La presi¨®n social obliga a la Xunta a aplazar el desahucio de cinco menores

La crisis ha empujado a 10 personas de la misma familia a compartir un deteriorado piso de 80 metros cuadrados cuajado de humedades y con bolas de lo que parece amianto, un material cancer¨ªgeno prohibido, descolg¨¢ndose por la caja de la persiana del sal¨®n. Los cinco adultos, cuatro mujeres y un hombre, est¨¢n en paro y los cinco menores tienen entre cinco y 14 a?os. Sobreviven con la paga de 426 euros que cobra la abuela, Carmen, una limpiadora de 56 a?os, y la Risga (Renta de Integraci¨®n Social) que percibe una de sus hijas, con dos ni?os a cargo.

La Xunta hab¨ªa fijado ayer la fecha del desahucio por impago tras un largu¨ªsimo proceso que se ha estirado m¨¢s de 12 a?os de juzgado en juzgado, atascado en una mara?a de denuncias, recursos y apelaciones de la familia, que pele¨® por conservar un piso de promoci¨®n p¨²blica que le fue adjudicado en 1983 y que considera suyo pese a que en 16 a?os solamente pagaron dos meses de alquiler.

La casa estaba a nombre del exmarido, por eso no pagaba la cuota

Un centenar de indignados del 15-M se concentraron ayer ante la puerta

Unos cien indignados convocados por el movimiento ferrolano del 15-M se concentr¨® ayer por la ma?ana ante el n¨²mero 55 de la calle Pardo Bajo, en el barrio de Caranza, para frenar un desahucio que no se ejecut¨®. Un agente de la Polic¨ªa Nacional se acerc¨® a comunicarles extraoficialmente que no se har¨ªa efectivo.

La Xunta ha optado por aplazar el desahucio para buscar un alojamiento alternativo a los cinco menores de la familia a trav¨¦s de los Servicios Sociales de Ferrol. No obstante, desde el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) advierten que no tolerar¨¢n ocupaciones irregulares gratuitas que supongan un agravio comparativo para las familias que viven o demandan pisos de protecci¨®n y pagan sus cuotas.

La vivienda en cuesti¨®n es un bajo desconchado y en p¨¦simas condiciones que se reparte en tres habitaciones, sal¨®n, cocina y un ba?o muy gastado que hasta pocos d¨ªas habitaban Carmen, tres hijos, su nuera y cinco nietos.

El IGVS le adjudic¨® la vivienda al exmarido de Carmen en 1983 y se mudaron al piso dos a?os despu¨¦s. La pareja se divorci¨® y la mujer sigui¨® ocupando la casa con sus hijos mientras que al hombre le asignaron otra vivienda social en As Telleiras.

?scar, uno de los tres hijos del matrimonio, admite que su madre solo pag¨® las dos primeras cuotas porque el piso continuaba a nombre de su padre, con el que no tiene relaci¨®n. Los recibos sin pagar se fueron acumulando durante 16 a?os y la deuda alcanz¨® los 6.200 euros. La Xunta inici¨® un proceso administrativo para cancelar el contrato en 1999 y, posteriormente, otro judicial para desalojar a la familia que ocupaba esa vivienda sin permiso.

"Dicen que somos okupas pero esta es la casa que nos dieron", razona ?scar. Cuenta que en 1996 reclamaron el cambio de titularidad y la subrogaci¨®n del contrato a nombre de su madre, pero se lo denegaron. El argumento de la Administraci¨®n, seg¨²n la familia, fue que la madre no hab¨ªa pagado las mensualidades de un piso que legalmente no pod¨ªa abonar porque figuraba a nombre de su exmarido.

Carmen ignor¨® las notificaciones de desahucio y sigui¨® residiendo en el piso con sus dos hijas peque?as y los dos nietos tirando del paro y las ayudas sociales. La crisis tambi¨¦n dej¨® sin trabajo a ?scar, socorrista en verano. ?l, su mujer y sus tres hijos tambi¨¦n se mudaron a la casa. "En una cama dorm¨ªan tres ni?os, en otra mi hermana con los dos suyos, mi madre con mi otra hermana en la tercera y mi mujer y yo, en un colch¨®n tirado en el sal¨®n", explica ?scar.

Diez d¨ªas antes de la fecha fijada para el desahucio, la familia se mud¨® a dos pisos de alquiler. No aclara d¨®nde vive porque teme que los Servicios Sociales les retiren la custodia de los cinco ni?os "para mandarlos internos a un colegio". "El proceso judicial ha sido impecable", explica Alejandro Cortizas, el abogado "solidario" de la familia. "Lo que es un desprop¨®sito es que les quieran retirar la tutela de los menores por no tener casa, y por otro, que la misma Administraci¨®n, les quite la casa", opina Cortizas, que negociar¨¢ con el IGVS, dependiente de la Conseller¨ªa de Territorio, para realojar temporalmente a la familia en "dos casas habitables: una por unidad familiar".

"La Xunta tiene m¨¢s de 100 viviendas vac¨ªas en este barrio y el IGVS se comporta como una empresa privada", denuncia Marta Su¨¢rez, portavoz de los indignados ferrolanos. Seg¨²n ella, la Xunta posterga la orden para "lavar la cara por la alarma social".