Residencia en Espa?a, a cambio de inversi¨®n inmobiliaria
La cifra debe estar muy por debajo de los 500.000 euros que prev¨¦ la ley o su eficacia ser¨¢ muy limitada
En el mes de noviembre de 2012, el Secretario de Estado de Comercio, Sr. Jaime Garc¨ªa-Legaz, hizo unas declaraciones exponiendo su idea de proponer una modificaci¨®n de la Ley de Extranjer¨ªa, de forma que ciudadanos de fuera de la Uni¨®n Europea pudiesen conseguir la residencia en Espa?a mediante la adquisici¨®n de una propiedad inmobiliaria de un valor igual o superior a 170.000 euros. La noticia trascendi¨® r¨¢pidamente nuestras fronteras. Un promotor de Shangh¨¢i, vinculado a una agencia de tramitaci¨®n de visados, me llam¨® a los pocos d¨ªas interes¨¢ndose por el tema.
Es conocido el renovado inter¨¦s que ciudadanos chinos y rusos tienen por adquirir propiedades en Espa?a, al amparo del hundimiento de los precios del sector inmobiliario. Tras el estallido de la burbuja, especialmente los bancos disponen de un inmenso stock de viviendas vac¨ªas a la espera de comprador. La idea del Secretario de Comercio parec¨ªa adecuada para reanimar un mercado en crisis por el exceso de oferta. Sin embargo, provoc¨® una controversia que ha dilatado en el tiempo la decisi¨®n definitiva del Gobierno.
Mi interlocutor chino me puso al corriente de las dificultades legales que impiden adquirir segundas residencias en China, y que impulsan a un alto porcentaje de los 45 millones de millonarios existentes en aquel pa¨ªs a adquirir propiedades inmobiliarias en el extranjero. Adem¨¢s, hay que tener en cuenta que, legalmente, a los ciudadanos chinos no se les permite sacar del pa¨ªs cantidades superiores a 50.000 euros, con lo que para reunir grandes cantidades tienen que recurrir a ingeniosas componendas familiares.
En China los 45 millones de millonarios no pueden adquirir una segunda propiedad inmobiliaria
Sus preferencias hasta ahora se inclinan por los mercados de EE. UU., Canad¨¢, Australia y Jap¨®n. Pa¨ªses que ya hace alg¨²n tiempo han aprobado disposiciones similares a las que se pretende aprobar ahora en nuestro pa¨ªs, y que les exigen invertir un m¨ªnimo de 500.000 d¨®lares. Muchas veces las compras van asociadas al acceso de los hijos de los nuevos residentes a alguna de las afamadas universidades de aquellos pa¨ªses.
Algunos pa¨ªses europeos ya se dieron cuenta de la oportunidad: Portugal, Irlanda, Chipre o Malta, ofrecen acceso a la residencia a cambio de compras inmobiliarias por un valor igual o superior a 500.000 euros. En la pr¨¢ctica estos pa¨ªses compiten con dificultad con los 500.000 d¨®lares, y con la posibilidad de implantarse en pa¨ªses con fuerte prestigio en China, y en los que est¨¢n asentadas comunidades chinas fuertemente arraigadas. Por eso, otros pa¨ªses, como Grecia o Hungr¨ªa, han empezado lo que se aparece como una feroz subasta inversa, ofreciendo en el caso griego la residencia durante cinco a?os a los compradores de viviendas de un importe superior a los 250.000 euros.
Se da la circunstancia que la comunidad inversora china sigui¨® con inusitado inter¨¦s la reciente aprobaci¨®n del Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalizaci¨®n, que est¨¢n acabando de tramitar las Cortes Generales por el procedimiento de urgencia. En China se espera con impaciencia su publicaci¨®n y entrada en vigor, que se calcula no ser¨¢ posible hasta finales de a?o. A la vista de las exigencias de la competencia ser¨ªa recomendable que la cifra final en Espa?a estuviera muy por debajo de los 500.000 euros que establece el redactado final del Proyecto de Ley, y m¨¢s en la l¨ªnea de lo apuntado por el Sr. Garc¨ªa-Legaz. De lo contrario su eficacia se ver¨¢ muy limitada
Con todas las prevenciones que resulten necesarias para garantizar la transparencia de los movimientos de capitales, las medidas contenidas en el proyecto de la nueva Ley garantizan el mismo trato a los no comunitarios que inviertan para crear empleo en Espa?a, o que adquieran dos millones de euros en deuda p¨²blica, y pueden resultar muy adecuadas para ayudar a este pa¨ªs a salir de la crisis.
Los detractores de esta medida consideran que la demanda est¨¢ creciendo por s¨ª misma ante la ca¨ªda acelerada de los precios, lo que, en principio, podr¨ªa hacer pensar que es innecesaria una medida de este tipo dirigida a ciudadanos extracomunitarios. Seg¨²n los datos del Colegio de Registradores, los extranjeros se hicieron el a?o pasado con 24.938 viviendas en Espa?a, el 8,12% del total, lo que supone un incremento de las ventas del 19,1% respecto a 2011.
Son argumentos que parecen de poco peso, ante la existencia de un parque de viviendas vac¨ªas que se estima pr¨®ximo al mill¨®n de unidades, y que resultar¨¢ dif¨ªcilmente absorbible por la demanda interna.
Ferran Ferrer Viana es economista y colaborador docente del ?rea de Gesti¨®n de la Ciudad y Urbanismo (UOC)
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