El fondo social de vivienda para desahuciados inicia su andadura esta semana

Las instituciones p¨²blicas y privadas implicadas en el fondo social de vivienda (FSV), creado para que determinados colectivos afectados por un desahucio accedan a un alquiler social, firmar¨¢n el pr¨®ximo jueves el convenio que regula sus caracter¨ªsticas y funcionamiento.

La operativa dise?ada, cuyas l¨ªneas b¨¢sicas se pactaron en diciembre pasado, exige la colaboraci¨®n entre las entidades financieras, el Gobierno, los servicios sociales municipales o provinciales y las ONG en la difusi¨®n de informaci¨®n sobre las viviendas disponibles y en su asignaci¨®n entre los beneficiarios.

El fondo cuenta inicialmente con 6.000 viviendas aportadas por las entidades financieras de entre los inmuebles no cedidos a la Sareb, la sociedad que debe dar salida a los activos inmobiliarios t¨®xicos propiedad de la banca, conocida com¨²nmente como "banco malo".

Cada entidad formar¨¢ su propio fondo con un n¨²mero indeterminado de viviendas que podr¨¢ ampliar posteriormente y las ofrecer¨¢ a sus clientes desalojados.

Los arrendatarios ser¨¢n personas desalojadas de su vivienda habitual por impago de la hipoteca a partir del 1 de enero de 2008, con unos ingresos por unidad familiar inferiores a tres veces el IPREM (1.597,53 euros mensuales) y que cumplan los requisitos de vulnerabilidad especial fijados en el decreto por el que se paralizaron los desahucios durante dos a?os.

El precio del alquiler oscilar¨¢ entre 150 y 400 euros mensuales, con un m¨¢ximo del 30 % de la renta total neta de la unidad familiar, y los contratos tendr¨¢n una duraci¨®n de dos a?os, prorrogables por uno m¨¢s, excepto que la entidad financiera haga una nueva evaluaci¨®n de la situaci¨®n del beneficiario y concluya que ya no cumple las condiciones.

El arrendatario debe comprometerse a destinar ese inmueble a su vivienda habitual y a conservarlo en las mismas condiciones de uso y habitabilidad en la que lo recibi¨®.

Las entidades financieras informar¨¢n a los eventuales beneficiarios, ayuntamientos, diputaciones provinciales y ONG de las caracter¨ªsticas b¨¢sicas de las viviendas y facilitar¨¢n tambi¨¦n los datos tambi¨¦n a trav¨¦s de sus sucursales y sus p¨¢ginas web.

Entre otras cuestiones, deber¨¢ figurar la ubicaci¨®n y superficie de cada vivienda, su distribuci¨®n por municipios y CCAA, as¨ª como los requisitos para lograr un contrato y sus condiciones.

Las solicitudes se dirigir¨¢n a las entidades de cr¨¦dito, que evaluar¨¢n la idoneidad del beneficiario a partir de un informe sobre su situaci¨®n social realizado por los ayuntamientos o diputaciones provinciales en un plazo de 15 d¨ªas.

Los alquileres sociales se adjudicar¨¢n a los beneficiarios trimestralmente y la primera asignaci¨®n ser¨¢ el 31 de marzo de este a?o.

El convenio se firmar¨¢ el jueves pr¨®ximo, 17 de enero, por representantes de los ministerios de Econom¨ªa, Fomento, Sanidad, el Banco de Espa?a, la FEMP, ONG y las entidades financieras.

Los firmantes constituir¨¢n una comisi¨®n de coordinaci¨®n y seguimiento del fondo social de vivienda que se reunir¨¢ cada tres meses.