La jungla jur¨ªdica del transporte alternativo

Madrid y Bruselas se est¨¢n pasando la pelota. El Ministerio de Fomento pide a la Comisi¨®n Europea que "se aclare al m¨¢ximo posible el tema" del transporte alternativo ¡ªen particular en la modalidad ofrecida por plataformas como Uber¡ª; los responsables de Agenda Digital de la UE, por su parte, se declaran a favor de las soluciones ofrecidas por las nuevas tecnolog¨ªas y alegan que es competencia de cada Estado miembro solucionar el conflicto que ha estallado con los gremios de taxistas. Mientras las federaciones de profesionales se mantienen en pie de guerra, y hasta amenazan con convocar otra huelga en Madrid para el 1 de julio, la soluci¨®n de la discordia se difumina adentro de una telara?a legal que deja espacio para que florezcan nuevos modelos.

Los expertos tampoco consiguen aclarar del todo el asunto, aunque no admitan que exista un hueco en la normativa nacional como apuntala Bruselas. La Ley de Ordenaci¨®n de los Transportes Terrestres (LOTT) vigente en Espa?a establece determinadas condiciones para el transporte privado. "En particular", explica Rosa Guirado, abogada y economista especializada en competencia, "se solicita que nunca den lugar a remuneraciones dinerarias". En l¨ªnea con la posici¨®n adoptada por Fomento, la jurista afirma que plataformas que ponen en contacto a particulares para compartir gastos, como BlaBlaCar, "cumplen con los requisitos" de la ley, mientras en el caso de Uber?¡ªdonde el conductor cobra un importe acordado con el usuario y abona un porcentaje a la empresa¡ª, "se tendr¨ªan que dar ciertas condiciones para afirmar su legalidad: en primer lugar, el desplazamiento del usuario tiene que coincidir con el del conductor; en segunda instancia el importe debe de tener el ¨²nico objetivo de compartir gastos; por ¨²ltimo, la comisi¨®n de la plataforma se tiene que justificar como un gasto de gesti¨®n necesario para el transporte".

Todos los requisitos presentados por Guirado son arduos de averiguar. Luis del Amo, secretario t¨¦cnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales, como Guirado, tambi¨¦n distingue entre las plataformas que ponen en contacto a particulares para "compartir", y los servicios como el de Uber, "donde los anunciantes prestan un servicio a cambio de dinero". El fiscalista considera que la actividad de las plataformas es legal y deja recaer la responsabilidad sobre el titular del veh¨ªculo. "Lo que no puede haber es conductor ilegal", remacha.

Estamos viviendo una revoluci¨®n en Internet que puede atentar contra pr¨¢cticas comerciales que ya est¨¢n establecidas¡±

Pero a la hora de encontrar una soluci¨®n, la pescadilla vuelve a morderse la cola. Del Amo aclara que "ser¨ªa complicado obligar a las p¨¢ginas webs a comprobar si los anunciantes cuentan con la documentaci¨®n necesaria para ofrecer el servicio por el que se publicitan". Y concluye afirmando que, "si esto se impusiera, habr¨ªa que hacerlo para muchas m¨¢s cosas, empezando por revisar los anuncios en los peri¨®dicos".

Desde el campo digital, el abogado Javier de la Cueva, experto en derecho de la informaci¨®n, se amolda a la posici¨®n adoptada por?la comisaria de Agenda Digital Neelie Kroes. "Estamos viviendo una revoluci¨®n en Internet que puede atentar contra pr¨¢cticas comerciales que ya est¨¢n establecidas, por esto se genera conflicto", opina el letrado. A diferencia de Kroes, sin embargo, prev¨¦ que sea el organismo comunitario quien provea con una nueva regulaci¨®n.

Fomento, por su parte, sigue defendiendo la legislaci¨®n nacional, y mantiene que no es necesario aprobar una normativa adicional. "Ya hay una regulaci¨®n y una legislaci¨®n vigente y hay que cumplirla", han destacado fuentes del Ministerio, que el pr¨®ximo lunes tiene cita con el sector del taxi para discutir como tratar las pr¨¢cticas consideradas ilegales y susceptibles de generar una competencia il¨ªcita.