El juez Seijo cree que rechazar la daci¨®n en pago frustra la iniciativa popular

El juez que llev¨® ante la justicia europea la normativa sobre desahucios, Jos¨¦ Mar¨ªa Fern¨¢ndez Seijo, cree que los cambios legales propuestos por el PP no resuelven el problema de las ejecuciones hipotecarias en marcha y, al rechazar la daci¨®n en pago, frustran las esperanzas de la iniciativa popular.

En declaraciones a Efe, Fern¨¢ndez Seijo, que es el juez titular del juzgado Mercantil n¨²mero 3 de Barcelona, ha valorado que las enmiendas del grupo Popular a la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre daci¨®n en pago son un avance respecto a la situaci¨®n actual, aunque resultan insuficientes.

"Desactivar la ILP es lo m¨¢s frustrante. El resto son cuestiones t¨¦cnicas. (Con las enmiendas) no se busca una soluci¨®n estructural para los miles de afectados, sino medidas puntuales que ser¨¢n insuficientes", afirma.

La iniciativa popular plantea que, en el caso de vivienda habitual, la entrega del inmueble cancele el total de la deuda, extremo no incluido en las enmiendas del PP, que previsiblemente saldr¨¢n adelante dada la mayor¨ªa absoluta con que cuenta.

En su lugar, se articula un mecanismo para que, una vez ejecutada la hipoteca, la deuda pendiente pueda reducirse en funci¨®n de un calendario de pagos, que puede durar 10 a?os, con posibilidad de quitas, con el objetivo de permitir tanto las garant¨ªas financieras como una posible exoneraci¨®n de parte de la deuda.

La daci¨®n en pago s¨®lo se admite en el ¨¢mbito del c¨®digo de buenas pr¨¢cticas y con el consentimiento de la entidad financiera, explica Seijo.

Adem¨¢s, el juez critica que los cambios legislativos propuestos crean "un laberinto de requisitos y condiciones" sin abordar el problema que suponen las alrededor de 198.000 ejecuciones actualmente en proceso y no dejan claro el r¨¦gimen de tutela para los consumidores.

Seg¨²n explica, todas las medidas, que afectan a la Ley Hipotecaria, al C¨®digo Civil, a la Ley de Enjuiciamiento Civil, a la ILP y al c¨®digo de buenas pr¨¢cticas bancario, s¨®lo tendr¨ªan sentido en el marco de una normativa para reestructurar deudas y, en ¨²ltimo extremo, el perd¨®n de parte de ellas, lo que se denomina segunda oportunidad.

En su opini¨®n, "lo valiente habr¨ªa sido dar un mandado legal claro" para suspender las ejecuciones que afecten a consumidores (los que utilizan la vivienda como residencia y la adquieren para revenderla) e iniciar un an¨¢lisis caso por caso para determinar si existen cl¨¢usulas abusivas.

La redacci¨®n actual de las enmiendas recoge que, en los procesos en marcha, el afectado dispone de un mes desde que entre en vigor la nueva norma para plantear en los juzgados su oposici¨®n a la ejecuci¨®n hipotecaria, lo que le obligar¨¢ a contratar abogado y procurador.

El titular del Juzgado Mercantil n¨²mero 3 de Barcelona lamenta tambi¨¦n que no se aproveche el cambio legal para introducir f¨®rmulas como una mediaci¨®n obligatoria entre deudor y acreedor que evite el colapso de los juzgados.

En el verano de 2011 Fern¨¢ndez Seijo plante¨® una consulta al Tribunal de Justicia de la UE a prop¨®sito de un caso en el que analizaba si exist¨ªan cl¨¢usulas abusivas en un contrato con una ejecuci¨®n hipotecaria en marcha que legalmente era imposible suspender hasta que se resolviera, lo que pod¨ªa acarrear la p¨¦rdida de la vivienda, como as¨ª ocurri¨®.

La corte de Luxemburgo le dio la raz¨®n el pasado 14 de marzo, lo que ha obligado a modificar la legislaci¨®n espa?ola.

La v¨ªa elegida por el Gobierno ha acometer las modificaciones legales ha sido a trav¨¦s de enmiendas a dos proyectos de ley actualmente en tr¨¢mite sobre este tema: el de protecci¨®n a los deudores hipotecarios y el derivado de la ILP.

Ambos proyectos se fusionar¨¢n en una sola norma que previsiblemente se aprobar¨¢ en la segunda quincena de mayo.