Aznalc¨®llar, cat¨¢strofe impune

Trece a?os despu¨¦s del desastre ecol¨®gico que desencaden¨® la rotura de la balsa de Aznalc¨®llar (Sevilla) la empresa sueca Boliden, propietaria de la mina y del embalse, no ha pagado por los da?os generados en el entorno del r¨ªo Guadiamar y de Do?ana. Y tampoco espera hacerlo. Al menos, es lo que sostiene la compa?¨ªa, que en su ¨²ltima memoria anual indica que no prev¨¦ que los pleitos que tiene abiertos tengan "un impacto negativo significativo en los beneficios de explotaci¨®n de Boliden, la rentabilidad o la situaci¨®n financiera".

Despu¨¦s de agotar la v¨ªa penal, la civil y estar pendiente todav¨ªa de la administrativa, la Junta de Andaluc¨ªa, que reclama a Boliden 89,8 millones de euros por la restauraci¨®n medioambiental de la zona, acudi¨® al Juzgado de lo Mercantil de Sevilla, donde se han personado los acreedores de la multinacional. El Gobierno central tambi¨¦n ha intentado ejecutar por la misma v¨ªa la sanci¨®n de 43,7 millones que le impuso a la compa?¨ªa, confirmada por el Tribunal Supremo en 2005. Pero la multinacional declar¨® en quiebra a la filial de la que depend¨ªa la balsa, Boliden Apirsa, con lo que, hasta ahora, ha conseguido esquivar las sanciones.

El proceso avanza un paso y retrocede dos. La ¨²ltima decisi¨®n judicial data del 12 de noviembre de 2010, cuando la Audiencia Provincial de Sevilla revoc¨® el auto que hab¨ªa permitido el embargo de 141 millones a la matriz. El Juzgado de lo Mercantil decret¨® este embargo cautelar en junio 2007 para hacer frente a las reclamaciones de los acreedores. Fue un paso importante, ya que implicaba el denominado levantamiento de velo, con lo que se hac¨ªa responsable a la matriz de las decisiones y las deudas de la filial. La Corte de Apelaci¨®n de Suecia acept¨® en octubre de 2008 que se embargara a la empresa. Pero Boliden recurri¨® y hace seis meses la Audiencia Provincial de Sevilla dio la raz¨®n a la compa?¨ªa y revoc¨® la medida cautelar. Los servicios jur¨ªdicos de la Junta sostienen que la Audiencia Provincial entiende que, "pese a que se dan indiciariamente los caracteres de grupo empresarial a los efectos del levantamiento de velo", rechaza el embargo "al tratarse de un grupo empresarial suficientemente solvente".

Que la cat¨¢strofe existi¨® es innegable: por la brecha de 50 metros de ancho que se abri¨® en el muro del embalse se vertieron unos seis millones de metros c¨²bicos de residuos, de los que cuatro millones eran aguas ¨¢cidas cargadas de metales pesados procedentes de la actividad minera. El problema durante estos 13 a?os ha sido encontrar al culpable de la rotura de la balsa, que afect¨® a una superficie total de 4.634 hect¨¢reas.

A los dos d¨ªas de producirse el vertido, el Juzgado de Instrucci¨®n 1 de Sanl¨²car la Mayor abri¨® una investigaci¨®n en la que estuvieron imputados 26 t¨¦cnicos de Boliden, de la Junta, del Ministerio de Medio Ambiente y de las empresas responsables de la construcci¨®n de la presa en 1978. Pero el juzgado archiv¨® el caso a finales de 2000 y cerr¨® la v¨ªa penal.

La Junta intent¨® entonces reclamar por la v¨ªa civil, en concepto de da?os y perjuicios, el coste de la retirada de los lodos y la restauraci¨®n. Pero la justicia entendi¨® que tampoco ese era el camino, que la v¨ªa adecuada era la administrativa. El Gobierno regional abri¨® entonces un expediente por el que se obligaba a Boliden y a su filial a pagar los 89,9 millones reclamados. La compa?¨ªa llev¨® el expediente a la justicia y ahora se est¨¢ a la espera del pronunciamiento del Tribunal Supremo.

Paralelamente, Boliden demand¨® a las empresas que construyeron y ampliaron la presa de Aznalc¨®llar, a las que reclam¨® 248 millones. Con ese dinero, seg¨²n la compa?¨ªa, pretend¨ªa hacer frente a las reclamaciones de las Administraciones y de sus acreedores. Pero un juzgado de Madrid, donde se llev¨® el caso, eximi¨® a las constructoras de la balsa de culpa, con lo que esta v¨ªa tambi¨¦n encall¨®.

Tras el desastre, la empresa decidi¨® cerrar la mina. 425 empleados se quedaron sin trabajo en 2001. Al a?o siguiente, se present¨® un Expediente de Regulaci¨®n de Empleo por el que se prejubilaron 275 extrabajadores. Cost¨® 58,6 millones. Dos terceras partes fueron abonadas por la Junta y un tercio lo aport¨® la empresa sueca. El Gobierno central subvencion¨® una m¨ªnima parte, 1,7 millones. Alrededor de 75 extrabajadores de empresas auxiliares de la compa?¨ªa minera fueron recolocados en compa?¨ªas como Egmasa.

"El principal problema con los pagos vino a los dos a?os despu¨¦s del desastre, cuando la Junta denunci¨® que Boliden no hab¨ªa pagado la limpieza de la zona contaminada por el vertido", recuerda Javier Eire, exapoderado de la empresa sueca en Andaluc¨ªa. Los exmineros siguen cobrando sus p¨®lizas desde entonces.