Los afectados por el macropol¨ªgono de Salvaterra cobrar¨¢n ocho millones

Sucesivas sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) est¨¢n reconociendo los t¨¦rminos del convenio aprobado por la Xunta bipartita en diciembre de 2008 que establece las indemnizaciones que deben recibir los propietarios de los terrenos expropiados para la formaci¨®n de la Plataforma Log¨ªstica Industrial Salvaterra-As Neves (Plisan), el macropol¨ªgono industrial que desde estas localidades del interior de la provincia de Pontevedra est¨¢ llamado a funcionar como puerto seco de Vigo. Estas sentencias, que fijan la valoraci¨®n de los recursos mineros que abarca la zona, adquieren la condici¨®n de firmes, sin opci¨®n a recursos de casaci¨®n ante el Tribunal Supremo (TS), por cuanto en ning¨²n caso superan los 150.000 euros de importe del procedimiento, y obligan a pagar a los promotores del ¨¢rea industrial (Autoridad Portuaria de Vigo, Zona Franca y Xunta) casi ocho millones de euros.

Desde su finalidad primordial de dar servicio al puerto de Vigo, el desarrollo de la Plisan, que comienza en 2002, parece haberse realizado sobre un campo de minas. Hubo que repetir el proceso expropiatorio, por sus enormes lagunas, y el movimiento de tierras no pudo iniciarse hasta 2007. Entonces se estimaba que las obras estar¨ªan concluidas en 2010 y que las instalaciones empezar¨ªan a funcionar en 2011. Nada m¨¢s lejos de la realidad.Una sentencia del Supremo, el a?o pasado, anul¨® el plan sectorial originario, que inclu¨ªa un pol¨ªgono de 419 hect¨¢reas, y oblig¨® a realizar a toda mecha otro plan nuevo excluyendo 70 hect¨¢reas de especial protecci¨®n forestal que no debieron incorporarse. El terreno excluido correspondi¨® a la parte de Zona Franca, que se qued¨® pr¨¢cticamente sin suelo en el pol¨ªgono y que, de hecho, en sus presupuestos para 2012 no contempla ninguna partida para el desarrollo de la Plisan. Zona Franca es copropietaria, con la Xunta, del 50% de la zona de servicios generales del pol¨ªgono.

La Xunta retom¨®, despu¨¦s de un a?o de abandono, la urbanizaci¨®n de su parte, 75 hect¨¢reas, que ser¨ªa el ¨²nico suelo utilizable a corto plazo y, singularmente, para la implantaci¨®n en ¨¦l de la f¨¢brica de bater¨ªas de litio de Mitsubishi, si llegara a consumarse (la crisis nuclear de Jap¨®n dej¨® el proyecto en suspenso). Los terrenos de la Autoridad Portuaria de Vigo, el principal propietario (236 hect¨¢reas), est¨¢n hoy impracticables para los fines propuestos y cabe suponer, ya que no se explicit¨®, que los 6,7 millones que su consejo de administraci¨®n aprob¨® el pasado viernes para la Plisan se destinar¨¢n a pagar el grueso de los recursos mineros cuya cuant¨ªa est¨¢n fijando ahora las sentencias del TSXG. Estas sentencias se?alan en sus razonamientos jur¨ªdicos "la err¨¢tica conducta procesal seguida por la Xunta", que primero recurre en casaci¨®n otras sentencias previas del TSXG que reconoc¨ªan el derecho de los expropiados a percibir indemnizaci¨®n por los recursos mineros y luego, en noviembre del a?o pasado, desiste y retira los procedimientos ante el TS, secundada en esa conducta por la Autoridad Portuaria y Zona Franca.

"Lo que desde el principio de seguridad jur¨ªdica se deduce sin dificultad de su contradictoria actuaci¨®n", dice el TSXG, "es que la Xunta de Galicia actu¨® impulsada o de acuerdo plenamente por quienes aparecen como partes en el convenio, aunque su lentitud impidiera su formalizaci¨®n en el plazo deseable". El convenio fue aprobado en diciembre de 2008 por la comisi¨®n de seguimiento de la Plisan, en la que estaban representados los tres promotores del pol¨ªgono; fue autorizado por un decreto de la Xunta bipartita en funciones el 26 de marzo de 2009 y publicado en el Diario Oficial de Galicia de 23 abril. El Gobierno del PP inici¨® al mes siguiente las acciones judiciales para anularlo.

El argumento clave de los abogados del Estado que han perseguido ese mismo objetivo en representaci¨®n de la Autoridad Portuaria y Zona Franca se ha centrado en que los compromisos asumidos por la Administraci¨®n auton¨®mica en el convenio no pueden extenderse a la Administraci¨®n del Estado, de la que dependen los otros dos organismos promotores de la Plisan. Pero "desde los principios de seguridad jur¨ªdica y confianza leg¨ªtima", precisa el TSXG, "resulta ciertamente dif¨ªcil admitir que el Consello de la Xunta autorice y en definitiva convalide el contenido expositivo del decreto y su anexo si no es el fruto de la voluntad com¨²n y expresa de las entidades p¨²blicas intervinientes".

El convenio "revela un reconocimiento impl¨ªcito por las entidades p¨²blicas intervinientes de la cuant¨ªa econ¨®mica en la que deb¨ªa fijarse la indemnizaci¨®n representativa" por la eliminaci¨®n del aprovechamiento potencial de los recursos mineros "de los que es titular el propietario" de los terrenos expropiados y que se fija al precio unitario de 4,03 euros por metro cuadrado, como se?alaba el convenio.