El Gobierno cambia la Ley de Aguas para dar una salida al Guadalquivir

El Consejo de Ministros aprob¨® ayer la reforma de la Ley de Aguas a trav¨¦s de un real decreto ley. Las comunidades aut¨®nomas podr¨¢n asumir a partir de ahora competencias ejecutivas en materia de polic¨ªa de dominio p¨²blico hidr¨¢ulico. De momento, el Estado solo puede transferir estas labores de control de aguas y cauces a las tres regiones que as¨ª lo contemplan en sus estatutos: Andaluc¨ªa, Arag¨®n y Catalu?a. Sin embargo, la andaluza es la comunidad aut¨®noma en la tiene un mayor peso pol¨ªtico la aprobaci¨®n del real decreto ley de ayer.

El Tribunal Constitucional anul¨® en marzo el art¨ªculo 51 del nuevo Estatuto que permiti¨® la transferencia a la Junta de las competencias sobre el Guadalquivir de las aguas de la cuenca que discurren por Andaluc¨ªa. El problema es que la cuenca tambi¨¦n se extiende por tres regiones m¨¢s y Extremadura recurri¨® al Constitucional.

Andaluc¨ªa aspira a mantener la gesti¨®n y explotaci¨®n de los pantanos

El Ejecutivo pretende asumir la recaudaci¨®n de algunos c¨¢nones

Tras el fallo, se entr¨® en una situaci¨®n de interinidad y se abrieron las negociaciones entre la Junta y el Gobierno para intentar encontrar una salida. La encomienda transitoria aprobada por ambas administraciones para eludir el vac¨ªo legal en el que se podr¨ªa haber entrado caduca en octubre. El real decreto aprobado ayer es un primer paso en la soluci¨®n que Junta y Gobierno siguen intentando cerrar.

La modificaci¨®n aprobada ayer supone que Andaluc¨ªa se har¨¢ cargo de las funciones descritas en los apartados 2, 3, 4 del art¨ªculo 94 de la Ley de Aguas, una labor que hasta ahora correspond¨ªa al Gobierno central. Entre las tareas que pasar¨¢n a manos de la Junta est¨¢ la inspecci¨®n y control del dominio p¨²blico, el control del cumplimiento de las concesiones y autorizaciones, la realizaci¨®n de aforos y controles de calidad y la guarder¨ªa fluvial.

Adem¨¢s de transferirse las funciones de polic¨ªa de aguas y cauces, tambi¨¦n quedar¨¢n adscritos a la Junta el personal necesario para realizar esas tareas, seg¨²n indic¨® ayer la Consejer¨ªa de Medio Ambiente, que no concreto el n¨²mero exacto de funcionarios.

Esa cifra se conocer¨¢ cuando se cierre la soluci¨®n definitiva para el resto de competencias sobre el Guadalquivir que todav¨ªa est¨¢n en el aire y negoci¨¢ndose. Aunque al principio de la negociaci¨®n entre el Estado y la Junta se plante¨® dividir en dos grandes tramos la gesti¨®n del r¨ªo -tomando como referencia la presa de Alcal¨¢ del R¨ªo (Sevilla)-, esta opci¨®n est¨¢ ya descartada, seg¨²n se?alaron ayer fuentes de la Consejer¨ªa de Medio Ambiente.

Lo que se est¨¢ haciendo ahora es analizar una por una las competencias que restan y cuya gesti¨®n podr¨ªa asumir la Junta. Se busca un encaje legal lo suficientemente s¨®lido para que no pueda ser tumbado de nuevo por el Constitucional o el Tribunal Supremo, que hasta en tres ocasiones ha anulado el anterior decreto de transferencias del Guadalquivir.

Tras la modificaci¨®n de la Ley de Aguas aprobada ayer por el Consejero de Ministros, el Gobierno central tendr¨¢ que concretar la transferencia a Andaluc¨ªa de las facultades ejecutivas en materia de polic¨ªa de aguas. La previsi¨®n que maneja la Junta de Andaluc¨ªa es que se realice a trav¨¦s de un real decreto de transferencias, aunque no est¨¢ cerrada esta opci¨®n.

Lo que pretende el Gobierno andaluz es que en ese texto se incluyan otras funciones. Se tratar¨ªa de que Andaluc¨ªa gestionara determinados aspectos, aunque la competencia tendr¨ªa que seguir en manos del Estado, tal y como han se?alado el Constitucional y el Supremo.

La Junta aspira, entre otros asuntos, a poder mantener la gesti¨®n y explotaci¨®n de los pantanos del Guadalquivir que hay en Andaluc¨ªa. Tambi¨¦n a poder participar en la planificaci¨®n hidrol¨®gica de la cuenca y a realizar la recaudaci¨®n de algunos c¨¢nones, como el de vertidos o el de regulaci¨®n.

Respecto a las autorizaciones referentes al dominio p¨²blico hidr¨¢ulico, la Junta pretende que en sus manos est¨¦ formular propuestas de resoluci¨®n. La ¨²ltima palabra siempre tendr¨ªa que estar en manos del Gobierno central, aunque se buscan f¨®rmulas intermedias.

Otra de las funciones que podr¨ªan corresponder a la Junta ser¨ªa la explotaci¨®n y mantenimiento de los Sistemas Auton¨®micos de Informaci¨®n Hidrol¨®gica y el Sistema Autom¨¢tico de Informaci¨®n de Calidad, la conocida como red Saica.

Todav¨ªa queda por definir si todas estas funciones pueden asignarse a la Junta. Y tambi¨¦n otro aspecto fundamental: se tienen que concretar los medios materiales, los funcionarios y la financiaci¨®n que se transfiere a Andaluc¨ªa.

Antes de que el Constitucional anulara el primer decreto de transferencia, el Estado entregaba a Andaluc¨ªa alrededor de 120 millones al a?o para poder gestionar las competencias asumidas. Adem¨¢s, el traspaso de 2009 tambi¨¦n supuso que 704 personas (funcionarios y personal laboral) que depend¨ªan de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir pasaran a formar parte de la Junta. En manos del Gobierno regional tambi¨¦n se quedaron 54 de los 57 embalses de la cuenca del r¨ªo.