CC OO y UGT piden una renta m¨ªnima para dos millones de personas

CC OO y UGT reclaman la creaci¨®n de una renta m¨ªnima para aquellos que no tienen ingresos y no tienen la posibilidad de percibir prestaciones por desempleo ni ayudas sociales. Ambas centrales han elaborado una proposici¨®n de ley que este martes tienen previsto llevar al Congreso de los Diputados en forma de Iniciativa Legislativa Popular, apuntan fuentes de ambas formaciones. La nueva ayuda ser¨ªa de 426 euros mensuales y llegar¨ªa, seg¨²n los c¨¢lculos de CC OO a partir de datos del INE, a 2.150.000 personas.

El 15 de enero el Gobierno puso en marcha la creaci¨®n de una ayuda de urgencia para todos los parados de larga duraci¨®n que hab¨ªan agotado las prestaciones y subsidios y estuvieran inscritos en los Servicios P¨²blicos de Empleo antes del 1 de diciembre. Este subsidio puede llegar, seg¨²n cifras del Ministerio de Empleo, a unos 300.000 beneficiarios, aunque de acuerdo con los datos ¨²ltimos disponibles, de febrero, alcanzaba a casi 8.500 peronas.

La propuesta que ahora ponen sobre la mesa UGT y CC OO tiene un alcance mayor. Los c¨¢lculos sindicales sit¨²an en 1,8 millones el n¨²mero de hogares que no llegan a los 6.000 euros de ingresos anuales. Partiendo de esta cifra, se concluye que los beneficiarios potenciales del programa ascender¨ªan a m¨¢s de 2,1 millones. Si se multiplica esta cifra por 426 euros mensuales (esta cantidad puede aumentar seg¨²n el n¨²mero de personas a cargo) y por 12 mensualidades se obtiene el presupuesto anual necesario: 11.000 millones (un 1% del producto interior bruto). Este dinero se financiar¨ªa con impuestos y no cotizaciones, seg¨²n la propuesta sindical, aunque se integrar¨ªa entre las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social.

Todas estas cifras se alejan de otras propuestas de renta b¨¢sica, como la que el partido pol¨ªtico Podemos lanz¨® sin detallar en su programa de las elecciones europeas, aunque posteriormente se ha ido distanciando de ella. Mientras la Podemos, liderado por Pablo Iglesias, se dirig¨ªa a toda la ciudadan¨ªa independientemente de su nivel de rentas y situaci¨®n laboral ¡ªlo que disparar¨ªa mucho el gasto¡ª la que hacen los sindicatos est¨¢ sujeta a unas condiciones de acceso que limitan su alcance. Hay que tener entre 18 y 65 a?os, estar parado e inscribirse como demandante de empleo y tener ingresos por debajo del 75% del salario m¨ªnimo interprofesional. Adem¨¢s, el derecho a cobrar la ayuda se mantendr¨ªa mientras duren estas condiciones.

Entre los datos que manejan los sindicatos para apoyar su iniciativa aparecen algunas de las peores consecuencias de la crisis: 12,8 millones de personas en riesgo de pobreza, tres millones en situaci¨®n de pobreza severa y 1,76 millones de hogares con todos sus miembros en paro. Y frente a estos datos, dos n¨²meros que ponen de manifiesto que los mecanismos de protecci¨®n del Estado de Bienestar en Espa?a se han quedado cortos: la tasa de protecci¨®n de parados est¨¢ en el 55,7% (la EPA rebaja esta cifra incluso al 30%) y la cobertura de las rentas auton¨®micas de inserci¨®n apenas cubren al 5,48%.

El objetivo inicial de la nueva ayuda ser¨ªa cubrir ese vac¨ªo que se abre para quienes agotan las prestaciones y subsidios por desempleo y los salarios sociales auton¨®micos, dirigidos fundamentalmente a personas en grave riesgo de exclusi¨®n social. No se tratar¨ªa, por tanto, de que liberar de gasto social a las comunidades aut¨®nomas, a las que piden que si se alivia la partida de rentas b¨¢sicas (1.040 millones en 2013), destinen el dinero a otro tipo de ayudas sociales.

La incitativa de los sindicatos llega despu¨¦s de que el Ejecutivo no acabe de concretar el mapa de prestaciones al que se comprometi¨® en la declaraci¨®n que sindicatos, empresarios y Gobierno suscribieron en julio de 2014. Fruto de aquel documento se aprob¨® la ayuda a parados de larga duraci¨®n en diciembre pasado. Aquel texto, en su quinto punto, admite que ¡°es necesario profundizar en la protecci¨®n social de todas aquellas personas m¨¢s alejadas del mercado de trabajo y/o en riesgo de exclusi¨®n social¡±. Para ello, se comprometieron a elaborar ese mapa que ser¨ªa el punto de partida para constituir una mesa de negociaci¨®n que, ¡°en el plazo m¨¢ximo de 6 meses¡±, tiempo que expir¨® en febrero.