Rompecabezas legal en el Guadalquivir
Junta y Gobierno tienen cinco d¨ªas para cerrar una soluci¨®n sobre el r¨ªo tras anularse el traspaso de competencias - El acuerdo se atasca en el dif¨ªcil encaje jur¨ªdico
Traspaso de competencias, reversi¨®n de la transferencia y, de nuevo, cesi¨®n de la gesti¨®n de algunas funciones. Han bastado menos de tres a?os para que el Guadalquivir haga este recorrido de ida y vuelta entre Madrid y Sevilla. El primer traspaso a la Junta de las competencias sobre la parte de la cuenca del r¨ªo que se extiende por Andaluc¨ªa entr¨® en vigor en 2009. Pero el viaje se trunc¨® en marzo de este a?o, cuando el Tribunal Constitucional anul¨® el art¨ªculo del Estatuto andaluz que permiti¨® la transferencia. Tras el fallo, la Junta y el Gobierno cerraron a toda prisa una encomienda transitoria que permiti¨® a Andaluc¨ªa seguir manteniendo la gesti¨®n de unas competencias que volvieron al Estado.
La negociaci¨®n se retrasa en la b¨²squeda de una "f¨®rmula jur¨ªdica"
El problema del traspaso de los trabajadores complica la salida
El viernes caduca esa encomienda y las dos Administraciones siguen intentando encontrar una soluci¨®n. Gracias a la reciente modificaci¨®n de la Ley de Aguas, Andaluc¨ªa puede asumir las funciones de polic¨ªa hidr¨¢ulica. Pero la Junta quiere que se le cedan otras tareas como la gesti¨®n de pantanos, la posibilidad de conceder algunas autorizaciones y la recaudaci¨®n de alg¨²n canon. El problema, seg¨²n el Ministerio de Pol¨ªtica Territorial, es encontrar una buena "f¨®rmula jur¨ªdica". Lo que se plantea es volver a realizar una encomienda a trav¨¦s de un real decreto. La dificultad reside tambi¨¦n en la manera de encajar legalmente los medios materiales y humanos para desarrollar las funciones que se encomienden.
Este proceso de reversi¨®n y cesi¨®n de algunas tareas no se hab¨ªa realizado antes en Espa?a, se?ala el departamento de Manuel Chaves. De ah¨ª los problemas que se est¨¢n encontrando. Pero el embrollo es a¨²n mayor cuando se baja al detalle. Por ejemplo, a los veh¨ªculos que se traspasaron con el decreto de transferencia. En algunos casos, se han dado de baja durante los tres ¨²ltimos a?os, con lo que se complica la reversi¨®n.
M¨¢s dif¨ªcil todav¨ªa resulta el problema de los trabajadores. En el decreto de traspaso de 2008 figuraba un listado con 849 puestos de funcionarios y laborales que pasaban de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir a la antigua Agencia Andaluza del Agua. Pero de esos 849 puestos, 147 estaban vacantes, es decir, la Junta asumi¨® 702 trabajadores. Despu¨¦s de producirse el traspaso, la agencia del agua amortiz¨® 114 puestos, con lo que finalmente se qued¨® con 735 empleados. ?Cu¨¢ntos trabajadores p¨²blicos tendr¨ªa que devolver la Junta ahora? ?Cu¨¢ntos volver¨¢ a traspasar el Estado a Andaluc¨ªa con el decreto que a¨²n se est¨¢ cerrando? Son algunas de las preguntas que llevan semanas intentando resolver los responsables de este rompecabezas.
El departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Medio Ambiente entreg¨® el mi¨¦rcoles a los sindicatos una simulaci¨®n sobre c¨®mo ser¨ªa el reparto de empleados. Tras aplicar las correcciones por vacantes y amortizaciones el resultado era que Andaluc¨ªa asumir¨ªa 489 de los 849 puestos que se transfirieron, lo que supone un 57,59%. Fuentes de este ministerio se?alan que este reparto todav¨ªa no es el definitivo, ya que a finales de la semana pasada se estaba negociando a¨²n.
La distribuci¨®n de los trabajadores se hace en funci¨®n de las tareas que finalmente asumir¨¢ cada una de las Administraciones. Pero hay casos en los que hay traspasos parciales. "Hay trabajadores que podr¨ªan ser o no transferidos", se?ala CC OO. En ese caso, el cambio es voluntario. De ah¨ª el extra?o correo electr¨®nico que recibieron el martes varios centenares de empleados, seg¨²n los c¨¢lculos de CSIF. Se les preguntaba si quer¨ªan depender de la Junta o del Gobierno. El escrito se envi¨® desde el correo de la Secretar¨ªa General de Agua de la Junta, pero iba sin membrete. Seg¨²n el departamento de Jos¨¦ Juan D¨ªaz Trillo, la consejer¨ªa solo hizo de intermediaria porque al que le compete realizar esa consulta es al Ministerio de Medio Ambiente.
D¨ªaz Trillo volvi¨® a repetir el viernes que la intenci¨®n de la Junta no es prorrogar la actual encomienda transitoria. Y se?al¨® que esta semana se deber¨¢ encontrar la soluci¨®n. Primero se tendr¨¢ que reunir la comisi¨®n bilateral entre la Junta y el Gobierno. Luego, el Consejo de Ministros deber¨ªa aprobar el decreto final.
Un agujero en las arcas p¨²blicas
La factura del fallo del Tribunal Constitucional que anul¨® el art¨ªculo 51 del Estatuto andaluz todav¨ªa se est¨¢ escribiendo. En el debe de la Administraci¨®n aut¨®noma ya se est¨¢n anotando las primeras cifras, aunque har¨¢n falta meses para saber lo grande que es el agujero abierto en las arcas a la Junta de Andaluc¨ªa.
Tras el fallo del Constitucional del pasado 16 de marzo de 2011 -que supuso que en junio el Supremo anulara el traspaso de las competencias sobre el Guadalquivir- algunos regantes y un grupo de abogados empezaron a moverse. Entend¨ªan que el pronunciamiento del Constitucional implicaba la anulaci¨®n de todas las sanciones impuestas por la Junta, a trav¨¦s de la antigua Agencia Andaluza del Agua, desde enero de 2009, cuando se hizo efectivo el traspaso de competencias.
Esos letrados -entre los que figuran los despachos Guti¨¦rrez Labrador, de C¨®rdoba, y Francisco Calle, de Sevilla- han acudido a los tribunales. El resultado, seg¨²n la Consejer¨ªa de Medio Ambiente, ha sido dispar. Los juzgados han rechazado la anulaci¨®n de las sanciones en algunos casos. Sin embargo, tambi¨¦n hay jueces que se han mostrado receptivos y han suspendido las multas.
Uno de los primeros en hacerlo fue el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 8 de Sevilla, que ni siquiera esper¨® a la anulaci¨®n formal en junio del decreto de transferencia por parte del Supremo para resolver este asunto. El magistrado Roberto Iriarte Miguel decidi¨® el 20 de mayo anular las resoluciones administrativas de la Junta con las que se impuso en septiembre de 2009 una sanci¨®n de 8.464,77 euros al Consorcio de Aguas de Huesna, una empresa p¨²blica que agrupa los intereses de 22 municipios. El juez entendi¨® que s¨ª hay efectos retroactivos. Es decir, la antigua Agencia Andaluza del Agua era "manifiestamente incompetente" para expedientar y sancionar al consorcio por los vertidos en Alcolea del R¨ªo desde que se aprob¨® en 2007 el Estatuto andaluz con el art¨ªculo anulado. La defensa de la Junta sosten¨ªa que la competencia para multar se perdi¨® solo a partir del momento en el que se pronunci¨® el Constitucional en marzo de este a?o.
Esta sentencia del magistrado Iriarte, que la Junta sostiene que ha recurrido ante el Supremo, sirvi¨® de base para otro fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Sevilla. En este caso se anul¨® otra sanci¨®n de 601,1 euros a una empresa privada, Hormigones y Bombeos Huevar. Entre los que se han visto beneficiados por el fallo del Constitucional tambi¨¦n hay Ayuntamientos. Es el caso del de Puente Genil (C¨®rdoba), que ha conseguido que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 9 de Sevilla anule otra sanci¨®n de 7.446,08 euros por realizar un vertido al arroyo Barranco del Lobo.
Estos fallos, que son firmes, han llegado tan pronto al tratarse de peque?as sanciones que pueden acogerse a los procedimientos abreviados. Lo que ocurra con multas impuestas por la Junta durante estos ¨²ltimos a?os y que superen los 60.000 euros tendr¨¢ que decidirlo el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA), algo que se dilatar¨¢ en el tiempo. De ah¨ª, lo complicado de cuantificar ahora el perjuicio del fallo del Constitucional para las arcas p¨²blicas.
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