El juez Ruz investiga a la familia Ruiz Mateos por el fraude de los pagar¨¦s de Nueva Rumasa

La investigaci¨®n judicial contra Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Mateos, su esposa, seis hijos varones y un sobrino por el fraude en los pagar¨¦s de Nueva Rumasa ya est¨¢ en marcha. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha admitido a tr¨¢mite la querella de 63 afectados al apreciar indicios de estafa agravada o apropiaci¨®n indebida contra ellos. Ruz dar¨¢ a los querellados un plazo de 10 d¨ªas para abonar una fianza de 13 millones para hacer frente a las indemnizaciones que pudieran derivarse de esos delitos una vez se acredite la identidad de los responsables de las empresas investigadas, pero rechaza la posible responsabilidad civil subsidiaria del Estado que solicitaban los afectados.

Ruz se basa en lo invertido por los 63 querellantes en las empresas de Nueva Rumasa y en las reclamaciones presentadas hasta la fecha para valorar inicialmente el fraude en algo m¨¢s de nueve millones de euros. El juez, sin embargo, subraya la investigaci¨®n realizada por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, que cifr¨® en 1.017 los posibles inversores afectados que habr¨ªan desembolsado 90,4 millones. El fraude consiste, b¨¢sicamente, en el incumplimiento del deber de devolver las cantidades invertidas por los pagar¨¦s, que se ofrec¨ªan a un inter¨¦s de entre el 6% y el 12%. Varias de las empresas que emitieron los t¨ªtulos o los avalaron -Clesa, Carnes y Conservas Espa?olas, Hibramer, Dhul y Bodegas Valdivia- se encuentran en suspensi¨®n de pagos.

El auto de Ruz se refiere tambi¨¦n a la "opacidad" de Nueva Rumasa, "un conglomerado de empresas" de "muy dif¨ªcil identificaci¨®n al no formar un grupo consolidado cuya estructura de propiedad permita identificar una matriz com¨²n". Hacienda considera que est¨¢ formado por 147 empresas (no 117, como dec¨ªa la publicidad del grupo) que act¨²an "bajo una unidad de decisi¨®n atribuible a la familia Ruiz Mateos y, singularmente, a sus miembros varones", aunque su propiedad est¨¦ camuflada por otras sociedades de para¨ªsos fiscales representadas por testaferros.

El juez, sin embargo, rechaza que se pueda declarar la responsabilidad civil subsidiaria del Estado que los afectados solicitaban por la supuesta negligencia de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores o del Banco de Espa?a. Ruz explica que no puede aceptar esa petici¨®n ya que, entre los querellados, no se encuentra ninguna autoridad o funcionario p¨²blico.

La resoluci¨®n ordena a Hacienda que designe a dos de sus funcionarios para que act¨²en como peritos para "el an¨¢lisis de toda la documentaci¨®n de contenido econ¨®mico-financiero objeto de investigaci¨®n" y nombra como "fuerza policial actuante" a la Unidad Central de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (Udef). Adem¨¢s, reclama de diversos registros mercantiles toda la documentaci¨®n de las empresas del grupo. Tambi¨¦n se dirige a varios juzgados de lo Mercantil para recabar informaci¨®n sobre las declaraciones de concurso de acreedores de varias de ellas, as¨ª como de su situaci¨®n econ¨®mica.