Una austeridad muy contestada

Como qued¨® patente en las reuniones de Bruselas, el Gobierno se ha visto obligado a presentar unos presupuestos austeros con el ineludible compromiso de reducir en este a?o el d¨¦ficit total de las administraciones p¨²blicas al -5,3% del PIB. La permisividad comunitaria al suavizar el anterior objetivo de d¨¦ficit espa?ol (-4.4% del PIB) se explica por la elevada cifra de d¨¦ficit alcanzada en 2011 por el Gobierno anterior (-8.1% frente al -6% estimado) y por el empeoramiento de las previsiones de crecimiento econ¨®mico espa?ol y europeo.

Partiendo de la necesidad de austeridad y recortes, hay dos ¨¢mbitos de an¨¢lisis en los que podemos centrarnos. Por una parte, en lo acertado o no de las previsiones establecidas para el a?o 2012, que con una ca¨ªda del 1,7% del PIB real enmarcan el conjunto de la actividad econ¨®mica y, por tanto, de la posible recaudaci¨®n de impuestos. El otro aspecto es la magnitud del recorte y, sobre todo, la distribuci¨®n del esfuerzo entre los diferentes estamentos de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Indudablemente, el Gobierno, en sus previsiones para 2012 tiene que contar con un entorno desfavorable con la mayor¨ªa de los pa¨ªses europeos en recesi¨®n y con un precio del petr¨®leo elevado. El cuadro macroecon¨®mico revisado por el Ejecutivo, con ca¨ªdas del 1,7 % del PIB y casi del 4% del consumo final nacional, pone muy dif¨ªcil conseguir alg¨²n crecimiento de los ingresos y obliga a aplicar un recorte importante de los gastos. En esta previsi¨®n, el Gobierno se sit¨²a en el lado m¨¢s pesimista de las instituciones internacionales y de los analistas nacionales e internacionales. Quiz¨¢ con esto quiera cubrirse de posibles errores en las estimaciones, que en todo caso podr¨ªan ser algo mejores de lo esperado para el segundo semestre del a?o, mejorando algo sobre la previsi¨®n realizada. Desde el punto de vista de los ingresos, las previsiones en los presupuestos son optimistas, con un incremento de los ingresos tributarios del 2,3% (siempre antes de la cesi¨®n a los entes territoriales) que podr¨ªa compensarse, como hemos comentado, con una menor ca¨ªda de la actividad y el consumo durante el segundo semestre. Si no es as¨ª, no le quedar¨¢ m¨¢s remedio que subir el tipo del IVA. Un aspecto poco comentado es el aumento previsto en la recaudaci¨®n del impuesto sobre sociedades, del 22,2%, que se basa en la reducci¨®n de las desgravaciones a las grandes empresas aprobada por Real Decreto Ley adjuntado a los PGE.

En cuanto a los gastos, solo se libra de los recortes el gasto en pensiones y el salario de los funcionarios, aunque el aumento del IRPF hace que s¨ª se note alguna reducci¨®n en el bolsillo individual de dichos ciudadanos. El mayor esfuerzo lo tendr¨¢n que hacer aquellas comunidades aut¨®nomas que hab¨ªan incurrido en d¨¦ficits muy elevados durante 2011. Para analizar la equidad de estos ajustes se deben estudiar los detalles de las transferencias del Estado a las comunidades aut¨®nomas y sus cuentas individuales en sanidad y educaci¨®n, que son los cap¨ªtulos m¨¢s dif¨ªciles de ajustar. La reducci¨®n de gastos aplicada a los ministerios (-16,9% en su conjunto) es generalizada, aunque con diferentes intensidades (ayuda al desarrollo, defensa, ayudas a la vivienda, infraestructuras), incluso, las transferencias a los sindicatos, reducidas en 6,2 millones de euros, que junto a la liberalizaci¨®n de la formaci¨®n incluida en la reforma laboral puede explicar en parte el descontento de los mismos.

De todos estos ajustes en el gasto p¨²blico pueden obtenerse importantes beneficios si se realizan de forma adecuada. Cada instituci¨®n y ministerio puede recortar los gastos ajust¨¢ndolos con criterios de eficiencia o puede limitarse a ajustar lo m¨¢s f¨¢cil en cada caso. Tendr¨¢n que desaparecer entes p¨²blicos (sociedades, institutos, fundaciones) que se crearon sin necesidad y con el ¨²nico prop¨®sito de evitar las normativas y rigideces legales en las contrataciones del Estado y de las comunidades aut¨®nomas. Tambi¨¦n tendr¨ªan que limitarse y/o desaparecer subvenciones en aquellos casos cuyo ¨²nico objetivo era favorecer a empresas y amigos cercanos.

Uno de los temas m¨¢s contestados es el contenido en las medidas excepcionales referidas al tratamiento de las rentas de fuente extranjera y de rentas no declaradas en el IRPF y en el impuesto sobre sociedades. De estas medidas se infiere un reconocimiento de la dificultad de la lucha del Estado contra la evasi¨®n de capitales y el fraude fiscal. Bien es sabido el dicho popular de que el que no defrauda es porque no puede. Deber¨ªa a?adirse al que no se le castiga. No hay que ser rico para defraudar, la oportunidad de hacerlo depende del tipo de rentas. La medida tomada es pragm¨¢tica, pero el aspecto m¨¢s dudoso de estas medidas excepcionales es su eficacia. En el caso en que tengan alg¨²n ¨¦xito habr¨ªa una reducci¨®n del fraude con efectos positivos en las futuras declaraciones, pero tiene que reforzarse la inspecci¨®n fiscal y cambiar la mentalidad y conciencia c¨ªvica de los ciudadanos.

Los PGE son restrictivos y, por tanto, no ayudar¨¢n a incentivar el crecimiento durante 2012, aunque, si se hace bien, pueden poner las bases para un posterior crecimiento m¨¢s equilibrado que el del ciclo expansivo anterior. El Gobierno, una vez aprobados los PGE, tendr¨¢ que esforzarse en conseguir una aplicaci¨®n correcta de los mismos y continuar con las reformas, especialmente la financiera, para que el cr¨¦dito vuelva a fluir en el sistema econ¨®mico y permita el ansiado crecimiento y la creaci¨®n de empleo.

Carmen Alcaide es analista y expresidenta del INE