54 medidas de Justicia en Madrid

La toma de posesi¨®n de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, el pasado 14 de junio dej¨® una cosa clara: la justicia en Madrid no funciona y es necesario saber por qu¨¦ para encontrar soluciones. Por ello, encarg¨® a la entonces nueva consejera del ramo, Regina Pla?iol, hacer una radiograf¨ªa con detalle en un plazo de tres meses. El informe de situaci¨®n se ha retrasado y no se presentar¨¢ hasta mediados de este mes. Eso s¨ª, plantea 54 medidas para modernizar la justicia e intentar acabar con el colapso que sufre desde hace a?os.

Aguirre record¨® aquel 14 de junio en sede parlamentaria que el presupuesto de Justicia se ha quintuplicado desde que el Gobierno regional se hizo cargo de las competencias: de 74 millones en 2003 a 350 en el pasado ejercicio. Sin embargo, "los ciudadanos no tienen la percepci¨®n de que haya mejorado un 500%", admiti¨® la presidenta. Fue as¨ª como se puso en marcha una comisi¨®n mixta formada por el Ejecutivo regional y representantes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es decir, jueces y secretarios judiciales. Tambi¨¦n se invit¨® a fiscales, abogados y otros sectores relacionados con la Administraci¨®n de justicia.

Los casi seis meses de trabajo han permitido hacer "un an¨¢lisis distanciado y objetivo", seg¨²n sus responsables. Y ello a pesar de que, en medio de su redacci¨®n, la presidenta regional lanz¨® el ¨®rdago de que la transferencia de la Justicia estaba mal hecha y que no le importar¨ªa devolv¨¦rsela al Estado central. Estos son los puntos fundamentales del informe.

- Retraso inform¨¢tico. Si algo llama la atenci¨®n al entrar en un juzgado, es la cantidad de papeles y legajos que se almacenan en las estanter¨ªas, encima de las mesas e incluso en el suelo. La base del problema es que todas las notificaciones deben hacerse en papel y a trav¨¦s de procurador. El informe pide que se implante lo antes posible la firma electr¨®nica, lo que evitar¨ªa miles y miles de folios en los juzgados y agilizar¨ªa el reparto de los expedientes. Tambi¨¦n se apuesta por un mayor uso de la videoconferencia para reducir gastos de traslados, sobre todo de presos y testigos.

Otro problema de naturaleza inform¨¢tica es que no se est¨¢ dando el mismo desarrollo tecnol¨®gico en todo el pa¨ªs al mismo tiempo. De hecho, si Madrid sigue avanzando sin crear protocolos comunes, podr¨ªa darse la paradoja de que los expedientes de otra regi¨®n no se pudieran consultar aqu¨ª y viceversa.

- Una plantilla insuficiente. La distribuci¨®n de los 6.529 trabajadores del personal adscrito a los juzgados resulta insuficiente para atender la cantidad de pleitos, demandas y diligencias que soporta la Comunidad de Madrid: m¨¢s del 25% de todos los casos que se resuelven en Espa?a. A ello hay que a?adir que el 27% tiene car¨¢cter interino. Seg¨²n recoge el informe, la legislaci¨®n actual impide al Gobierno regional convocar sus propias oposiciones, ya que tiene que estar a lo que disponga el Ministerio de Justicia.

- Pocos juzgados. Las competencias de Justicia se traspasaron a la Administraci¨®n regional, pero no la gesti¨®n de los juzgados en s¨ª. Como si se cediese la Sanidad, pero no se permitiera ni hacer hospitales ni contratar m¨¦dicos y enfermeras. El informe mantiene que la actual planta judicial est¨¢ obsoleta y que no se corresponde con las necesidades de una poblaci¨®n de 6,5 millones de habitantes. Es urgente que haya m¨¢s juzgados y m¨¢s jueces y secretarios judiciales. La ¨²ltima memoria del TSJM recog¨ªa que se precisaban 39 nuevos juzgados y la creaci¨®n de 32 plazas de magistrados. De esta forma, se ampliar¨ªan las secciones de lo Civil y lo Penal de la Audiencia Provincial y de lo Contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia.

- La problem¨¢tica gratuidad de la justicia. El gasto del turno de oficio y de la justicia gratuita se ha disparado en los ¨²ltimos a?os. Tanto que el Gobierno regional siempre paga tarde a los colegios de abogados (Madrid y Alcal¨¢). El informe incide en que la Constituci¨®n solo recoge que se otorgar¨¢ un letrado de oficio a aquellos que "acrediten" la falta de medios econ¨®micos. Por ello, piden al Ejecutivo central que reforme la ley, de forma que no todo el mundo tenga derecho a un abogado. Los mayores abusos se dan en los juicios r¨¢pidos y en los detenidos por delitos contra la seguridad vial. El enfrentamiento entre abogados y Gobierno regional se ha mantenido durante los ¨²ltimos a?os.

- Reducir la litigiosidad. El n¨²mero de procedimientos que soporta la planta judicial de Madrid es "alt¨ªsimo". Solo en 2010 hubo 1.537.520 asuntos en las distintas jurisdicciones, lo que da una media por juzgado de 3.177 casos. Esto supone hasta el triple que en otras regiones espa?olas. La auditor¨ªa de justicia pide que se reformen las leyes procesales (en especial, las leyes de enjuiciamiento civil y criminal) de forma que sea m¨¢s dif¨ªcil litigar por causas de escasa importancia o que se pueden solventar por otras f¨®rmulas extrajudiciales, como el arbitraje o la conciliaci¨®n.

- Mayor presencia de los secretarios. Hasta ahora los secretarios judiciales sol¨ªan ser los grandes olvidados de la justicia. Y eso que la ley les permite asumir muchas competencias para acelerar o desestimar determinados procedimientos. El documento pide que aumenten sus competencias o se les reconozcan las actuales para descargar de trabajo a jueces y magistrados.

- Instalaciones mejorables. La situaci¨®n de los juzgados y de las instalaciones judiciales auxiliares no est¨¢ mal en general, pero necesitan mejoras. As¨ª ocurre con algunos edificios que se han quedado peque?os o no son lo m¨¢s adecuado para el desarrollo de la actividad jurisdiccional. La comisi¨®n mixta pide que se reactive el Campus de la Justicia en Valdebebas, paralizado por falta de presupuesto. Hasta la llegada de esa soluci¨®n, se apuesta por el reagrupamiento de los juzgados en funci¨®n de su jurisdicci¨®n como Penal, Mercantil o Social.

- Mayor control del horario. El informe no acusa a los funcionarios y trabajadores de que no cumplan con sus horarios. Tan solo constata, seg¨²n sus autores, que no se realiza ning¨²n control de su cumplimiento. Por ello, pide que se arbitren medidas para que todo el personal haga las horas que le corresponden.

- Oficinas judiciales. El estudio mantiene que las oficinas de car¨¢cter regional no cumplen los objetivos marcados, por lo que se decanta por reforzar las del Ejecutivo central. No aportan ning¨²n valor a?adido, dicen.