?Es posible bajar los impuestos?

Se ha escrito mucho sobre la posibilidad de bajar impuestos en la actual coyuntura econ¨®mica espa?ola. Sin embargo, la mayor¨ªa de los an¨¢lisis realizados desde la pol¨ªtica no tienen en cuenta aspectos como en qu¨¦ parte del ciclo econ¨®mico nos encontramos o el nivel del d¨¦ficit p¨²blico existente; es decir, con frecuencia se hacen an¨¢lisis parciales sin pensar en todas las variables que habr¨ªa que valorar a la hora de llevar a cabo la reducci¨®n de impuestos. Dichas propuestas, la de FAES incluida, al no tener en cuenta la situaci¨®n econ¨®mica actual, provocar¨ªan un incremento del d¨¦ficit p¨²blico y ocultan los nuevos recortes del Estado del bienestar que traer¨ªan consigo. Por consiguiente, en la vigente coyuntura, la ¨²nica v¨ªa para reducir los impuestos a las rentas medias es luchar de manera decidida contra el fraude y la elusi¨®n fiscal, aspecto este que ha sufrido un gran retroceso en los ¨²ltimos quince meses con la aprobaci¨®n de la amnist¨ªa fiscal, que ha deteriorado la maltrecha conciencia fiscal de los espa?oles, as¨ª como la reducci¨®n de medios y efectivos.

En general, podemos afirmar que, con niveles altos de deuda, los impuestos que pagan los ciudadanos se pueden reducir bajo tres supuestos alternativos. El primero, en un escenario de expansi¨®n econ¨®mica, porque de lo contrario, en una coyuntura recesiva, se desplomar¨ªa de manera adicional la recaudaci¨®n, incrementando el d¨¦ficit p¨²blico. En un segundo supuesto, a la vez que se reducen los impuestos se deber¨ªa minorar el gasto p¨²blico para que el d¨¦ficit no sea mayor del que tenemos en estos momentos y evitar as¨ª que los problemas de financiaci¨®n de la econom¨ªa en general y de las empresas en particular fueran mayores. Este supuesto tiene el inconveniente de que el gasto relacionado con el ciclo, los intereses, el seguro de desempleo, etc¨¦tera, est¨¢ aumentando, y ello implicar¨ªa una reducci¨®n a¨²n mayor del gasto p¨²blico relacionado con el mantenimiento del Estado del bienestar. En tercer lugar, se podr¨ªan bajar los impuestos reduciendo dr¨¢sticamente el fraude y la elusi¨®n fiscal. En este caso, la decisi¨®n pol¨ªtica de reducir los impuestos a las rentas medias y a las peque?as y medianas empresas tendr¨ªa la ventaja de combinar incremento de las bases imponibles y, por tanto, sostenimiento de la recaudaci¨®n, con el mantenimiento de la pol¨ªtica de cohesi¨®n social.

El fraude conduce a una presi¨®n fiscal superior sobre las rentas que s¨ª tributan, y a una p¨¦rdida de competitividad de las empresas m¨¢s productivas (y honradas). No se debe olvidar que la Uni¨®n Europea estima en alrededor de 74.000 millones de euros el fraude fiscal en Espa?a. Si en los pr¨®ximos a?os aspiramos a reducir a la mitad dicho fraude, la recaudaci¨®n en funci¨®n de PIB se incrementar¨ªa alrededor de 3,5 puntos del PIB, y ello s¨ª que permitir¨ªa una reducci¨®n del esfuerzo fiscal de las rentas medias y bajas.

La UE estima en alrededor de 74.000 millones de euros el fraude fiscal en Espa?a

Pero adem¨¢s, la lucha contra el fraude tiene la ventaja de que contribuye a una ganancia de eficiencia para el conjunto de la econom¨ªa, y es que la distorsi¨®n del fraude no reduce, sino que se suma a la distorsi¨®n de los impuestos. Por ejemplo, la imposici¨®n sobre los rendimientos del capital puede reducir el incentivo a ahorrar, pero el fraude distorsiona adem¨¢s la canalizaci¨®n de ese ahorro hacia actividades productivas, y las rentas ahorradas, en lugar de estar disponibles a trav¨¦s del sistema financiero, se bloquean en activos con precios opacos como puede haberlo sido la propiedad inmobiliaria. En cuanto a las decisiones individuales de trabajo, la introducci¨®n del fraude las sesga hacia decisiones de menor valor a?adido social y de menor proyecci¨®n futura individual.

La lucha contra el fraude tambi¨¦n favorece al cambio de modelo de crecimiento, ya que las empresas con beneficios no declarados dif¨ªcilmente los usan en pol¨ªticas de crecimiento s¨®lidas (desde la innovaci¨®n a la exportaci¨®n), aunque dispongan de oportunidades, de forma que el fraude socava el crecimiento empresarial y del conjunto de la sociedad.

Lograr el objetivo de incrementar la recaudaci¨®n mediante la lucha contra el fraude exige medidas concretas e inmediatas por parte del Gobierno. La medida m¨¢s importante es aumentar los recursos destinados a la lucha contra el fraude, que vendr¨ªa justificada por varios hechos. En primer lugar, Espa?a gasta en lucha contra el fraude, en porcentaje del PIB, en torno a la mitad de lo que lo hacen los pa¨ªses m¨¢s desarrollados de la UE. En segundo lugar, la eficacia y los retornos que un euro gastado en la lucha contra el fraude tiene para la Hacienda p¨²blica espa?ola es uno de los costes m¨¢s bajos de la Uni¨®n Europea, ya que el coste de gesti¨®n de nuestra Agencia Tributaria es del 0,78 euros por cada 100 euros l¨ªquidos obtenidos. De esta manera, la disyuntiva en el presupuesto no es entre inspectores y profesores, sino que la existencia de m¨¢s inspectores financiar¨ªa la presencia de m¨¢s profesores en las aulas.

En definitiva, la conveniencia de bajar los impuestos no es autom¨¢tica. Depende del contexto econ¨®mico que estemos viviendo, del nivel de deuda p¨²blica ¡­ y es la lucha contra el fraude la pol¨ªtica que permite bajar los impuestos a las rentas medias, reducir de manera paulatina el d¨¦ficit p¨²blico y mantener una necesaria pol¨ªtica social. Por el contrario, el Gobierno ha decidido subir los impuestos a las rentas medias y se inhibe frente al problema del fraude fiscal o incluso lo premia con amnist¨ªas fiscales que legalizan las conductas defraudadoras. A la luz de los ¨²ltimos datos de recaudaci¨®n tributaria, se pone de manifiesto que las medidas de pol¨ªtica fiscal en el ¨²ltimo a?o y medio han deteriorado a¨²n m¨¢s las bases imponibles. En concreto, durante el a?o 2012 la base imponible agregada de todos los impuestos se ha reducido un 3%, un 5% la del IVA y hasta abril de este a?o la base imponible agregada se redujo en m¨¢s de 62.000 millones de euros, de los cuales 38.000 millones pertenecen al IVA.

Pedro Saura Garc¨ªa es profesor titular de Fundamentos del An¨¢lisis Econ¨®mico y portavoz de Hacienda del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados.