Ni palo ni zanahoria

Tras la ¨²ltima reuni¨®n del Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera, ya sabemos c¨®mo el Gobierno va a controlar el d¨¦ficit auton¨®mico. Ha decidido desarrollar la Ley de Estabilidad poniendo en marcha la vieja estrategia del palo y la zanahoria que tan bien hemos aprendido en Europa: ha ofrecido a los Gobiernos aut¨®nomos cr¨¦ditos y transferencias para afrontar los pagos inmediatos, a cambio de que acepten una mayor fiscalizaci¨®n de sus cuentas. Quien paga manda, as¨ª que los consejeros auton¨®micos han aceptado ampliar su liquidez a cambio de autonom¨ªa. Esta es la manera en la que el Gobierno concreta el principio de estabilidad presupuestaria recogido en la Constituci¨®n.

El Ejecutivo se est¨¢ equivocando en la manera de plantear el control de los presupuestos auton¨®micos. Primero, porque la fiscalizaci¨®n por parte del Gobierno central del gasto de las regiones erosiona el control de los Gobiernos por los ciudadanos, al pretender sustituir las responsabilidades pol¨ªticas por el establecimiento de multas y correctivos. Segundo, porque los cr¨¦ditos y transferencias garantizados a las CC AA pueden acabar promoviendo un comportamiento fiscal irresponsable en el futuro.

Supervisar la gesti¨®n auton¨®mica de los presupuestos erosiona el control por los ciudadanos

Desde una l¨®gica pol¨ªtica, la decisi¨®n del Gobierno de supervisar la gesti¨®n auton¨®mica de los presupuestos con sanciones e intervenciones supone suplantar el control de las urnas por el de los funcionarios del Ministerio de Hacienda. Con un funcionamiento normal de la democracia, los pol¨ªticos rinden cuentas en las elecciones por sus decisiones sobre gastos e ingresos. As¨ª ha funcionado en Europa, cuyos ciudadanos expulsaron del poder a todos los Gobiernos a los que les toc¨® gestionar la crisis y as¨ª deber¨ªa ser el mecanismo por el cual los Gobiernos aut¨®nomos fueran hechos responsables de su mala gesti¨®n.

Es cierto que, hasta ahora, este mecanismo ha funcionado peor en los Gobiernos aut¨®nomos que en el central, debido a que las competencias de los primeros sobre el gasto han sido tradicionalmente muy superiores a su capacidad para generar ingresos propios. Por ello, el aumento de la cesi¨®n de impuestos que se aprob¨® en el nuevo sistema de financiaci¨®n de 2009 ten¨ªa como objetivo equiparar las competencias sobre el gasto y los ingresos de las autonom¨ªas. Esta es la direcci¨®n que deben tomar las reformas: profundizar en la visibilidad y en el ejercicio de la responsabilidad pol¨ªtica de los Gobiernos aut¨®nomos, otorgando m¨¢s capacidad a los ciudadanos para que controlen a sus Gobiernos. Con los nuevos planes de fiscalizaci¨®n del Ministerio de Hacienda, el control de los pol¨ªticos en las elecciones pasar¨¢ a convertirse en el rendimiento de cuentas de los consejeros de Econom¨ªa ante el ministro de turno.

La segunda cuesti¨®n es saber si estos acuerdos conseguir¨¢n imponer un comportamiento fiscal responsable en las autonom¨ªas. Rajoy ha garantizado que no dejar¨¢ caer a ninguna comunidad aut¨®noma. Sin embargo, la zanahoria en forma de cr¨¦ditos y transferencias ofrecida por el Gobierno enseguida ha generado dudas a sus propios impulsores. Por eso el ministro se ha apresurado a presentar estas ayudas como medidas excepcionales y a apoyarlas en criterios de fiscalizaci¨®n algo desmesurados para hacer cre¨ªble la promesa de que en el futuro no habr¨¢ salvaci¨®n, sino duras sanciones. Lo exagerado de algunos planteamientos iniciales, como el de la persecuci¨®n penal, es proporcional al miedo que tiene el Gobierno de que el rescate presupuestario de las autonom¨ªas empeore las cosas m¨¢s adelante.

El temor de Montoro es el mismo que el de Merkel: que el rescate de hoy promueva los comportamientos irresponsables en el futuro. Y de la misma manera que la canciller alemana pospone sine die la emisi¨®n de eurobonos, el ministro ha dejado en suspensi¨®n la posibilidad de que el Gobierno avale la deuda auton¨®mica (los llamados hispanobonos) por temor a que ello erosione la calificaci¨®n de la deuda espa?ola.

La experiencia de otros pa¨ªses descentralizados muestra que los rescates pueden erosionar la capacidad de los Gobiernos centrales para hacer cre¨ªble su firmeza. Existe abundante evidencia emp¨ªrica de que las ayudas presupuestarias del Gobierno federal pueden acabar reforzando el comportamiento fiscal irresponsable por parte de los Gobiernos regionales. Un repaso de las sucesivas crisis de la deuda y su resoluci¨®n en Argentina o Brasil durante los a?os ochenta y noventa dan buena prueba de ello. Nada hace pensar que en Espa?a haya de ser distinto.

En definitiva, las primeras concreciones de la Ley de Estabilidad pactadas con las CC AA auguran malos resultados en lo pol¨ªtico y en lo econ¨®mico. Si las medidas de fiscalizaci¨®n anunciadas por Montoro se aplican a rajatabla, ser¨¢ a costa de que los ciudadanos pierdan poder para influir en las decisiones pol¨ªticas. Los Gobiernos aut¨®nomos acabar¨¢n utilizando las palancas pol¨ªticas y su capacidad de negociaci¨®n con el Gobierno central para evitar los futuros castigos por parte del ministerio. Si la promesa del Gobierno central de no facilitar m¨¢s ayudas no resulta cre¨ªble, las CC AA no tendr¨¢n incentivos para controlar el gasto y esperar¨¢n de nuevo a que la Administraci¨®n central les ayude ante futuras crisis de liquidez. El palo y la zanahoria de estos acuerdos solo habr¨¢n servido para apartar a los ciudadanos del control de sus Gobiernos.

Sandra Le¨®n Alfonso es profesora de la Universidad Complutense de Madrid y colaboradora de la Fundaci¨®n Alternativas.