La ley de Seguridad Privada: ?El b¨¢lsamo para un sector en horas bajas?

La seguridad privada no pasa por su mejor momento, porque la crisis tambi¨¦n ha hecho mella en un sector que ha visto caer su facturaci¨®n desde 2008 un 20 por ciento y que no ve en la futura ley que lo regula un b¨¢lsamo que cure sus heridas, si acaso un peque?o remedio que impulse su recuperaci¨®n.

Es en la salida de la actual situaci¨®n econ¨®mica en la que conf¨ªa la patronal Aproser, que representa a las doce mayores empresas de seguridad privada que facturan m¨¢s del 70 por ciento del total del negocio del sector.

Un sector en que esta semana se han centrado las miradas despu¨¦s de que el Congreso de los Diputados aprobara el proyecto de la nueva ley de Seguridad Privada, que ahora tendr¨¢ que pasar el tr¨¢mite del Senado, y que ha suscitado el recelo del principal partido de la oposici¨®n y de los sindicatos policiales y de clase al considerar que favorece la iniciativa privada.

Y no solo eso. Para algunos supondr¨¢ la subordinaci¨®n de la seguridad p¨²blica a la privada e, incluso, la privatizaci¨®n de servicios hasta ahora reservados a la Polic¨ªa Nacional y la Guardia Civil.

Sin embargo, el sector se defiende, niega la mayor y dice, en boca del secretario general de Aproser, Eduardo Cobas, que en ning¨²n caso los vigilantes privados sustituir¨¢n a los agentes de la seguridad p¨²blica y que tampoco la futura ley vendr¨¢ a solucionar los problemas del sector.

A finales de 2012, hab¨ªa registradas en Espa?a 1.490 empresas y una de cada cinco se dedica a la vigilancia, el subsector m¨¢s importante en facturaci¨®n porque aporta el 65 por ciento del total, mientras que el resto corresponde a sistemas de alarma y transporte de dinero y objetos valiosos, entre otros.

Tan solo cuatro de ellas cuentan con m¨¢s de 5.000 trabajadores y siete de cada diez tiene entre uno y 19 asalariados, seg¨²n datos que Asociaci¨®n Profesional de Compa?¨ªas Privadas de Servicios de Seguridad ha facilitado a Efe.

Pese a que hay m¨¢s de 220.000 vigilantes habilitados, a 31 de diciembre del pasado a?o solo 82.150 estaban en activo, la mayor¨ªa con contrato indefinido y una media de 8,2 a?os de servicio.

Cobas completa esta radiograf¨ªa con los datos negativos de la facturaci¨®n del sector, que este a?o volver¨¢ a caer -calcula que un 8 por ciento- para cerrar con una cantidad inferior a los 3.000 millones, lejos de los 3.600 millones en los que el Ministerio del Interior ha cifrado el volumen de negocio de estas empresas.

Descenso sostenido en los ¨²ltimos a?os por culpa no solo de la ca¨ªda de los contratos privados, que representan el 22 por ciento de la actividad, sino sobre todo por la disminuci¨®n de los p¨²blicos (el 78 por ciento del total).

"Hemos sufrido la ca¨ªda de la demanda", lamenta Cobas en declaraciones a Efe, en las que recuerda que la crisis ha provocado en el sector da?os colaterales porque "se han abierto menos centros comerciales y finalmente no se han puesto en servicio los nuevos aeropuertos, sin olvidar el estancamiento del ladrillo".

Gracias a la nueva ley se podr¨ªa paliar en parte esta situaci¨®n, pero apenas ser¨ªa un parche porque solo la salida de la crisis y la vuelta al crecimiento econ¨®mico, en tasas de entre el 2,5 y el 3 por ciento en el PIB, devolver¨ªa al sector a ¨¦pocas mejores.

Independientemente de las grandes cifras, Cobas quiere dejar claro que la seguridad privada en Espa?a es de calidad y, de hecho, los vigilantes son "con rotundidad" lo mejor preparados de Europa, en centros que controla el Ministerio del Interior y con ex¨¢menes que eval¨²a la Polic¨ªa Nacional y actualizaci¨®n peri¨®dica de conocimientos.

Frente a las cr¨ªticas que ha suscitado la posibilidad de que los vigilantes detengan en la v¨ªa p¨²blica, el secretario general de Aproser recuerda que todos los ciudadanos tienen el deber de hacerlo si presencian un delito flagrante y asevera que en ning¨²n caso usurpar¨¢n las funciones de polic¨ªas y guardias civiles.

Mientras finaliza el tr¨¢mite parlamentario y en espera del texto final, Aproser valora del proyecto las medidas contra el intrusismo, la ampliaci¨®n de las v¨ªas de acceso a la profesi¨®n, la protecci¨®n jur¨ªdica de los vigilantes cuando act¨²en como agentes de la autoridad y su adaptaci¨®n a los nuevos tiempos.

No les convence el r¨¦gimen sancionador para las compa?¨ªas que no cumplan con determinados tr¨¢mites burocr¨¢ticos ni las actividades compatibles con los vigilantes, que pueden abrir un resquicio a la entrada en el sector de personal no cualificado.

Por Laura Camacho