La Audiencia paraliza el decreto del carb¨®n

Las el¨¦ctricas han cosechado hoy dos victorias parciales en su guerra contra la decisi¨®n del Gobierno de obligarlas a quemar carb¨®n nacional en sus centrales t¨¦rmicas hasta 2014 y han conseguido detener temporalmente su aplicaci¨®n, prevista para el 1 de noviembre. Por un lado, la Audiencia Nacional ha decidido hoy aceptar las medidas cautelar¨ªsimas solicitadas por el sector a la ¨²ltima resoluci¨®n del Ministerio de Industria mientras, desde Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de la UE ha instado al Ejecutivo a retrasar dos meses la entrada en vigor del decreto ley para analizar el caso en mayor profundidad.

En concreto, la Audiencia Nacional ha decidido suspender la resoluci¨®n de la Secretar¨ªa de Estado de la Energ¨ªa del pasado d¨ªa 26 de octubre por la que se fijaba, entre otras cosas, las cantidades de carb¨®n nacional que deb¨ªan consumir las centrales t¨¦rmicas y los precios de la retribuci¨®n. Aunque las medidas no afectan al decreto ley, fuentes empresariales afirman que, en la pr¨¢ctica, suponen la paralizaci¨®n de la pol¨¦mica norma. Al menos hasta que la Audiencia convoque a las partes enfrentadas y decida otras posibles medidas, a?aden.

El Ministerio de Industria ha negado que la decisi¨®n de la Audiencia paralice la aplicaci¨®n del decreto. Seg¨²n un portavoz del departamento, el tribunal solo ha dado la raz¨®n a las el¨¦ctricas en un punto referido a las compras de carb¨®n en el futuro, por lo que no afectar¨ªa a la entrada en vigor de la norma que se aplica al mineral que ya est¨¢ almacenado. Sobre la petici¨®n del tribunal de Luxemburgo para que se aplace el decreto, Industria asegura que se trata de una simple recomendaci¨®n que no es vinculante.

Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa recurrieron el Real Decreto del Carb¨®n, aprobado por el Consejo de Ministros del 1 de octubre, ante la Audiencia con el argumento de que atenta contra la libertad de mercado, es antiecon¨®mico, porque les obliga a consumir carb¨®n m¨¢s caro, y es antiecol¨®gico, porque ensucia m¨¢s que el que viene de fuera. Solo hasta 2012, seg¨²n c¨¢lculos de la Comisi¨®n Nacional de Competencia, tendr¨¢ un coste de 592 millones.

En Luxemburgo, el sector ha recurrido alegando que la decisi¨®n de Bruselas de autorizar el real decreto es contraria a otras disposiciones del Tratado de la UE. Adem¨¢s, creen que la CE no ha seguido el procedimiento adecuado para conceder la autorizaci¨®n y no ha recabado las opiniones de todas las partes implicadas.

El Gobierno defiende que el decreto cumple con la normativa europea, que permite a los Gobiernos que recurran a la combusti¨®n de hasta un 15% de energ¨ªa aut¨®ctona, aunque esta pr¨¢ctica no sea competitiva. En esencia, la norma obliga a una decena de centrales t¨¦rmicas a quemar carb¨®n nacional y, a cambio, les compensa con un precio fijo y con la garant¨ªa de colocaci¨®n de la electricidad producida. Con esta medida, el Ejecutivo quiere dar salida a las toneladas de carb¨®n nacional que se acumulan en las naves de Hunosa. La empresa p¨²blica ha seguido adquiriendo el carb¨®n que sale de las minas espa?olas pese a su evidente falta de competitividad para no abocar a la industria al cierre. Pero la soluci¨®n no convence ni a las el¨¦ctricas ni a los ecologistas.