Las comunidades pierden 283 millones para atender la dependencia

Una de las dos partidas con las que el Gobierno financia la Ley de Dependencia ha ca¨ªdo: 283 millones que se repart¨ªan entre las comunidades aut¨®nomas cada a?o. Era un dinero destinado, en principio, a infraestructuras (residencias geri¨¢tricas, reparaci¨®n de edificios), organizaci¨®n administrativa (inform¨¢tica, gesti¨®n). Pero, en la pr¨¢ctica, las comunidades lo estaban usando para atender a las personas, dada la escasez de recursos existente.

Los 283 millones representan un 15% del total destinado por el Gobierno para dependencia al a?o. Los 1.545 millones restantes aseguran una ayuda directa a cada ciudadano dependiente y se entiende que esta partida ha de crecer en la misma medida en que aumentan los beneficiarios, puesto que se trata de un derecho. Pero los 283 que desaparecen del presupuesto, el llamado nivel acordado, sencillamente es un dinero que las comunidades dejar¨¢n de percibir, en detrimento de su ya maltrecho d¨¦ficit p¨²blico y a pesar de sus dificultades para atender esta ley.

Era un dinero destinado, en principio, a infraestructuras pero que en la pr¨¢ctica se usaba para atender a las personas

Ambas partidas est¨¢n recogidas en el texto legal, por tanto, eliminar por completo la dotaci¨®n de una de ellas deja vislumbrar un cambio normativo en la financiaci¨®n. En qu¨¦ sentido, se desconoce todav¨ªa.

El nivel acordado se repart¨ªa entre las autonom¨ªas siguiendo una serie de criterios: poblaci¨®n, superficie, dispersi¨®n, insularidad y, recientemente, el n¨²mero de personas atendidas. Este ¨²ltimo criterio premiaba a las comunidades m¨¢s comprometidas con la implantaci¨®n del sistema, raz¨®n por la cual ser¨¢n ahora las m¨¢s castigadas.

Los expertos creen que apretar a¨²n m¨¢s a los Gobiernos regionales en esta materia paralizar¨¢ la ley: los que est¨¢n en lista de espera para recibir su ayuda seguir¨¢n esperando sin que fluya la l¨®gica reposici¨®n. De esa forma, el sistema ir¨¢ adelgazando en usuarios, puesto que los que causen baja (es un colectivo con una alta mortalidad) no ser¨¢n sustituidos por otros beneficiarios.

Al ponerse en marcha la ley este presupuesto se justificaba como un elemento de reequilibrio para que todas las comunidades partieran del mismo nivel, corrigiendo sus carencias y dificultades propias. Pero perder ese dinero ahora redundar¨¢ en el desequilibrio, extremo en algunos casos, entre lo que aporta el Gobierno y las comunidades, obligados a cofinanciar.