La justicia boliviana rechaza el 'h¨¢beas corpus' de Repsol YPF y prosigue con la investigaci¨®n
La ley del pa¨ªs permite la presentaci¨®n de este recurso cuando una de las partes considera que hubo una actuaci¨®n indebida de las autoridades.
Un tribunal boliviano ha rechazado hoy el recurso de h¨¢beas corpus presentado por la petrolera espa?ola Repsol YPF esta ma?ana. La justicia boliviana seguir¨¢, por tanto, con la investigaci¨®n sobre el supuesto contrabando de crudo cometido por una filial local de la compa?¨ªa.
Los fiscales del caso, tras dar a conocer el fallo, que fue anunciado tras una audiencia de casi tres horas, anunciaron que han programado para ma?ana martes una nueva audiencia de investigaci¨®n en la que esperan recibir las declaraciones de los dos principales ejecutivos de Repsol-YPF en Bolivia, Julio Gavito y Pedro S¨¢nchez, que se encuentran en la actualidad en paradero desconocido.
La ley boliviana permite la presentaci¨®n del recurso de h¨¢beas corpus, cuando una de las partes implicadas considera que ha habido una actuaci¨®n indebida de las autoridades. Durante la audiencia, en la que un tribunal de tres jueces escuch¨® la queja de la petrolera hispano-argentina contra las supuestas actuaciones indebidas de los fiscales, que la semana pasada allanaron la sede de Andina, la filial de Repsol, en busca de los citados directivos, sin encontrarlos. Tras conocer el veredicto, el abogado de la compa?¨ªa, Abel Monta?o, anunci¨® que prepara otros recursos legales.
Anuncios en diarios locales
Paralelamente a la interposici¨®n del recurso, Repsol YPF ha publicado anuncios de media p¨¢gina en la prensa local, en los que reitera su declaraci¨®n de inocencia en el caso de contrabando y asegura que, pese a las que considera "desmedidas" actuaciones judiciales en su contra, est¨¢ decidida a seguir trabajando en Bolivia.
La compa?¨ªa espa?ola, una de las principales operadoras del millonario negocio de gas natural de Bolivia, dijo que en el caso de haber irregularidades en operaciones de exportaci¨®n de crudo en los dos a?os pasados sometidos a investigaci¨®n, ¨¦stas habr¨ªan sido s¨®lo de car¨¢cter administrativo y no configurar¨ªan un delito penal.
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