Benestar adelanta a comienzos de a?o el pago de servicios sociales a ayuntamientos

Este a?o los ayuntamientos deber¨ªan haber cobrado en el primer semestre el dinero que les transfiere la Xunta del Plan Concertado de Servizos Sociais, si se hubiese cumplido la promesa de la conselleira de Benestar, Beatriz Mato. Pero no fue hasta septiembre cuando los alcaldes recibieron las notificaciones del pago y descubrieron entonces recortes en la partida de atenci¨®n a domicilio para ayudar a quienes no cobran por dependencia. El pr¨®ximo a?o podr¨¢n evitar esta "desagradable sorpresa", como lo calific¨® ayer Alberto N¨²?ez Feij¨®o, porque "sabr¨¢n con anterioridad las cuant¨ªas" con el objetivo de que puedan planificar sus presupuestos. Adem¨¢s, comenzar¨¢n a cobrar la atenci¨®n a domicilio en los cuatro primeros meses del a?o y las transferencias para la atenci¨®n por dependencia se pagar¨¢n cada tres meses.

La Conseller¨ªa de Traballo e Benestar prepara un decreto que se comenzar¨¢ a aplicar "a principios de 2012" para convertir el modelo a uno "m¨¢s planificado". Los ayuntamientos cobrar¨¢n "no m¨¢s tarde de abril el 50% de lo que recibieron el a?o anterior", explic¨® Mato, mientras que la partida para dependencia se liquida cada trimestre, lo que supone "un importante alivio para las arcas municipales".

El decreto llega tras las protestas de alcaldes de todos los partidos, que se encontraron con recortes de hasta el 93% en la ayuda a domicilio. Dinero que los municipios adelantan cada a?o a partir de una estimaci¨®n sobre lo que cobraron el ejercicio anterior. La conselleira admite un recorte de 2,4 millones en el Plan Concertado de este a?o, de 47 a 44,6 millones, que afecta a la atenci¨®n en casa y a las ayudas para pagar n¨®minas de trabajadores sociales. No para la dependencia porque su abono es obligatorio por ley. La secretaria general de Pol¨ªtica Social, Coro Pi?eiro, carg¨® ayer en el Parlamento contra los ayuntamientos por este tema. Apel¨® a la Lei de Servizos Sociais para responsabilizar a los municipios del pago de los servicios comunitarios pese a que el decreto que convoca las ayudas solo pide la colaboraci¨®n del 6% a los alcaldes.