?Cumple Rajoy su programa?

?Tiene Espa?a un problema de exceso de gasto p¨²blico? Rotundamente no ?Tiene Espa?a un problema de sobrendeudamiento del sector p¨²blico? Rotundamente tampoco, aunque va camino de ello. Espa?a tiene un problema de d¨¦ficit p¨²blico, y sobre todo de "ritmo" de d¨¦ficit p¨²blico, b¨¢sicamente consecuencia de una ca¨ªda de ingresos p¨²blicos que es espec¨ªfica de Espa?a en el contexto internacional. En el componente del gasto p¨²blico del d¨¦ficit, el Gobierno atribuye a las Comunidades Aut¨®nomas la principal responsabilidad de su aumento, cuando la realidad es que ha sido provocado en su mayor parte por la Administraci¨®n Central.

Afirma Rajoy que "no se puede gastar lo que no se tiene". Nada que objetar si no fuera porque da por hecho que ¡°lo que se tiene¡± es lo que hay que tener. En este punto es l¨ªcito preguntarse qu¨¦ es lo que ¡°tienen¡± otros, similares a nosotros, nuestros directos competidores. Espa?a (ver gr¨¢fico) tuvo desde 2000 hasta 2007 un crecimiento m¨¢s vigoroso que la Uni¨®n Europea, cay¨® en 2009 al mismo foso que la UE y est¨¢ saliendo del mismo con mayor dificultad, pero las diferencias no son tan acusadas como las que refleja la evoluci¨®n de la recaudaci¨®n tributaria (ver gr¨¢fico).

Espa?a no tiene un mayor gasto p¨²blico que el resto de pa¨ªses europeos. Ni lo ten¨ªa antes, ni lo tiene ahora. Del lado del gasto p¨²blico, Espa?a ha reaccionado en la crisis de modo similar al resto. Los estabilizadores autom¨¢ticos han actuado ¡ªen especial el seguro de desempleo¡ª y algunas pol¨ªticas activas de expansi¨®n del gasto han acentuado algo m¨¢s la curva de crecimiento del gasto hasta 2009, para retroceder despu¨¦s hasta un nivel de gasto p¨²blico agregado que se sit¨²a un 12,1% por debajo de la media de los pa¨ªses de la Uni¨®n Europea. En definitiva, el sector p¨²blico espa?ol no gasta m¨¢s que los otros pa¨ªses de nuestro entorno europeo.

Lo que explica el comportamiento diferencial del d¨¦ficit p¨²blico en Espa?a respecto a la UE no son los gastos p¨²blicos, sino sus ingresos p¨²blicos. Con una evoluci¨®n no tan diferente en t¨¦rminos de PIB, los ingresos p¨²blicos se han mantenido pr¨¢cticamente estables en el n¨²cleo de la UE 15 durante toda la d¨¦cada anterior e incluso durante el periodo de cuatro a?os de crisis, con oscilaciones inferiores a un punto del PIB. Sin embargo, en Espa?a la recaudaci¨®n se ha desplomado 6 puntos del PIB, un retroceso del 15% y de casi 60.000 millones de euros. Eso explica m¨¢s de la mitad del incremento del d¨¦ficit p¨²blico total y la totalidad de nuestro diferencial de d¨¦ficit p¨²blico con estos pa¨ªses. Y esta reducci¨®n no se ha centrado en la recaudaci¨®n del IRPF, como podr¨ªa esperarse de la ca¨ªda del empleo, sino en el impuesto de sociedades (ha ca¨ªdo 22.000 millones desde 2007 a 2011) y en el IVA que retrocedi¨® en 22.3000 millones de 2007 al 2009 y que se recupera con dificultad desde la subida de tipos. Es decir, la brecha tributaria sigue estando en 2012, 40.000 millones por debajo de la recaudaci¨®n de 2007, cuadruplicando la elasticidad recaudaci¨®n/PIB de la Uni¨®n Europea.

Es decir, se puede afirmar rotundamente que el primer problema fiscal del sector p¨²blico espa?ol son los ingresos y no los gastos. Ingresamos much¨ªsimo menos que nuestros socios europeos. El Gobierno insiste en lo contrario porque sus pol¨ªticas consisten en reducir notablemente el sector p¨²blico espa?ol, lo que conduce a una contracci¨®n severa de los servicios p¨²blicos fundamentales.

En consecuencia, la Administraci¨®n Central, a la que compete la gesti¨®n de la Agencia Estatal de Administraci¨®n Tributaria (AEAT), es la principal responsable de esta situaci¨®n y de nuestro nivel de d¨¦ficit p¨²blico. Como dicen los profesionales de la inspecci¨®n, nuestra Agencia es raqu¨ªtica, nuestra gesti¨®n del fraude atiende lo marginal y es tard¨ªa. La soluci¨®n que se ha arbitrado es insuficiente y las se?ales de "amnist¨ªa fiscal" que se han enviado, de nuevo, a los defraudadores son tan equivocadas como indignantes para la mayor¨ªa silenciosa a la que tanto alude el Gobierno. No existe voluntad para atacar el problema de fondo: reducir como m¨ªnimo a la mitad los niveles actuales de fraude, dotando de suficientes medios a los profesionales de la inspecci¨®n. Conviene recordar que nuestra AEAT dispone de un tercio de los recursos de los que disponen sus pares en los grandes pa¨ªses europeos.

En resumen, si el objetivo fuera mejorar la calidad de la democracia y la defensa del inter¨¦s general persiguiendo un modelo europeo de sociedad que, no nos enga?emos, todav¨ªa Espa?a no ha alcanzado, deber¨ªamos aspirar a ingresar (¡°a tener¡±) lo que ingresan los pa¨ªses de nuestro entorno.

Espa?a est¨¢ siguiendo una estrategia err¨®nea para sortear la crisis: austeridad a ultranza frente a b¨²squeda de crecimiento. La actualizaci¨®n del Programa de estabilidad del Reino de Espa?a 2012-2015 prev¨¦ situar a Espa?a un 25% por debajo de la media europea en tama?o relativo del sector p¨²blico y ¡ªen consecuencia¡ª en dimensi¨®n y prestaciones de su estado de bienestar (gr¨¢fico 3). Es una opci¨®n dr¨¢stica que situar¨¢ al sector p¨²blico espa?ol incluso un 10% por debajo de la dimensi¨®n del mismo en Estados Unidos, hipot¨¦ticamente el gran pa¨ªs desarrollado adalid del liberalismo mundial.

Esta opci¨®n de pol¨ªtica econ¨®mica, que excluye la alternativa de incremento de la presi¨®n fiscal, condiciona la dimensi¨®n m¨ªnima del Estado del Bienestar en nuestro pa¨ªs como demuestran los objetivos de gasto establecidos en el citado Programa de Estabilidad para las distintas funciones en el horizonte 2015 (cuadro 1). L¨®gicamente, el gasto en educaci¨®n y sanidad ser¨¢ menor. Como podemos ver en el desglose por funciones de los objetivos del Plan de Estabilidad, se deber¨¢ reducir un 21% el gasto en educaci¨®n y sanidad, pasando la suma de ambas funciones del 11,4% del PIB en 2010 al 9% en 2015.

Ser¨ªa milagroso que estas pol¨ªticas no afectaran nuclearmente al "contrato social" vigente. Hay que preguntarse hasta d¨®nde y hasta cu¨¢ndo aguantar¨¢n las redes sociales de amortiguaci¨®n (familiares y de solidaridad) que est¨¢n sosteniendo el todav¨ªa aceptable clima social. Ser¨ªa tambi¨¦n milagroso, que el espacio que deja el gasto p¨²blico lo rellene la actividad privada con un coste menor. No es el ejemplo de los pa¨ªses en los que la gesti¨®n de la sanidad o la educaci¨®n est¨¢ mucho m¨¢s privatizada. El resultado de esta pol¨ªtica parece que ha puesto en marcha el ¡°descensor social¡± y aumentar¨¢ las fracturas sociales. El aumento de las desigualdades y la negaci¨®n del pleno ejercicio de ciudadan¨ªa impiden construir una sociedad decente.

El mito de las comunidades culpables

Parte fundamental de la estrategia del Gobierno de Rajoy, es hacer que se instale la idea de que las Comunidades Aut¨®nomas son las principales responsables del incremento desbocado del gasto p¨²blico, por lo que la reducci¨®n del tama?o del sector debe hacerse a costa de ellas. En nombre de la eficiencia y de un Estado m¨¢s racional asistimos a la mayor ofensiva pol¨ªtica contra el proceso de descentralizaci¨®n de todo el periodo democr¨¢tico. Se defiende un proceso de recentralizaci¨®n argumentando que la actual recesi¨®n tiene como causa principal el d¨¦ficit y este se deriva directamente del desarrollo del Estado Auton¨®mico. Si nos atenemos a los datos, hemos de estar en desacuerdo con esta interpretaci¨®n.

Las Comunidades Aut¨®nomas deben ser consideradas como actores pol¨ªticos mayores de edad. Contra lo que se suele afirmar, han demostrado mayor nivel de eficiencia en la gesti¨®n del gasto p¨²blico que la Administraci¨®n Central, que ha contribuido al crecimiento del d¨¦ficit p¨²blico ¡ªantes y despu¨¦s de la crisis¡ª de manera mucho m¨¢s significativa que las Comunidades Aut¨®nomas.

Durante el periodo 2000-2011 la Administraci¨®n Central ha generado un d¨¦ficit acumulado del 21,6% del PIB, mientras que las Comunidades Aut¨®nomas ¡ªque gestionan un mayor volumen de gasto p¨²blico¡ª han acumulado para ese mismo periodo un d¨¦ficit del 14,6% del PIB. Es decir, la propensi¨®n a "gastar lo que no se tiene" ha sido estructuralmente superior en la Administraci¨®n Central que en las Comunidades Aut¨®nomas. El gr¨¢fico muestra con claridad cu¨¢l ha sido la aportaci¨®n de cada sector y nivel de Gobierno al d¨¦ficit conjunto de las Administraciones p¨²blicas en Espa?a. Solo en cuatro de los doce a?os analizados, el sector auton¨®mico tuvo d¨¦ficits superiores al de la Administraci¨®n Central.

Los gobiernos regionales no se han comportado, en su conjunto, de forma irresponsable. Dedican el 85% de sus ingresos fiscales a gestionar servicios p¨²blicos esenciales del Estado de Bienestar (b¨¢sicamente sanidad y farmacia, educaci¨®n y prestaciones sociales), lo que convierte su nivel de gasto en m¨¢s r¨ªgido y ante una ca¨ªda muy dura de ingresos cuentan con menos margen que el gobierno central. En todo caso, los datos demuestran que en la generaci¨®n de d¨¦ficit han sido m¨¢s responsables que el gobierno central.

La planificaci¨®n del d¨¦ficit presentada por el Gobierno espa?ol a la Comisi¨®n Europea para 2012 y siguientes prev¨¦ una senda que permite a la Administraci¨®n Central volver a las andadas. El informe de la Intervenci¨®n General del Estado del 28 de septiembre de 2012, lo plantea con claridad meridiana. Aunque el gobierno central gestiona en Espa?a un 22% del gasto p¨²blico, se atribuye la posibilidad de incurrir en un d¨¦ficit del 4,4 % del PIB, mientras que los gobiernos regionales que gestionan un 36,2% del gasto p¨²blico, s¨®lo est¨¢n autorizados a incurrir en un d¨¦ficit del 1,5% del PIB. Es decir, el gestor del 22% del gasto p¨²blico se atribuye la opci¨®n de acaparar el 61% del d¨¦ficit.

?Hay alguna raz¨®n que justifique este desequilibrio? ?Acaso paga la Administraci¨®n Central el coste financiero de la deuda de las Comunidades Aut¨®nomas? ?Gestiona el gobierno central m¨¢s gasto social que los gobiernos regionales?

La respuesta a este conjunto de preguntas s¨®lo se encuentra en la estrategia del gobierno para redimensionar y configurar el sector p¨²blico espa?ol y hacer recaer el peso del ajuste a las Comunidades Aut¨®nomas. Es una opci¨®n concreta de pol¨ªtica econ¨®mica. El gobierno central no deber¨ªa exigir a los otros niveles de gobierno, con mayor nivel de gasto p¨²blico social, lo que el propio gobierno no est¨¢ dispuesto a hacer, teniendo no obstante, m¨¢s margen y flexibilidad para poder hacerlo.

Una distribuci¨®n equitativa del d¨¦ficit p¨²blico para el a?o 2012, atribuyendo al gobierno central el impacto del crecimiento que ha producido la crisis en el seguro de desempleo y atribuyendo el resto del objetivo de d¨¦ficit en proporci¨®n al gasto gestionado por cada nivel de gobierno habr¨ªa arrojado un panorama bien diferente al planificado: Estos objetivos de d¨¦ficit habr¨ªan sido mucho m¨¢s acordes con las responsabilidades que los diferentes niveles de gobierno tienen hacia los ciudadanos, y hubieran atemperado notablemente los rigores de los ajustes del gasto p¨²blico que est¨¢n afectando a los m¨¢s vulnerables: parados, jubilados, usuarios obligados de los servicios p¨²blicos de sanidad, educaci¨®n y prestaciones sociales.

Resulta adem¨¢s injusto que se establezca id¨¦ntico nivel de d¨¦ficit en porcentaje del PIB a todas las Comunidades Aut¨®nomas (1,5% para 2012) independientemente de su nivel de ingresos per c¨¢pita. Ello conduce inexorablemente a reducir a¨²n m¨¢s la provisi¨®n de servicios p¨²blicos esenciales a la poblaci¨®n de las regiones a las que la financiaci¨®n auton¨®mica proporciona un nivel de ingresos per c¨¢pita por debajo de la media, en un ejercicio de reafirmaci¨®n de desigualdades que ya alcanzan el 40% de recursos por habitante entre ciudadanos espa?oles de diferentes territorios. Que ese sea un criterio impuesto desde el gobierno central, choca frontalmente con cualquier concepto comprensible de igualdad de oportunidades o de trato, y de acceso equitativo de todos los espa?oles a los servicios p¨²blicos fundamentales, e impulsa desafecciones que luego sorprenden.

En definitiva, dos buenos p¨¢jaros de un tiro: m¨¢s espacio para la gesti¨®n privada y justificaci¨®n para reclamar m¨¢s centralizaci¨®n ?Qui¨¦n dec¨ªa que Rajoy no cumpl¨ªa su programa?