Una sentencia obliga a Sanxenxo a pagar 3,8 millones a promotoras
El Ayuntamiento olvid¨® recurrir un fallo que amenaza las arcas municipales
Si la penuria econ¨®mica del Ayuntamiento de Sanxenxo era notoria -12 millones de deuda reconocida y un presupuesto que pas¨® de 114 millones a 31 en cuatro a?os-, un nuevo coscorr¨®n judicial por su pol¨¦mica gesti¨®n urban¨ªstica acaba de echar otra losa sobre la hacienda local. El Juzgado de los Contencioso-Administrativo n¨²mero 3 de Pontevedra ha declarado firme una sentencia suya del pasado mayo que el Ayuntamiento no recurri¨® por error, y que le obliga a pagar 3,8 millones de euros a tres promotoras urban¨ªsticas. El Gobierno local revel¨® la decisi¨®n judicial en su p¨¢gina web el lunes y anunci¨® que reclamar¨¢ su revisi¨®n, pero rechaz¨® analizar sus consecuencias. La oposici¨®n habla ya de una situaci¨®n de quiebra y pide la dimisi¨®n de la alcaldesa, Catalina Gonz¨¢lez, del PP.
El fallo se debe a una actuaci¨®n de Telmo Mart¨ªn como alcalde
Un portavoz municipal reconoce que el recurso se present¨® tarde
El fallo que ahora se vuelve firme ata?e a un proceso accidentado que se inici¨® con una de las ¨²ltimas actuaciones urban¨ªsticas de Telmo Mart¨ªn como alcalde, en colaboraci¨®n con la gerente municipal de urbanismo y actual secretaria general de Urbanismo de la Xunta, Encarnaci¨®n Rivas. Era a finales de 2006 y el Ayuntamiento decidi¨® valerse de una cl¨¢usula de la Lei de Ordenaci¨®n do Territorio para que dos grandes promociones inmobiliarias en Monte Faro, con miles de viviendas comprometidas, prescindiesen de la obligaci¨®n de levantar viviendas p¨²blicas a cambio de 4,8 millones de euros en un caso y de 3,8 en el otro. El bipartito dela Xunta frustr¨® ambas operaciones con un cambio normativo que elimin¨® la cobertura legal del apa?o. A partir de ah¨ª comenz¨® un conflicto administrativo y judicial entre empresas y administraci¨®n local por el dinero, que las promotoras ya hab¨ªan ingresado en las arcas municipales.
La sentencia de mayo afect¨® a la promoci¨®n menos onerosa, auspiciada por las constructoras Emprosal 16, Llave del A?o y Lanzagolf. Se esperaba que el municipio apelase, pero el recurso no lleg¨®. Seg¨²n un portavoz municipal, por un posible error del procurador, que no present¨® dentro del plazo el escrito de personaci¨®n en la causa. Sanxenxo tiene externalizada la gesti¨®n de sus m¨²ltiples pleitos, que le han costado cientos de miles de euros en minutas en los ¨²ltimos a?os.
La resoluci¨®n de mayo censuraba la actuaci¨®n municipal tras hacer un repaso por los vericuetos administrativos de la negociaci¨®n entre las empresas. La tesis municipal era que los pagos millonarios no eran la contrapartida para evitar levantar viviendas p¨²blicas, sino una contribuci¨®n amistosa definida unas veces como "cesi¨®n voluntaria" y otras como "participaci¨®n desinteresada en los proyectos de la colectividad". En varios informes municipales la causalidad se explicita de forma clara, pero en otros queda difuminada. "La oscuridad en la redacci¨®n de los contratos nunca puede favorecer a quien la ha propiciado, en este caso el Ayuntamiento", tercia la sentencia, que considera fundamental un convenio de marzo de 2007, ya con Mart¨ªn y Rivas fuera de Sanxenxo, que se refiere precisamente al reembolso para las empresas en caso de cambios en la ley tales como los que despu¨¦s se produjeron. El pago de los 3,8 millones de euros se produjo una semana despu¨¦s de este ¨²ltimo convenio.
La resoluci¨®n sigue sin escatimar ep¨ªtetos contra el Gobierno local, al que achaca su "conducta sinuosa" y su intenci¨®n "maliciosa". Se refiere en ese sentido a los intentos municipales de dar por resuelto el convenio, una vez se comprob¨® que los cambios legales iban a impedir que el convenio se llevase a la pr¨¢ctica. El Ayuntamiento quiso dar por finiquitado el acuerdo al seguir con la tramitaci¨®n del plan parcial seg¨²n la nueva normativa. Las empresas se opusieron y comenz¨® la batalla.
El varapalo judicial ha tenido reacciones desde las filas de la oposici¨®n. El edil del BNG David Otero habla de colapso financiero. La portavoz socialista, Dulcinea Agu¨ªn, pidi¨®, por su parte, la dimisi¨®n de Gonz¨¢lez. "Si tuviera decencia pol¨ªtica hoy dimitir¨ªa y se ir¨ªa a su casa. Presentar los recursos fuera de plazo es una burla", acus¨®.
La 'conexi¨®n G¨¹rtel'
Aunque la resoluci¨®n judicial solo afecta al denominado suelo urbanizable 13 de Monte Faro, el terreno colindante del suelo urbanizable 14 ha seguido una tramitaci¨®n paralela en el tiempo y los procedimientos. La diferencia fundamental es que el pago al municipio a cambio de la exenci¨®n de levantar vivienda p¨²blica se elev¨® a 4,8 millones de euros. A falta de una resoluci¨®n judicial todav¨ªa pendiente, este segundo caso adquiri¨® notoriedad porque una de las sociedades implicadas, Mirador de Sanxenxo, era entonces propiedad de Sedesa, una de las empresas salpicadas por las acusaciones de financiaci¨®n ilegal del PP valenciano en el caso G¨¹rtel. A ello se le suma que el firmante del recurso de reposici¨®n contra el Ayuntamiento para el reclamo del cobro era el actual jefede la Conseller¨ªa de Territorio en Pontevedra, Jos¨¦ Luis D¨ªez Y¨¢?ez. La Xunta justific¨® varias veces el pasado a?o este nombramiento, la ¨²ltima en noviembre. La encargada fue la propia Encarnaci¨®n Rivas, ahora secretaria general de Urbanismo y, entonces, gerente del mismo departamento en Sanxenxo. "Lejos de ser perjudicial incluso tiene aspectos positivos, porque acerca experiencias del sector privado a la actividad de la Administraci¨®n", afirm¨® entonces.
Las trayectorias gemelas de las dos promociones difieren a partir de julio de 2009, cuando Mirador de Sanxenxo firm¨® un convenio urban¨ªstico previo a la aprobaci¨®n del plan parcial de desarrollo de ese terreno en cuya documentaci¨®n preparatoria el municipio trataba de cubrirse las espaldas con una referencia a que tal acuerdo supon¨ªa "una renuncia clara y terminante a cualquier exigencia de devoluci¨®n". A este documento se aferra el Ayuntamiento para mantener sus expectativas de un fallo favorable en esta segunda causa.
El problema es que incluso las resoluciones favorables les est¨¢n costando muy caras a la Administraci¨®n local, seg¨²n recordaba ayer Agu¨ªn. "Llevamos dos ejercicios econ¨®micos en los que la Gerencia de Urbanismo arroja p¨¦rdidas. M¨¢s de 480.000 euros en el ejercicio de 2010 y m¨¢s de 600.000 en 2011, gastando en gabinetes jur¨ªdicos externos m¨¢s de 600.000". Entre las minutas m¨¢s abultadas est¨¢ las del bufete de Jos¨¦ Luis Narb¨®n, que ha hecho trabajos de asesor¨ªa el conselleiro de Territorio, Agust¨ªn Hern¨¢ndez, y que factur¨® 345.000 euros al municipio entre 2006 y 2009.
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