La OCDE, preocupada por la inacci¨®n para investigar sobornos en Espa?a

La OCDE se mostr¨® hoy "seriamente preocupada" de que en Espa?a ninguna de las investigaciones por sobornos en el extranjero haya prosperado, y "especialmente alarmada" porque en casi 13 a?os s¨®lo se hayan abierto pesquisas por siete casos y todos ellos hayan sido archivados sin consecuencias.

El grupo de trabajo que supervisa el convenio sobre el soborno de funcionarios extranjeros en la Organizaci¨®n para la Cooperaci¨®n y el Desarrollo Econ¨®mico (OCDE) pidi¨® a Espa?a que revise su enfoque global contra este delito y le inst¨® a presentar antes de fin de a?o un informe.

En ese informe se tendr¨ªan que precisar los progresos para reformar el C¨®digo Penal y para combatir este tipo de corrupci¨®n, precis¨® el grupo de trabajo, que advirti¨® de que se tomar¨¢n "medidas apropiadas" en caso de que no se respeten sus recomendaciones.

Un grupo de expertos hizo una visita a Madrid del 3 al 5 de julio pasado y despu¨¦s de esa inspecci¨®n se mostraron preocupados de que, pese a que el delito de soborno de funcionarios extranjeros existe desde hace casi 13 a?os, ninguna persona o compa?¨ªa haya sido juzgada o sancionada.

Pusieron el acento en que, teniendo en cuenta la dimensi¨®n de la econom¨ªa espa?ola y sus "significativas" actividades comerciales extranjeras, incluidos "sectores y pa¨ªses de alto riesgo", ¨²nicamente se hayan efectuado siete investigaciones por ese tipo de corrupciones, un "n¨²mero bajo".

La primera de esas siete se inici¨® en marzo de 2006 y, como las que se tramitaron a continuaci¨®n, todas se hab¨ªan archivado cuando los delegados del grupo de trabajo fueron a Espa?a en julio, sin que hubiera ning¨²n procedimiento contra nadie, y pese a que se hab¨ªan identificado a 16 personas sospechosas en tres de esos casos.

Esos expedientes se refer¨ªan a pesquisas por sobornos de empresas espa?olas en Costa Rica, Libia, Angola, Marruecos, Letonia, por exportaciones de material militar o por violaci¨®n del programa de la ONU con el Irak de Sadam Husein que canjeaba petr¨®leo por alimentos.

La OCDE se quej¨® de que no se hubieran incluido junto a esa lista de siete investigaciones otras alegaciones de sobornos conocidas para las que no fue competente la Fiscal¨ªa Especial para la Represi¨®n de Delitos Relacionados con la Corrupci¨®n (APCO).

Aludi¨® en concreto a la publicaci¨®n en la prensa de supuestos sobornos de funcionarios paname?os en febrero de 2010 por parte de una empresa, un asunto que -seg¨²n la respuesta que dieron las autoridades espa?olas- no se transmiti¨® a la APCO porque no hab¨ªa identificado a ninguna persona.

Igualmente se refiri¨® a una demanda de extradici¨®n en 2005 por parte de El Salvador de un ciudadano espa?ol reclamado por soborno, de la que tampoco fue competente la fiscal¨ªa especial.

El grupo de trabajo tiene constancia de otros tres casos de sobornos de funcionarios extranjeros por parte de empresas espa?olas que no fueron objeto de ninguna investigaci¨®n en Espa?a, pero de las que no dio ning¨²n otro detalle.

La OCDE se felicit¨® de que la nueva formulaci¨®n del delito de soborno en vigor en Espa?a desde 2010 haya corregido algunas deficiencias que hab¨ªa se?alado con anterioridad, pero simult¨¢neamente lament¨® que se haya creado una inculpaci¨®n distinta por corrupci¨®n de funcionarios europeos que las siga incluyendo.

Se trata de carencias referidas al alcance de esa figura penal, al nivel de sanciones y a las limitaciones, que llevaron al grupo de trabajo a propugnar una reforma del C¨®digo Penal para modificar esas "inconsistencias" que podr¨ªa "obstaculizar la efectiva aplicaci¨®n de la convenci¨®n" internacional.

Aunque las disposiciones del actual C¨®digo Penal ofrecen una amplia paleta de mecanismos contra las empresas que recurran a la corrupci¨®n, los expertos se quejaron de que ese r¨¦gimen excluya a las compa?¨ªas estatales y pidieron que se corrija esa excepci¨®n.

Insistieron en que el r¨¦gimen de sanciones se debe armonizar para asegurarse de que sean "efectivas, proporcionadas y disuasorias", y alertaron contra la ausencia de medidas de confiscaci¨®n a pesar de que esa posibilidad exista desde hace casi diez a?os.

Con vistas a que se recurra a la aprehensi¨®n de bienes, pidieron que Espa?a haga pleno uso de ese mecanismo y que clarifique tambi¨¦n las reglas de aplicaci¨®n a las personas jur¨ªdicas.

El grupo de trabajo critic¨® que el Pa¨ªs Vasco y Navarra todav¨ªa no hayan prohibido expl¨ªcitamente las deducciones fiscales del dinero que las empresas puedan haber dedicado al soborno, y urgi¨® a las autoridades espa?olas a que se suprima esa posibilidad.

Abog¨® igualmente por que se cubra el vac¨ªo legislativo para proteger a los informantes que de buena fe den a conocer delitos como el de soborno.