Los simples procedimientos

Jaume Matas, implicado en doce posibles casos de corrupci¨®n cometidos durante su desempe?o como presidente de la Comunidad Aut¨®noma de las Islas Baleares, fue tambi¨¦n ministro de Medio Ambiente del gobierno de Espa?a entre 2000 y 2003, en el segundo periodo de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar y en una ¨¦poca de grandes debates sobre el Plan Hidrol¨®gico. ?Pudo desde ese cargo cometer los mismos delitos que se le imputan como presidente balear?

Dif¨ªcilmente, aseguran los expertos, porque un ministro, como toda la administraci¨®n central del Estado, debe someterse al escrutinio de la Intervenci¨®n General, funcionarios que examinan, obligatoria y previamente, un gran n¨²mero de decisiones ministeriales para comprobar que se ajustan a la legalidad.

La corrupci¨®n se vence con profesionales competentes que vigilan el cumplimiento de los sistemas burocr¨¢ticos

Cualquiera que examine la vergonzosa lista de casos de corrupci¨®n que se investigan estos d¨ªas (y, en algunos casos, se juzgan), advertir¨¢ que la inmensa mayor¨ªa de ellos se producen en el entorno de las administraciones auton¨®micas y de los ayuntamientos. Es poco probable que la ¨¦tica se reparta en t¨¦rminos territoriales, as¨ª que de lo que se trata aqu¨ª es simplemente de disponer o no de sistemas de control y prevenci¨®n. La corrupci¨®n no se combate con h¨¦roes, ni tan siquiera con fiscales anticorrupci¨®n, sino con una tupida red de funcionarios que se podr¨ªan llamar "de segunda fila", profesionales competentes que vigilan el cumplimiento de una cosa tan burocr¨¢tica como son los procedimientos.

A la vista de los resultados, est¨¢ claro que buena parte de las Sindicaturas de Cuentas creadas en las Comunidades Aut¨®nomas no tienen una base institucional, ni una protecci¨®n, tan fuerte, como la Intervenci¨®n General del Estado y que esa debilidad es la que impide prevenir y dificultar los casos de corrupci¨®n. El cuerpo equivalente de la Junta de Andaluc¨ªa, por ejemplo, envi¨® tres informes a la Direcci¨®n General de Trabajo y Seguridad Social cuestionando el procedimiento administrativo utilizado para financiar ayudas a empresas en crisis y expedientes de regulaci¨®n de empleo, pero al ser informes no vinculantes y al no disponer de ninguna capacidad sancionadora, el trabajo de sus profesionales fue ignorado.

La Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana, en el informe sobre sus actividades que elabor¨® en 2010, se?alaba que en las 207 fiscalizaciones espec¨ªficas de entidades locales que hab¨ªa realizado en el periodo 2003-primer trimestre de 2010 (un n¨²mero sorprendentemente bajo) hab¨ªa detectado entre un 21% y un 25% de "incidencias en la fiabilidad de la contabilidad". Aun as¨ª, de ese anuncio no se deriv¨® ninguna correcci¨®n.

Luchar contra la corrupci¨®n significa, entre otras cosas, controlar cualquier ayuda o subvenci¨®n que proceda de fondos p¨²blicos y que se destine tanto a personas f¨ªsicas como a entidades o empresas. El control a posteriori, individualizado, requerir¨ªa obviamente el uso de recursos casi ilimitados, pero el control previo, ejercido por un cuerpo de profesionales independientes que apliquen normas claras, depende exclusivamente de una voluntad pol¨ªtica y de un dise?o institucional adecuado. Hasta ahora, la mayor¨ªa de los pol¨ªticos espa?oles se ha escudado en la teor¨ªa de que los controles previos estrictos impiden salir al paso de situaciones urgentes que precisan reacciones r¨¢pidas. Un simple vistazo a los pa¨ªses con menos corrupci¨®n del mundo demuestra que eficacia y normas estrictas son perfectamente compatibles.

La clave de la lucha contra la corrupci¨®n esta tambi¨¦n en las leyes de acceso a la informaci¨®n. En Espa?a es imposible saber cuantas sentencias por corrupci¨®n se dictan al a?o ni, mucho menos, cu¨¢nto dinero se rescata, dos datos, por ejemplo, que en otros pa¨ªses europeos, o en Estados Unidos, se obtienen con un simple clic del ordenador y que ayudan a alertar a la ciudadan¨ªa.

Quede claro que evitar m¨¢s casos como la imputaci¨®n de Jaume Matas, Francisco Camps o I?aki Urdangarin, es perfectamente posible y que la corrupci¨®n no es una maldici¨®n latina inevitable. Quiz¨¢s ahora que el Partido Popular re¨²ne el poder en el gobierno central y en la mayor¨ªa de las Comunidades Aut¨®nomas, seria la ocasi¨®n para que los sufridos ciudadanos reclamemos, de una vez por todas, los simples procedimientos que permitan acabar con esta verg¨¹enza.