Improvisaci¨®n

El derecho a la educaci¨®n ha sido definido en la Constituci¨®n como un derecho/deber. Es un derecho que, a diferencia de lo que ocurre con los dem¨¢s, no se tiene libertad para ejercerlo o no. El derecho a la educaci¨®n tiene que ser ejercido. "La ense?anza b¨¢sica es obligatoria y gratuita" (art. 27.4 CE). De este car¨¢cter obligatorio del ejercicio del derecho a la educaci¨®n para el ciudadano deriva la obligaci¨®n de cumplimiento insoslayable para el Estado de articular un sistema educativo que haga posible que ese derecho se ejerza de manera real y efectiva.

Quiere decirse, pues, que la Constituci¨®n impone al Estado el hacer efectiva la vertiente prestacional del derecho a la educaci¨®n complementaria de la vertiente de libertad de dicho derecho. Pero la Constituci¨®n no impone la forma concreta en que el Estado debe cumplir esa obligaci¨®n. El Gobierno de la naci¨®n y la mayor¨ªa parlamentaria que lo sustenta dispone de libertad de configuraci¨®n en la definici¨®n del modelo educativo siempre que se mantenga dentro de los l¨ªmites establecidos en la Constituci¨®n.

Nada hay que objetar, por tanto, a que el Gobierno del PP con la mayor¨ªa parlamentaria obtenida en las elecciones del pasado 20-N, pretenda articular un sistema educativo nuevo. Est¨¢ en su derecho e incluso en su deber de hacerlo, si considera que el sistema educativo anterior era deficiente.

Ahora bien, una cosa es tener derecho a hacer una cosa y otra muy distinta es que el derecho se est¨¦ ejerciendo de manera apropiada. En lo que a la vertiente de libertad se refiere, es a la Constituci¨®n a lo ¨²nico que tenemos que atenernos. En lo que a la vertiente de prestaci¨®n ata?e, no se puede perder de vista que la gesti¨®n de la educaci¨®n no es competencia del Estado sino de las comunidades aut¨®nomas.

La definici¨®n del modelo educativo la hacen las Cortes Generales, pero la gesti¨®n de dicho modelo corresponde a las comunidades aut¨®nomas. Tan importante como lo primero es lo segundo. La gesti¨®n del modelo educativo tiene que ser tomada en consideraci¨®n a la hora de definirlo, porque de dicha gesti¨®n va a depender en buena medida el ¨¦xito del mismo.

Para la definici¨®n y gesti¨®n del modelo educativo deber¨ªamos de disponer del equivalente del Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera para la financiaci¨®n. El modelo educativo tendr¨ªa que definirse por el Estado, pero con la participaci¨®n activa de las comunidades aut¨®nomas.

La complejidad de gestionar la reforma que se propone para 2013 de reducir un a?o la ESO y aumentar un a?o el bachillerato es tan enorme, que resulta dif¨ªcil pensar que se va poder poner en pr¨¢ctica sin una perturbaci¨®n m¨¢s que notable en el ejercicio del derecho a la educaci¨®n.

?No hubiera sido preferible que se hubiera debatido un cambio de esta naturaleza entre el Estado y las comunidades aut¨®nomas con audiencia de los expertos en la materia y que, tras el debate, se hubiera definido con precisi¨®n el modelo y se hubiera fijado el calendario para su inicial puesta en pr¨¢ctica?

La impresi¨®n que se tiene es que hay un mucho de improvisaci¨®n en la propuesta del ministerio. Y no es el momento en que nos encontramos un momento para improvisar. Y menos en un derecho tan esencial como ¨¦ste, en cuyo ejercicio un pa¨ªs se juega en buena medida su futuro. Los ciclos educativos diferenciados no son un invento del PSOE, sino una exigencia racional. Lo que no se ha visto nunca es un sistema educativo en que un a?o est¨¦ cabalgando sobre dos ciclos educativos distintos, como va a ocurrir con el modelo que se propone. La ense?anza obligatoria y gratuita se va a cerrar no con el ¨²ltimo a?o de la ESO sino con el primero de bachillerato. ?Tiene sentido?