Las preferentes llegan a la v¨ªa penal

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu estudiar¨¢ si se cometieron delitos en la venta de participaciones preferentes de Bankia. En su auto, que se hizo p¨²blico este lunes, el magistrado admite a tr¨¢mite la querella que interpuso Uni¨®n, Progreso y Democracia (UPyD) por la presunta comisi¨®n de los delitos de estafa, apropiaci¨®n indebida, publicidad enga?osa, administraci¨®n fraudulenta y maquinaci¨®n para alterar el precio de las cosas contra Caja Madrid, Bancaja, Bankia y Banco Financiero y de Ahorros, as¨ª como contra los responsables de los folletos de las emisiones de preferentes realizadas por dichas entidades.

La querella tambi¨¦n solicitaba la investigaci¨®n del expresidente de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, y el exgobernador del Banco de Espa?a, Miguel ?ngel Fern¨¢ndez Ord¨®?ez, pero el juez ha desestimado esta petici¨®n al no encontrar indicios de posibilidad alguna de delito. En este sentido, el auto destaca que la propia UPyD reconoce en su denuncia las advertencias que los antiguos responsables de los supervisores hicieron sobre los riesgos de las participaciones preferentes. Esta formaci¨®n pol¨ªtica recurrir¨¢ la exclusi¨®n de Segura y Ord¨®?ez.

El juez responde al fiscal que no se trata de si fueron un producto legal, sino si se ocult¨® el riesgo

La admisi¨®n a tr¨¢mite de la querella, que se incorpora a la causa principal en la que se investiga el proceso de fusi¨®n y salida a Bolsa de Bankia, pero como una pieza separada, se hace en contra de la opini¨®n de Anticorrupci¨®n. La Fiscal¨ªa entiende que las entidades han podido incurrir en graves deficiencias en la comercializaci¨®n de preferentes y que han primado sus intereses por encima de los de sus clientes, pero que no se dio un enga?o penalmente relevante ya que no hubo un plan preconcebido para estafar a sus clientes. El juez Andreu, aunque subraya que la admisi¨®n de la querella no constituye todav¨ªa un acto de imputaci¨®n judicial, considera que ¡°no se puede excluir¡± en este momento y ¡°sin haberse efectuado un m¨ªnimo de actividad de instrucci¨®n sumarial¡± el car¨¢cter delictivo de los hechos denunciados. El responsable del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 4 de la Audiencia dice compartir con la Fiscal¨ªa ¡°la delgada l¨ªnea roja¡± que puede separar, en este tipo de hechos, el delito penal del il¨ªcito civil, pero insiste en que no es ¡°en absoluto¡± descartable el primero de ellos. ¡°No se trata de que el producto o los productos financieros de alto riesgo comercializados fueran legales, que lo eran, sino si en su comercializaci¨®n y negociaci¨®n se ocult¨® la verdadera situaci¨®n de las entidades participadas por los preferentistas y el verdadero riesgo en que se incurr¨ªa al invertir en dichos productos¡±, argumenta Andreu.

En su auto el magistrado destaca que la CNMV denunci¨® en un informe remitido a la Audiencia Nacional ¡°malas pr¨¢cticas¡± de Bankia por los casos de operaciones con preferentes entre clientes fuera del mercado secundario ¡ªse buscaban compradores de participaciones a precios artificialmente elevados¡ª con el fin de aparentar que la cotizaci¨®n de estos productos era estable. En su opini¨®n estas pr¨¢cticas deben de ser objeto de investigaci¨®n en sede judicial, ¡°desde el momento en el que se est¨¢ advirtiendo de una necesidad de captaci¨®n de compradores, de una deliberada falta de informaci¨®n a los clientes y de un claro conflicto de intereses¡±.

El juez Andreu explica que los afectados por el fiasco de las preferentes no tienen la obligaci¨®n de acudir a la v¨ªa penal y que para sus reclamaciones indemnizatorias conservan intacto su derecho de utilizar la jurisdicci¨®n civil o los procesos de arbitraje que se han abierto, pero recuerda que el hecho de que estas alternativas ofrezcan mayor rapidez a la hora de lograr una reparaci¨®n de las inversiones realizadas ¡°no es ni puede servir de excusa para crear espacios de impunidad¡±.

¡°Ni se limita, ni se perjudica, por el hecho de incoarse un proceso penal en averiguaci¨®n de si las conductas denunciadas son constitutivas de delito, los derechos indemnizatorios de los posibles perjudicados por tales hechos, a quienes en todo caso se les abre una v¨ªa m¨¢s para la satisfacci¨®n de sus derechos, sin cegarse aquellas que ya est¨¢n en su mano¡±, recuerda el juez, que ha exigido abundante documentaci¨®n a Bankia, cita a cinco directivos responsables de las emisiones y las propias entidades como imputados y a 10 testigos, entre ellos el exsubgobernador del Banco de Espa?a, Javier Ar¨ªztegui.