Las comunidades recuperar¨¢n competencias sobre los r¨ªos

El Congreso tiene previsto aprobar hoy, con los votos de PSOE y de los nacionalistas, una reforma legal urgente que da a las comunidades de Andaluc¨ªa, Arag¨®n y Catalu?a competencias para inspeccionar y sancionar en los r¨ªos. Con el texto, aprobado por urgencia en un decreto ley, Medio Ambiente pretende sortear la sentencia del Constitucional que anul¨® el punto m¨¢s importante del Estatuto andaluz. La decisi¨®n intenta salvar la cara del PSOE de esa comunidad, aunque ha dividido al Ministerio de Medio Ambiente y generado malestar entre los diputados socialistas.

El pasado 26 de agosto, el Gobierno aprob¨® un decreto ley que modificaba la Ley de Enjuiciamiento Civil y en el que se inclu¨ªa una reforma de la Ley de Aguas. El texto da "competencia ejecutiva sobre las facultades de polic¨ªa de dominio p¨²blico hidr¨¢ulico" a aquellas comunidades que lo tienen en sus estatutos de autonom¨ªa (hasta el momento, Arag¨®n, Andaluc¨ªa y Catalu?a, que ya tiene la gesti¨®n con una encomienda). Las comunidades tramitar¨¢n los expedientes, por ejemplo de un vertido, hasta la propuesta de resoluci¨®n. No es toda la gesti¨®n que inclu¨ªa el Estatuto andaluz, pero s¨ª cede competencias de la cuenca.

Regantes, ingenieros y ecologistas critican que rompe la unidad de cuenca

La reforma legal de urgencia se justifica por la necesidad de "dar mayor seguridad jur¨ªdica a las relaciones" entre las comunidades en agua. Y hoy, previsiblemente, la ratificar¨¢ el Congreso en el pen¨²ltimo pleno de la legislatura. El texto se?ala que es conforme a la sentencia del Constitucional de marzo pasado, que tumb¨® el punto m¨¢s simb¨®lico del Estatuto andaluz, la gesti¨®n auton¨®mica del Guadalquivir. El alto tribunal anul¨® ese punto y record¨® que, seg¨²n la Constituci¨®n, las cuencas de los r¨ªos que afectan a m¨¢s de una comunidad son competencia estatal. Despu¨¦s, el Supremo fue en la misma l¨ªnea al anular el decreto de transferencias.

La reforma no fue un camino de rosas y responde al empe?o del vicepresidente Manuel Ch¨¢vez; su mano derecha, Gaspar Zarr¨ªas; el presidente andaluz, Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, y la ministra de Medio Ambiente, la andaluza Rosa Aguilar, que hoy defender¨¢ la ley en el Congreso. El PSOE andaluz ha hecho de la gesti¨®n del Guadalquivir una bandera y en a?o electoral ni el Constitucional le arredra.

El secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, y la directora general, Marta Mor¨¦n, se fueron a Australia a un congreso de desalaci¨®n mientras el Gobierno aprobaba el texto, del que se han desentendido. Ante la posibilidad de introducir la reforma como enmienda en el Senado en la Ley de Titularidad Compartida, el director general de Desarrollo Rural, Jes¨²s Casas, se neg¨®, seg¨²n fuentes pr¨®ximas al departamento.

"A algunos no nos gusta y va en contra de lo que est¨¢bamos preparando en el programa. Si una comunidad aut¨®noma lo leva al Constitucional tiene muchas posibilidades de ganarlo otra vez, pero los andaluces se han empe?ado", resume un diputado socialista. Otra fuente explica que el problema no es nuevo y que se gest¨® al aprobar los estatutos la pasada legislatura. Y ahora hay que aplicarlos.

La prueba de la divisi¨®n socialista es que el Estatuto andaluz lo recurri¨® Extremadura, con un Gobierno del PSOE. En 2010, el partido pidi¨® una reforma en direcci¨®n contraria. Entonces reclam¨® unificar competencias auton¨®micas en "un ente gestor global dependiente de la Administraci¨®n General del Estado que coordinar¨¢ todas y cada una de las demarcaciones hidrogr¨¢ficas y sus interdependencias".

El PP votar¨¢, previsiblemente, en contra de la reforma legal expr¨¦s en el Congreso, aunque en Andaluc¨ªa ha apoyado textos que van mucho m¨¢s all¨¢ a favor de las autonom¨ªas y Javier Arenas se ha apuntado a la gesti¨®n andaluza de la cuenca. Adem¨¢s, la Junta de Castilla y Le¨®n, del PP, ha pedido para el Duero el mismo trato que Andaluc¨ªa con el Guadalquivir. La ponente del estatuto de Castilla y Le¨®n en el Congreso fue Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, hoy portavoz del Grupo Popular, y defendi¨® la reforma que anul¨® el Constitucional.

En ambos casos, la mayor parte de la cuenca est¨¢ en la comunidad aut¨®noma, pero como los r¨ªos no respetan las fronteras, afectan a otras regiones. El 90,2% de la cuenca del Guadalquivir (no solo el r¨ªo, tambi¨¦n sus afluentes) est¨¢ en Andaluc¨ªa, pero el resto toca a Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura. All¨ª, la competencia de inspecci¨®n la mantendr¨¢ el Gobierno. Lo mismo ocurre en el tramo espa?ol del Duero. El 96,12% de la cuenca est¨¢ en Castilla y Le¨®n, aunque hay restos en Galicia, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid y Asturias. Ahora, Catalu?a y Arag¨®n inspeccionar¨¢n su tramo de la cuenca del Ebro y en las otras siete comunidades lo har¨¢ la confederaci¨®n, dependiente del ministerio. Al menos hasta que el resto de comunidades reformen sus estatutos.

El intento de sortear el fallo del Constitucional encuentra duras cr¨ªticas: las ONG ecologistas, presidentes de las confederaciones, adem¨¢s de muchos de los funcionarios del ¨¢rea, regantes, catedr¨¢ticos en derecho e ingenieros se oponen de plano. Antonio Fanlo, catedr¨¢tico de Derecho Administrativo de La Rioja, opina que la reforma "es un aut¨¦ntico disparate". "Crean un galimat¨ªas jur¨ªdico. Ni se entiende qu¨¦ es lo que se traspasa a las comunidades. Es confuso y contradictorio. Si es la polic¨ªa de aguas no respeta al Constitucional", a?ade.

Fanlo critica que Espa?a olvide que fue el pa¨ªs pionero en la unidad de cuenca, el principio por el que toda la cuenca se gestiona de forma conjunta, sin otras divisiones administrativas, desde el nacimiento a la desembocadura. Y recuerda que en 1865 Espa?a cre¨® las "divisiones de trabajos hidr¨¢ulicas" en las principales cuencas y, en 1926, las confederaciones hidrogr¨¢ficas, que han llegado hasta hoy. "Ahora es Francia la que exporta el modelo a todo el mundo mientras Espa?a va en direcci¨®n contraria", lamenta.