El Tribunal Constitucional no revisar¨¢ previsiblemente la ¡°doctrina Bot¨ªn¡±
La acusaci¨®n popular que pidi¨® el amparo del TC para revisar el caso ha desistido de continuar con el proceso
La acusaci¨®n popular que pidi¨® el amparo del Tribunal Constitucional para revisar la "doctrina Bot¨ªn" ha desistido de continuar con el proceso, lo que har¨¢ que previsiblemente se archive el caso, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas consultadas hoy por Efe. La llamada "doctrina Bot¨ªn" fue adoptada por el Tribunal Supremo en 2007 para cerrar el llamado caso de las cesiones de cr¨¦dito en el que estaba implicado el presidente del Banco Santander, Emilio Bot¨ªn.
Esa doctrina, que fue corregida por el propio Tribunal Supremo en 2008 con la denominada "doctrina Atutxa", establec¨ªa que las acusaciones populares no pod¨ªan pedir la apertura de juicio oral cuando la fiscal¨ªa y los perjudicados hubieran solicitado el sobreseimiento de la causa con el objetivo de salvaguardar los derechos del acusado.
El recurrente es la Asociaci¨®n para la Defensa de Inversores y Clientes (ADIC), vinculada al fallecido Rafael P¨¦rez Escolar, consejero de Banesto en la ¨¦poca en la que lo presid¨ªa Mario Conde, y que ahora ha sido disuelta, por lo que desistir¨¢ de casi todos los procesos en marcha contra el Santander.
Seg¨²n las fuentes consultadas, el desestimiento ocasionar¨¢ previsiblemente que el Constitucional no revise la decisi¨®n del Supremo, aunque existe la posibilidad remota de que decida pronunciarse sobre el fondo de la cuesti¨®n.
En diciembre de 2007, el pleno jurisdiccional de la Sala de lo Penal del Supremo confirm¨® el sobreseimiento del caso de las cesiones de cr¨¦dito -en el que estaban acusados Bot¨ªn, otros tres ejecutivos del banco y 21 clientes-, que hab¨ªa decidido la Audiencia Nacional el 20 de diciembre de 2006.
La Audiencia Nacional dej¨® sin efecto el auto de apertura de juicio oral dictado por la jueza Teresa Palacios a instancias s¨®lo de la acusaci¨®n popular encabezada por la ADIC, que denunci¨® un posible perjuicio patrimonial de 84 millones de euros, pues la acusaci¨®n de Iniciativa per Catalunya Verds no present¨® su escrito a tiempo.
La Audiencia Nacional archiv¨® el caso por considerar que el ejercicio de la acusaci¨®n popular deb¨ªa estar limitado "en cuanto a su alcance, extensi¨®n y contenido", un argumento que aval¨® el Supremo.
No obstante, poco despu¨¦s el alto tribunal decidi¨® retocar la "doctrina Bot¨ªn" para condenar al expresidente del Parlamento Vasco Juan Mar¨ªa Atutxa por no disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA) y admiti¨® la acusaci¨®n popular en solitario cuando el delito afecta a "intereses colectivos" o si no se han personado los perjudicados directos.
La figura de la acci¨®n popular ha sido muy discutida, ya que mientras para algunos s¨®lo sirve para "enervar" la acci¨®n de la Justicia, para otros cree que es ¨²til para evitar que "hechos punibles queden impunes".
El caso "cesiones de cr¨¦dito" se remonta a 1987, cuando el Santander empez¨® a comercializar unos productos que permit¨ªan evitar el pago de las retenciones a Hacienda y que conllevaron la persecuci¨®n de numerosos clientes por un presunto delito fiscal.
El sobreseimiento siempre ha amenazado la investigaci¨®n penal, que analiz¨® m¨¢s de 47.000 operaciones por un importe superior a los 432.000 millones de pesetas (2.596 millones de euros).
De hecho, desde 1998 el Ministerio Fiscal ha pedido el sobreseimiento en catorce ocasiones, al igual que la Abogac¨ªa del Estado -representante de la Agencia Tributaria-, que lo hizo en siete ocasiones.
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