La Audiencia Nacional abre causa contra los directivos de NovacaixaGalicia

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha admitido a tr¨¢mite y por tanto iniciado la investigaci¨®n judicial contra los cinco directivos de NovacaixaGalcia contra los que se querell¨® este lunes la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n por ocultar al Banco de Espa?a prejubilaciones a las que no ten¨ªan derecho. Esas prejubilaciones se aprobaron apenas dos meses antes de que se aprobara la fusi¨®n que dio lugar a la caja ¨²nica gallega, en diciembre de 2010, cuando el entonces presidente de Caixanova, Julio Fern¨¢ndez Gayoso, que se encuentra entre los cinco imputados, autoriz¨® modificaciones en tres contratos de directivos para engordar su renta vitalicia.

La Fiscal¨ªa considera que los hechos causaron un grave da?o patrimonial y pueden ser constitutivos de un delito de administraci¨®n desleal y apropiaci¨®n indebida por su "grave repercusi¨®n para la econom¨ªa nacional". Con su resoluci¨®n de esta ma?ana, Moreno certifica que existen indicios razonables de que se han producido esas infracciones. El m¨ªnimo a devolver, por haber sido cobrado indebidamente por los ex altos cargos asciende, seg¨²n la querella, a 7.875.474, euros.

Los exdirectivos denunciados son Julio Fern¨¢ndez Gayoso, actual copresidente de NovacaixaGalicia y durante 40 a?os director de Caixanova, Jos¨¦ Luis Pego, exdirector, Javier Garc¨ªa de Paredes, ex director adjunto y los exdirectivos ?scar Rodr¨ªguez Estrada y Gregorio Gorriar¨¢n Laza. Los cuatro ¨²ltimos cobraron indemnizaciones que, junto a sus planes de pensiones, ascienden a 52 millones de euros. La entidad resultante de la fusi¨®n de las cajas gallegas (Caixa Galicia y Caixanova) necesit¨® de dos inyecciones de capital a trav¨¦s del FROB que suman 3.665 milllones.

El banco fue nacionalizado en octubre del a?o pasado y desde enero no cumple con el requisito m¨ªnimo de solvencia (un core capital del 10%). Tras los dos decretos del Gobierno para la reforma del sistema financiero, el Banco de Espa?a calcula que necesita otros 4.500 millones, aunque la entidad ha solicitado una cantidad considerablemente mayor, que rondar¨ªa los 7.000 millones.

La querella parte de una denuncia del sindicato nacionalista CIG y paraliz¨® las negociaciones que en su d¨ªa emprendieron los actuales gestores del banco para conseguir que los cuatro exdirectivos devolvieran el dinero (solo uno de ellos, Javier Garc¨ªa de Paredes, acept¨® hacerlo). La querella se?ala que los pol¨¦micos contratos que se modificaron para aumentar los blindajes no estaban a disposici¨®n de ning¨²n miembro del consejo de administraci¨®n de la caja y se aprobaron "en la creencia de que las obligaciones contra¨ªdas por Novacaixagalicia proced¨ªan de los antiguos contratos de alta direcci¨®n". Cuando la privatizaci¨®n se estaba gestando, la caja prepar¨® un fondo multimillonario para hacer frente a una "posible" resoluci¨®n de los contratos. "Resulta por lo menos sorprendente que al Banco de Espa?a, como organismo supervisor, no se le comunique", se?ala la demanda.

Tambi¨¦n apunta a que la auditor¨ªa realizada por BDO a petici¨®n del FROB, recoge que "los estados contables de Novacaixagalicia no reflejaban su verdadera situaci¨®n patrimonial", por provisiones no contabilizadas. Cuando los directivos se marcharon, pocos d¨ªas antes de la segunda inyecci¨®n de fondos p¨²blicos, recibieron millonarias indemnizaciones sin la "necesaria y m¨ªnima valoraci¨®n de la dificil¨ªsima situaci¨®n patrimonial de la entidad". El desprop¨®sito es de tal magnitud que la suma de los compromisos que la caja adopt¨® con ellos (52 millones entre prejubilaciones y blindajes) equivale, a precio actual, al 28% del valor de Novagalicia Banco, la entidad resultante que podr¨ªa ser subastada en septiembre.