Tormenta pol¨ªtica a costa del catal¨¢n

La guerra pol¨ªtica a prop¨®sito de la lengua catalana se ha reabierto a dos meses del 20-N. El ultim¨¢tum dado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) para que el castellano sea tambi¨¦n lengua vehicular en la escuela p¨²blica ha provocado el rechazo frontal de la Generalitat, que defiende a ultranza el modelo educativo catal¨¢n basado en la inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica. El l¨ªder del PP, Mariano Rajoy, ha advertido al Ejecutivo de Artur Mas de que debe cumplir la ley, aunque hay inc¨®gnitas sobre el alcance y las consecuencias de la resoluci¨®n.

Quien no alberga dudas es el Gobierno catal¨¢n, convencido de que el sistema se mantendr¨¢ cuando expire el plazo. "Dentro de dos meses no pasar¨¢ absolutamente nada. No vamos a separar a los ni?os de clase en funci¨®n de la lengua", avis¨® ayer la consejera de Educaci¨®n, Irene Rigau, en defensa de un modelo que cuenta con apoyo entre los ciudadanos porque permite a los ni?os, al margen de su origen y clase social, acabar la educaci¨®n dominando las dos lenguas y con igualdad de condiciones para acceder al mercado laboral.

"En dos meses no pasar¨¢ nada", dice la consejera de Ense?anza

El recurso de la Generalitat incide en que los chicos terminan biling¨¹es

Convivencia C¨ªvica afirma que 800 familias piden poder elegir lengua

CiU gobierna en minor¨ªa pero en este caso no est¨¢ sola. La izquierda respalda un sistema que desecha una educaci¨®n de dos l¨ªneas y que en B¨¦lgica ha partido la sociedad en dos. Los nacionalistas tienen al PP como socio preferente, pero han advertido que dejar¨¢n de serlo si convierte el asunto del idioma en casus belli. La batalla se juega ahora en ese escenario: el PP present¨® ayer una propuesta de resoluci¨®n en la C¨¢mara instando al Gobierno a que acate las sentencias. Rajoy lanz¨® ayer un duro avis¨® a Mas: "Si no se cumple la ley, se liquida el Estado de derecho".

En medio de las protestas por los recortes sociales, el auto da al Gobierno catal¨¢n la oportunidad de sacar pecho en defensa de lo que consideran m¨¢s sagrado: la lengua. Esquerra Republicana, por su parte, llam¨® ayer al Gobierno a desobedecer la resoluci¨®n judicial. El ambiente social tambi¨¦n se va caldeando. Ayer por la tarde, cientos de personas se manifestaron en Lleida y Girona contra el "ataque" al modelo educativo. Y la plataforma Som Escola (Somos Escuela), que agrupa a sindicatos y asociaciones de padres, ha convocado concentraciones ante todos los Ayuntamientos catalanes para el 12 de septiembre, primer d¨ªa del curso escolar.

Sea como sea, el TSJC da a la Generalitat un plazo de dos meses d¨ªas para reconfigurar el modelo educativo catal¨¢n, tal como establece una sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2010. Ese fallo reconoce el derecho de unos padres a escolarizar a sus dos hijos en castellano. Como no aclara si la decisi¨®n se limita a ese caso, abre la puerta a aplicarla, de forma gen¨¦rica, a toda la ense?anza p¨²blica obligatoria, seg¨²n diversas fuentes. El presidente del TSJC, Miguel ?ngel Gimeno, dijo el domingo que el auto se circunscrib¨ªa a los padres afectados, pero ayer tuvo que matizar sus palabras y admiti¨® el sentido m¨¢s amplio de la resoluci¨®n.

El fallo explicita solo que la Generalitat "deber¨¢ adoptar cuantas medidas sean precisas" para que el castellano se considere tambi¨¦n lengua vehicular. Pero, ?qu¨¦ debe hacer el Gobierno catal¨¢n para atender el auto del TSJC? No est¨¢ claro. La sentencia previa no lo especifica y da margen a la Administraci¨®n para actuar. Aun as¨ª, deja claro que el castellano no puede quedar "reducido al objeto de estudio de una asignatura m¨¢s". "Una soluci¨®n puede ser que haya un contenido m¨ªnimo de asignaturas que se den en castellano. Pero no estamos hablando de una l¨ªnea de educaci¨®n separada", explica ?ngel Escolano, abogado de Convivencia C¨ªvica Catalana, asociaci¨®n que ha apoyado a las familias demandantes.

"En estas sentencias siempre hay un grado de ambig¨¹edad, que permite distintas lecturas", explica un catedr¨¢tico de Derecho Constitucional que prefiere no revelar su nombre. El TSJC subray¨® ayer, en un comunicado, que en ning¨²n momento se ha pronunciado sobre las "medidas concretas" que debe adoptar el Departamento de Ense?anza, y que solo este debe fijar "los criterios pedag¨®gicos, organizativos, econ¨®micos" que crea oportunos.

Ante el conflicto suscitado en Catalu?a, el TSJC se mostr¨® ayer "consciente de la especial delicadeza del tema en discusi¨®n para las familias, la comunidad educativa, las instituciones y los ciudadanos en general", pero record¨® que "su ¨¢mbito de actuaci¨®n es solo jur¨ªdico, y no pol¨ªtico".

Los juristas coinciden en que ni la decisi¨®n del Supremo ni mucho menos el ultim¨¢tum del TSJC obligan a desmantelar, de entrada, un modelo que fija el catal¨¢n como ¨²nica lengua vehicular: todas las asignaturas se imparten empleando ese idioma a excepci¨®n de la materia de lengua y literatura castellana y de las clases de idiomas extranjeros. Las resoluciones s¨ª abren la puerta a que, en la pr¨¢ctica y con el tiempo, el sistema quede tocado. Esto podr¨ªa producirse si, por ejemplo, hay una avalancha de peticiones de padres para escolarizar a sus hijos en castellano. "Si yo fuera Rigau, estar¨ªa preocupado, porque la sentencia consiente una interpretaci¨®n, al menos pol¨ªtica, contra la inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica", sostiene el catedr¨¢tico.

La resoluci¨®n del Supremo toma como referencia la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, que se pronuncia de forma ambigua: "El catal¨¢n debe ser la lengua vehicular de aprendizaje en la ense?anza pero no la ¨²nica que goce de tal condici¨®n", dice, y a?ade que el catal¨¢n debe ser "el centro de gravedad" del modelo educativo.

Las principales asociaciones de jueces instaron a la Generalitat a cumplir el auto m¨¢s all¨¢ del choque de declaraciones con fines electorales. "No hay un problema ling¨¹¨ªstico ni jur¨ªdico", dijo el portavoz de Jueces para la Democracia, Jos¨¦ Luis Ram¨ªrez, que atribuy¨® la pol¨¦mica a interpretaciones "interesadas". El secretario general de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, Jos¨¦ Antonio Ballesteros, a?adi¨® que la sentencia "da un ampl¨ªsimo margen" la Generalitat para que "el castellano tambi¨¦n sea un instrumento en la ense?anza".

El Gobierno catal¨¢n se ha involucrado al m¨¢s alto nivel para responder al auto del TSJC. El Departamento de Ense?anza recab¨® ayer m¨¢s datos para fundamentar el recurso contra la resoluci¨®n del tribunal antes del 7 de septiembre. Este recurso ahondar¨¢ en los argumentos ya esgrimidos por Rigau. Se trata de defender que el modelo educativo catal¨¢n cumple con la Constituci¨®n, tal como aprecia el Tribunal Constitucional; y de demostrar que permite a los alumnos adquirir nociones similares de catal¨¢n y de castellano, por lo que se trata de un sistema exitoso que al entender de la Generalitat no requiere ninguna modificaci¨®n.

Esas mismas razones son las que Ense?anza ha dado a las cerca de 500 familias que reclamaron para sus hijos una ense?anza con mayor presencia del castellano. Esas quejas proceden de un documento con la firma de 500 padres que la presidenta del PP catal¨¢n, Alicia S¨¢nchez Camacho, present¨® el pasado julio con la vista puesta en las elecciones auton¨®micas. "Ni hemos recibido m¨¢s quejas de alumnos ni nos constan m¨¢s quejas en los tribunales", asegur¨® una portavoz de Ense?anza. Convivencia C¨ªvica asegura que 800 familias han acudido a la justicia para defender su derecho a escoger el idioma escolar.