El Gobierno confirma que aprobar¨¢ este viernes el plan contra el empleo sumergido
Valeriano G¨®mez elude concretar el plazo definitivo que las empresas tendr¨¢n para regularizar a los trabajadores y adelanta que estudiar¨¢n las propuestas de sindicatos y patronal
El ministro de Trabajo, Valeriano G¨®mez, ha confirmado hoy que el Consejo de Ministros de este viernes aprobar¨¢, por real decreto ley, el plan del Gobierno para que aflore el empleo sumergido. Seg¨²n ha recordado, hoy acaba el plazo para que empresarios y sindicatos presenten sus alegaciones al segundo borrador de la iniciativa, y ha adelantado que si las propuestas de la CEOE y CC OO y UGT son "razonables, ser¨¢n bien recibidas".
El titular del departamento ha explicado que en el di¨¢logo que se ha mantenido con los agentes sociales ha habido "diferencias importantes", por lo que, "como siempre", el Gobierno intentar¨¢ que el real decreto-ley sea "equilibrado". Fruto de estas divergencias, el Ejecutivo tuvo que retrasar la presentaci¨®n del plan, aunque el ministro ha matizado que no estaba previsto que fuera sometido a un "per¨ªodo de negociaci¨®n" con los interlocutores sociales. Lo que se acord¨® entre todas las partes, ha recordado, era que la iniciativa gubernamental se someter¨ªa a un "per¨ªodo de consultas".
Valeriano G¨®mez ha descartado que con el plan del Gobierno se vaya a precarizar el mercado laboral, tal y como sostienen los sindicatos, que rechazan que los empleadores puedan regularizar a sus ilegales mediante contratos temporales de seis meses.
En cuanto a los detalles del plan, ha apuntado que todav¨ªa no se ha determinado si el plazo que tendr¨¢n los empresarios para dar de alta a sus trabajadores "en negro" ser¨¢ de "dos o tres meses". Tampoco, seg¨²n el ministro, se ha concretado si ser¨¢n 6 meses -como aparece en el segundo borrador- o un a?o -como en la primera propuesta- el tiempo que se reconocer¨¢ a los trabajadores que se les d¨¦ de alta en el proceso voluntario de regularizaci¨®n de cara a futuras prestaciones de desempleo o de pensiones.
En este punto, Valeriano G¨®mez ha querido precisar que el objetivo del Gobierno no es "mirar al pasado, sino al futuro", lo que supone que haya m¨¢s empleo irregular declarado, porque supondr¨¢ m¨¢s ingresos para el Estado. El ministro, en cualquier caso, ha eludido concretar cu¨¢nto empleo sumergido aflorar¨¢ con el plan, porque hablar del "trabajo negro, oculto es dif¨ªcil".
Lo que s¨ª ha querido dejar claro es que con el plan del Ejecutivo "ganan todos", porque cada que vez que las empresas y los trabajadores coticen por su nueva situaci¨®n se estar¨¢ generando protecci¨®n social.
El plan del Gobierno prev¨¦ que durante un plazo de dos meses, hasta el 30 de junio, los empresarios puedan regular de forma voluntaria a sus plantillas en negro. Esto les evitar¨¢ ser sancionados, pero no les impedir¨¢ tener que pagar las cotizaciones aplazadas, para lo que el Ejecutivo ha previsto una serie de facilidades. Una vez agotado ese per¨ªodo, los patronos deber¨¢n hacer frente a sanciones m¨¢s duras que las actuales.
Los t¨¦cnicos de Hacienda calculan que el empleo irregular alcanza el 8% del PIB
La econom¨ªa sumergida en el empleo se sit¨²a en torno a los 82.500 millones de euros, lo que supone casi un 8% del PIB, seg¨²n las estimaciones realizadas los T¨¦cnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA). El colectivo explica que la implantaci¨®n de unas pol¨ªticas adecuadas que redujese en diez puntos la tasa de fraude en Espa?a -hasta el nivel de los pa¨ªses europeos m¨¢s desarrollados- permitir¨ªa al Estado recaudar cada a?o m¨¢s de 13.000 millones de euros adicionales procedentes de las cuotas a la Seguridad Social.
Por regiones, los mercados laborales que esconden m¨¢s empleo irregular son Catalu?a (28.937 millones de euros anuales), Madrid (12.351 millones de euros), Andaluc¨ªa (11.549 millones de euros), Comunidad Valenciana (8.347 millones de euros), Galicia (4.702 millones de euros) y Castilla y Le¨®n (4.612 millones de euros anuales).
Asimismo, Gestha recuerda que a nivel nacional la tasa de econom¨ªa no declarada alcanza actualmente el 23,3% del PIB, lo que supone cerca de 245.000 millones anuales, de los que el 65,9%, casi dos terceras partes -161.647 millones de euros- proceden del fraude fiscal, un componente "que no debe dejarse a un lado en pr¨®ximo plan del Gobierno".
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