica. Pero es una tendencia que est¨¢ cambiando de la mano de la televisi¨®n basura y de Internet. En Espa?a, la Constituci¨®n protege la intimidad y el honor de las personas. Pero tambi¨¦n la libertad de expresi¨®n e informaci¨®n. En este choque de derechos es el juez el que decide. A menudo, depende del alcance de la noticia: si tiene inter¨¦s p¨²blico o es un mero cotilleo.

En Reino Unido, el debate est¨¢ tan al rojo vivo que cada vez hay m¨¢s voces que piden una ley sobre el derecho a la privacidad que regule una materia que ahora est¨¢ en manos de los jueces y de los c¨®digos deontol¨®gicos de los medios. En apenas unos d¨ªas se han acumulado diversas pol¨¦micas. Ayer fue el caso Mosley. Hace poco m¨¢s de dos semanas, Andrew Marr, uno de los periodistas pol¨ªticos m¨¢s prestigiosos e influyentes del pa¨ªs, reconoci¨® avergonzado que en 2003 consigui¨® que un juez prohibiera a la revista sat¨ªrica Private Eye informar de que ten¨ªa una aventura extramarital. El periodista fue a¨²n m¨¢s all¨¢ y logr¨® que el juez prohibiera informar sobre el hecho mismo de que se hab¨ªa prohibido publicar una noticia que le afectaba. Es lo que se llama una superinjuction, una superprohibici¨®n. Es una de las figuras judiciales que m¨¢s soliviantan a la prensa. Y a veces con toda la raz¨®n del mundo. Por ejemplo, la empresa holandesa Trafigura consigui¨® en 2009 no solo que se prohibiera la publicaci¨®n de ciertas informaciones sobre transporte de residuos t¨®xicos, sino que impidi¨® que se publicara el hecho mismo de que se hab¨ªa prohibido la publicaci¨®n.

A menudo, las prohibiciones afectan a casos m¨¢s triviales. La semana pasada, por ejemplo, un juez prohibi¨® que se identificara a un jugador de la Primera Divisi¨®n inglesa acusado de infidelidad.

El uso de c¨¢mara oculta es un m¨¦todo cada vez m¨¢s frecuente para obtener informaci¨®n. Pero no siempre es l¨ªcito. En 2008, el Tribunal Supremo espa?ol concluy¨® que grabar reportajes con c¨¢maras camufladas violaba la intimidad de las personas. El detonante de la sentencia fueron unas im¨¢genes grabadas por la productora de El Mundo en la consulta de una natur¨®pata y difundidas en la televisi¨®n auton¨®mica valenciana Canal 9. Para el Supremo, el reportaje constituy¨® una intromisi¨®n ileg¨ªtima en la esfera de la libertad de las personas, motivo por el que no puede estar amparado por la libertad de informaci¨®n.

"El derecho a la informaci¨®n no puede estar por encima del derecho a la intimidad o a la propia imagen", recuerda la abogada especializada en medios y nuevas tecnolog¨ªas Paloma Llaneza. Asegura que la utilizaci¨®n de una c¨¢mara oculta no es comparable al delito que acarrea la intervenci¨®n de las telecomunicaciones -el cl¨¢sico pinchazo telef¨®nico- pero existe una cuesti¨®n ¨¦tica. "No es un m¨¦todo estrictamente il¨ªcito, aunque puede generar problemas relacionados con el derecho a la imagen".

La batalla est¨¢ entre quienes creen que basta con la autorregulaci¨®n y el respeto al inter¨¦s p¨²blico y quienes creen que hay que legislar. Uno de los aspectos m¨¢s pol¨¦micos es el uso de t¨¦cnicas de camuflaje para tender trampas a personajes famosos. El inter¨¦s p¨²blico de esos reportajes es a veces incuestionable. Por ejemplo, cuando Mahzer Mahmood, un periodista del News of the World especializado en esa t¨¦cnica, film¨® a Sarah Ferguson pidi¨¦ndole medio mill¨®n de libras a cambio de presentarle a su ex marido, el duque de York.

En el fondo, se trata de la eterna lucha entre la intimidad y la informaci¨®n. Cuando toca ponderar ambos derechos fundamentales no hay una doctrina clara que aplicar. Depende de cada caso, dicen los jueces. Tambi¨¦n los expertos. Si se trata, por ejemplo, de una conversaci¨®n privada de un personaje p¨²blico referida a un tema de inter¨¦s p¨²blico, la privacidad est¨¢ "en el medio de un bocadillo", afirma Manuel N¨²?ez Encabo, catedr¨¢tico de Ciencias Jur¨ªdicas de la Universidad Complutense de Madrid. Lo que justifica la publicaci¨®n de una informaci¨®n en un medio de comunicaci¨®n es que sea veraz y tenga inter¨¦s p¨²blico. "Pero siempre respetando los derechos fundamentales de las personas", aclara N¨²?ez Encabo, que preside la Comisi¨®n de Quejas y Deontolog¨ªa de la Federaci¨®n de Asociaciones de Periodistas de Espa?a (FAPE).

Aunque la repercusi¨®n p¨²blica no afecta directamente a derechos fundamentales, s¨ª est¨¢ relacionada, indirectamente, con la existencia de una opini¨®n p¨²blica. La clave, para N¨²?ez Encabo, est¨¢ en la "proporcionalidad" del inter¨¦s p¨²blico. Por ejemplo: estar¨ªa justificado entrar en una casa y ver que se est¨¢ cometiendo un crimen. "Aqu¨ª s¨ª hay proporcionalidad", matiza N¨²?ez Encabo.

Precisamente ayer, la Comisi¨®n de Quejas contra la Prensa (PCC) brit¨¢nica critic¨® al diario The Telegraph por utilizar meses atr¨¢s esa misma t¨¦cnica al grabar en secreto al ministro de Empresas, el liberal Vince Cable, criticando al magnate Rupert Murdoch. Cable ten¨ªa que decidir si ordenaba o no una investigaci¨®n oficial antes de autorizar a Murdoch a tomar el control del 100% del canal BSkyB. Aunque la noticia puede ser de inter¨¦s p¨²blico, la PCC critica al diario porque sus periodistas, que se hicieron pasar por estudiantes, fueron a ver "lo que pescaban" al grabarle en secreto y sin identificarse como periodistas.

El multimillonario y ahora diputado conservador Zac Goldsmith defendi¨® ayer la necesidad de legislar. El propio primer ministro, David Cameron, admiti¨® d¨ªas atr¨¢s que el Parlamento deber¨ªa al menos debatir sobre la necesidad o +no de regular por ley todas estas cuestiones. Goldsmith consigui¨® en 2008 que se impidiera la publicaci¨®n de unos e-mails privados entre ¨¦l, su hermana Jemima Khan y su entonces mujer, Sherezade, de la que se estaba separando y de la que se divorci¨® en 2010. Los e-mails hab¨ªan sido pirateados por una persona con problemas mentales y el propio Goldsmith pidi¨® que por esa raz¨®n no se publicara el nombre de esa persona cuando en marzo pasado la justicia suspendi¨® la prohibici¨®n de hablar de aquel caso. "El inter¨¦s p¨²blico, si tiene efectos en la opini¨®n p¨²blica, est¨¢ muy cercano a un derecho fundamental", apunta N¨²?ez Encabo.

Las nuevas tecnolog¨ªas y nuevos medios de expresi¨®n surgidos en la era de Internet han venido a a?adir complejidad y confusi¨®n al debate. El lunes, un an¨®nimo public¨® a trav¨¦s de Twitter una lista de personajes famosos que han recurrido a las superprohibiciones judiciales para proteger su vida privada. Quiz¨¢s a ra¨ªz del caso protagonizado por Goldsmith y su familia en 2008, en la lista figuraba Jemima Khan, que seg¨²n ese comunicante an¨®nimo impidi¨® la publicaci¨®n de unas fotos de una supuesta aventura con un conocido personaje brit¨¢nico, Jeremy Clarkson.

Khan ha desmentido rotundamente tanto la prohibici¨®n como la aventura. Y la lista, que al parecer est¨¢ llena de errores, ha sido retirada. La cuesti¨®n es, ?ha sido retirada a tiempo? ?Qui¨¦n es responsable de esa difamaci¨®n, Twitter o la persona que envi¨® los tuits? En 2009, un juez brit¨¢nico sentenci¨® que Google no era responsable del contenido difamatorio publicado en una p¨¢gina web porque el buscador no hab¨ªa publicado aquel material. De la misma forma, Twitter no se hace responsable de lo que publican sus usuarios.