El fiscal general del Estado estudia la v¨ªa penal en el caso de las preferentes
Torres-Dulce cambia de opini¨®n sobre los controvertidos productos de inversi¨®n Recuerda que en Sevilla se han abierto diligencias sin denuncia previa
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha revelado este viernes que "se est¨¢ estudiando caso a caso todas las emisiones ¡ªde preferentes¡ª y no descartamos abrir procesos penales". Seg¨²n ha recordado, la mayor parte de ellas est¨¢n centradas en las emisiones realizadas en Galicia, donde ya hay varios procesos abiertos, "pero tambi¨¦n las de Sevilla, donde la Fiscal¨ªa se ha adelantado aunque no hubiera denuncias". Adem¨¢s, ha revelado que "la presi¨®n de la Fiscal¨ªa est¨¢ obligando a las entidades a realizar alg¨²n tipo de movimientos".
Torres-Dulce ha respondido as¨ª a un grupo de afectados con pancartas reclamando un trato justo por las emisiones de participaciones preferentes del BBVA concentrado en el exterior del Palacio de la Magdalena, en Santander, donde el fiscal general ha acudido a un acto.?
En junio, el fiscal general afirm¨® que hasta ese momento, no hab¨ªan encontrado margen para que los afectados por las participaciones preferentes pudiesen recurrir a la v¨ªa penal, pero s¨ª se?al¨® que se podr¨ªa optar por la v¨ªa civil "a trav¨¦s de la legislaci¨®n de consumo".
En Galicia, donde han surgido un gran n¨²mero de casos, la Fiscal¨ªa General de la comunidad est¨¢ preparando una demanda civil colectiva de cientos de afectados as¨ª como iniciativas individuales por casos concretos. Seg¨²n explic¨® en su d¨ªa el fiscal superior Carlos Varela, la demanda civil puede convertirse en una de las acciones judiciales m¨¢s numerosas en materia de consumo en Galicia, ya que ha recibido cerca de 400 casos procedentes de reclamaciones al Instituto Galego de Consumo y un centenar remitidos por la Fiscal¨ªa de Pontevedra.
En cuanto a los asuntos que pueden ir por lo penal, algunas de las entidades que hoy forma Novagalicia trasvas¨® dinero de un dep¨®sito o de una cuenta convencional a la compra de preferentes sin "consentimiento del propio interesado". Esa informaci¨®n, en opini¨®n de Varela, se ha desviado "por la v¨ªa penal" ya que "pueden ser evaluados como un delito de estafa". "Son asuntos que se ventilan entre un concreto cliente y una concreta entidad y hay que verlos individualmente", justific¨®.
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