Empleo reconoce que las Diputaciones deber¨¢n asumir los pagos de este mes
El diputado general vizca¨ªno censura el "desastre organizativo" de Lanbide
El Gobierno insisti¨® ayer en que el proceso de traspaso de las ayudas sociales -la Renta de Garant¨ªa de Ingresos (RGI) y el complemento de vivienda- a Lanbide se se est¨¢ realziando con normalidad y en funci¨®n de lo previsto. En una rueda de prensa en Bilbao, convocada anteayer con car¨¢cter de urgencia, los responsables de la gesti¨®n de las ayudas y el empleo -el viceconsejero de Empleo Javier Ruiz; el director de Lanbide, Javier Ramos, y el director de Formaci¨®n y Garant¨ªa de Ingresos de este mismo organismo, Pedro S¨¢nchez- garantizaron que nadie se quedar¨¢ sin recibir las ayudas durante el proceso. La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, art¨ªfice de la reforma, no acudi¨®, ya que se encontraba en el Parlamento participando en el pleno de aprobaci¨®n de los Presupuestos.
El colectivo Argilan tilda de "chapuza" el traspaso de las competencias
El Ejecutivo achaca el colapso de una oficina de Vitoria a un error municipal
Las ayudas est¨¢n en manos de Lanbide desde el 13 de diciembre, lo que deja a los Ayuntamientos -que tramitaban las solicitudes- y a las Diputaciones -que pagaban cada mes la RGI con las cuant¨ªas asignadas por el Ejecutivo- sin la competencia que ten¨ªan hasta ahora.
A pesar de reconocerse de sobra preparados para garantizar el servicio y de negar que el hecho de que la ley entrara en vigor antes de enero suponga un contratiempo, el viceconsejero de Empleo, Javier Ruiz, reconoci¨® que ser¨¢n las Diputaciones las que tengan que pagar la n¨®mina de diciembre a los 56.000 perceptores de estas ayudas de toda Euskadi.
El diputado general vizca¨ªno, Jos¨¦ Luis Bilbao, se?al¨® ayer en Onda Vasca que su instituci¨®n abonar¨¢ las ayudas este mes, al igual que ya han anunciado ?lava y Gipuzkoa, aunque recalc¨® que no es su competencia. "Es el Gobierno el que tiene que hacerse cargo", explic¨®, al tiempo que censuraba, en la l¨ªnea de todos los partidos de la oposici¨®n parlamentaria, el "desastre organizativo" que el Ejecutivo niega.
Los responsables del Gobierno sostuvieron que todo estaba "perfectamente previsto y planificado", aunque asumieron que "Lanbide no sabe cu¨¢ndo va a entrar en vigor la ley" -dos semanas despu¨¦s, como m¨¢ximo, de que se publique en el bolet¨ªn del Parlamento-. Matizaron que cuando la consejera Zabaleta y todos los responsables de su consejer¨ªa se refirieron en las ¨²ltim¨¢s fechas a llevar las ayudas en enero a Lanbide, se refer¨ªan a los pagos.
Si la transici¨®n de los Ayuntamientos ser¨¢ de 15 d¨ªas, la de las Diputaciones se har¨¢, como establece la reforma legal, en dos meses, por lo que podr¨ªa no finalizar hasta mediados de febrero. Y es que hay 60.000 expedientes que deben pasar a manos de Lanbide, seg¨²n sus c¨¢lculos.
El resultado es que en enero, cuando s¨ª pagar¨¢ ya el Servicio Vasco de Empleo, este organismo "no va a disponer de los expedientes completos", reconoci¨® Ruiz. Por eso, se emplear¨¢n los datos forales de diciembre para realizar los pagos. En enero est¨¢ prevista por primera vez una rebaja de la cuant¨ªa mensual de las ayudas del 7%, un recorte incluido en los Presupuestos aprobados ayer en el Parlamento con los votos de PSE y PP.
Preguntado sobre qu¨¦ ocurrir¨¢ si una persona fallece en enero o ya no cumple con los requisitos, S¨¢nchez insisti¨® en que se garantizar¨¢ la ayuda a todos los perceptores. "No se introducir¨¢n datos nuevos", se?al¨®.
Ramos insisti¨® en que el personal de Lanbide -207 orientadores y 300 administrativos- est¨¢ preparado para afrontar esta nueva tarea. A pesar de este despliegue, las m¨¢s de 3.900 citas que se han dado son para enero, todas ellas antes del d¨ªa 20, seg¨²n el director. Ahora Lanbide da citas previas y recoge documentos, pero no realiza las tramitaciones como tales. Las solicitudes nuevas esperan a que en enero los trabajadores empiecen a atender las citas previas.
Los tres dirigentes resaltaron la colaboraci¨®n de los Ayuntamientos y las Diputaciones en este proceso de transici¨®n. Si estas ¨²ltimas est¨¢n afrontando los pagos de diciembre, los Ayuntamientos siguen gestionando algunos expedientes, los de solicitudes de antes del 13 de diciembre que est¨¢n sin cerrar. En este sentido, achacaron el colapso de una oficina de Vitoria el lunes a que el Ayuntamiento comprendi¨® "de una manera un poco diferente al resto" las instrucciones.
Renovaciones interrumpidas
Argilan, la plataforma puesta en marcha por el sindicato ESK contra la exclusi¨®n social, critic¨® ayer que "numerosas familias" que se encontraban en pleno proceso para renovar sus ayudas sociales en Bizkaia vieron ayer que no se les ha ingresado el importe correspondiente al mes de diciembre. El cobro de las partidas exige una renovaci¨®n cada dos a?os, explicaron fuentes del colectivo, pero este proceso se ha visto interrumpido con el traspaso de las ayudas a Lanbide.
"Hasta que Lanbide tenga operativo su sistema [inform¨¢tico] nadie va a realizar la renovaci¨®n de su prestaci¨®n", censur¨® esta organizaci¨®n a trav¨¦s de un comunicado. El Servicio Vasco de Empleo "solo puede gestionar citas para el pr¨®ximo mes de enero, pero no introducir datos ni manejar expedientes o dictar resoluciones", a?ade el texto.
Estas familias se han encontrado con que "yo no hago [la Diputaci¨®n], t¨² tampoco [Lanbide, que tiene la competencia desde el pasado 13 de diciembre], y el que no cobra es el ciudadano que necesita la ayuda", explicaron dichas fuentes.
Este testimonio contrasta con las palabras del director de Lanbide, Javier Ramos, que en una carta a este peri¨®dico se?alaba que "los ciudadanos no se encuentran en ninguna tierra de nadie".
Argilan calific¨® como "chapuza" el traspaso de las competencias y critic¨® que ejemplos como los denunciados son una "vulneraci¨®n clara y flagrante del derecho a la defensa de las familias". En este sentido, record¨®: "En las pasadas navidades ya vivimos un proceso de suspensi¨®n ilegal de las prestaciones de m¨¢s de 6.000 familias".
Entonces el Gobierno vasco orden¨® a las Diputaciones que congelaran las ayudas a 6.200 familias en diciembre, porque sus miembros no cumpl¨ªan con una obligaci¨®n de la ayuda, pero no tuvo en cuenta los procedimientos legales para ello.
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