Los ayuntamientos no primaron el empleo en el Fondo Estatal de Inversi¨®n Local

As¨ª consta en las conclusiones del informe de fiscalizaci¨®n de las contrataciones desarrolladas por las entidades locales en relaci¨®n con las inversiones financiadas por este fondo, incluido en el Plan E puesto en marcha por el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero.

Las conclusiones extra¨ªdas por el Tribunal de Cuentas se basan en el an¨¢lisis de una muestra efectuada a 700 entidades locales y 1.270 proyectos.

Este fondo ten¨ªa una dotaci¨®n de 8.000 millones de euros destinados a la realizaci¨®n de obras de competencias municipal de nueva planificaci¨®n a fin de crear y mantener puestos de trabajo.

Seg¨²n recuerda el informe del Tribunal, se distribuy¨® entre 8.090 entidades locales para sufragar 30.698 proyectos, con un importe m¨¢ximo cada uno de 5 millones de euros y cuya cantidad en conjunto ascendi¨® finalmente a 7.836,16 millones de euros.

El plazo de 54 d¨ªas para la elaboraci¨®n y presentaci¨®n de propuestas de inversi¨®n establecido por el real decreto supuso una "limitaci¨®n" para la "adecuada planificaci¨®n", que unido al retraso de las actuaciones con 30 d¨ªas de media, llev¨® a que no se garantizara que las inversiones fueran obras nuevas, necesarias para la entidad local y especialmente generadoras de empleo.

Dice el Tribunal que la mayor¨ªa de los procedimientos de selecci¨®n de proyectos no se establecieron por escrito, lo que constituy¨® una "debilidad de control interno".

Asimismo, afirma que el "criterio de contrataci¨®n de trabajadores no fue utilizado por las entidades locales como elemento decisorio para la selecci¨®n de proyectos", a?ade el texto.

Hace hincapi¨¦ en que la mayor¨ªa de ayuntamientos las actuaciones de control se centraron en el cumplimiento de plazos y tr¨¢mites, en tanto que el 66 % no realizaron ninguna en lo que se refiere al seguimiento de creaci¨®n de empleo.

Reconoce que, debido a que las entidades incumplen sistem¨¢ticamente los plazos de aprobaci¨®n de presupuestos, "no se garantiz¨® que las inversiones fueran de nueva planificaci¨®n", pues el 90 % de corporaciones aprobaron en 2009 el presupuesto cuando ya sab¨ªan los proyectos aprobados por el entonces Ministerio de Administraciones P¨²blicas.

Las entidades, prosigue el informe, destinaron financiaci¨®n de este mecanismo a ejecutar proyectos, previstos con anterioridad pero que no se hab¨ªan llevado a cabo por falta de recursos. Estos supuso que el FEIL financi¨® inversiones que no se pod¨ªan considerar de nueva planificaci¨®n.

En el an¨¢lisis de contrataci¨®n, se incluye que en el 17 % de proyectos no se cumpli¨® con la obligaci¨®n de supervisar el proyecto y en el 33 % se incumpli¨® con la de levantar el acto de replanteo de la obra.

El 21 % de los contratos fueron adjudicados a empresas que declararon que generar¨ªan un n¨²mero de puestos de trabajo inferior a las previsiones comunicadas por las entidades y el 12 % de los proyectos fueron adjudicados a empresas que no se hab¨ªan comprometido a la contrataci¨®n de parados.

Las empresas adjudicatarias "incumplieron el compromiso de contrataci¨®n de desempleados en el 11 % de los contratos suscritos",por lo que "el n¨²mero de desempleados afectados por este incumplimiento ascendi¨® a 14.206".

Un 67 % de los empleados para estas obras que formaban parte de la empresa segu¨ªan en ella en el segundo semestre de 2011 y ¨²nicamente el 4 % de los contratados espec¨ªficamente contin¨²an.

Respecto a los carteles anunciadores, el 91 % fueron sufragados por los contratistas, con un precio medio de 1.199,5 euros, y el 9 % fue asumido por los ayuntamientos, con un gasto de unos 1.188,56 euros por cada uno.

Tambi¨¦n se vulner¨® el requisito de ejecuci¨®n inmediata (44 % de contratos), al iniciarse con un retraso medio de 59 d¨ªas.

Todo esto sucedi¨®, a?ade el informe, a pesar de que los ayuntamientos contaban con la financiaci¨®n, pues el 70 % de los fondos se recib¨ªa al mes de la adjudicaci¨®n.

Sobre la puesta en funcionamiento de las inversiones, se destacan las "grandes demoras" desde su finalizaci¨®n, con un periodo medio de 134 d¨ªas para su puesta en marcha.

El Tribunal entiende que debido al car¨¢cter "excepcional" del fondo, cuya aplicaci¨®n ya est¨¢ finalizada al centrarse en los ejercicios de 2009 y 2010 y en algunos casos en 2011, se considera "innecesaria la formulaci¨®n de recomendaciones, sin perjuicio de instar a las entidades que ejecutaron inversiones que actualmente no se encuentran en funcionamiento a poner a disposici¨®n del uso p¨²blico estas instalaciones".