Cabify alega para evitar su cierre que no son taxistas sino ch¨®feres
Un juzgado de Madrid dirime si suspende cautelarmente la aplicaci¨®n como pide una asociaci¨®n del taxi madrile?a
Cabify ha pedido al juez que no suspenda su actividad cautelarmente porque sus conductores no son taxistas encubiertos sino aut¨®nomos que ejercen como ch¨®feres con veh¨ªculo propio, que trabajan exclusivamente para la plataforma, que es la que se encarga de contactar con los usuarios finales, la mayor parte de ellos empresas.
El juzgado de lo mercantil n¨²mero 12 de Madrid celebr¨® este mi¨¦rcoles la vista sobre la petici¨®n de suspensi¨®n cautelar de la actividad de Cabify a demanda de la Federaci¨®n Profesional del Taxi, al considerar que esta firma de Internet ejerce una competencia desleal en su sector.
Esta asociaci¨®n de taxistas exige la paralizaci¨®n de Cabify porque entiende que su actividad supone una intromisi¨®n desleal en su sector, puesto que los conductores de la plataforma prestan el mismo servicio de recogida de pasajeros en trayectos urbanos que los taxis, sin atenerse a las limitaciones que impone la reglamentaci¨®n de transportes a las licencias de veh¨ªculos de transporte con conductor (VTC), figura administrativa bajo la que trabajan los conductores de Cabify.
La principal de esas limitaciones es que los conductores que operan con licencia VTC deben regresar a su lugar de estacionamiento habitual tras llevar al pasajero que les contrata un servicio, en lugar de circular continuamente por la ciudad hasta que se les asigna una nueva recogida como hacen los de Cabify, seg¨²n aleg¨® ante el juez esta asociaci¨®n de taxistas.
Los taxistas se amparan?el art¨ªculo 182 del Reglamento de Ordenaci¨®n del Transporte Terrestre (ROTT) que?¡°el servicio de arrendamiento de veh¨ªculos con conductor deber¨¢ contratarse previamente en las oficinas o locales de la empresa arrendadora. (¡) En ning¨²n caso podr¨¢n los correspondientes veh¨ªculos aguardar o circular por las v¨ªas p¨²blicas en busca de clientes, ni realizar la recogida de los que no hayan contratado previamente el servicio¡±.La defensa de Cabify refuta este argumento asegurando que, a diferencia de los taxistas, los conductores asociados a la plataforma solo tienen un cliente, la propia Cabify, que es la que se encarga de contactar con los viajeros y facturarles el trayecto, por lo que no incumplen ninguna de las dos limitaciones que marca la normativa para los VTC y cuya prerrogativa se reserva exclusivamente para los taxistas: recoger a pasajeros en la calle y tener paradas fijas de recogida. Adem¨¢s, indic¨® que el Tribunal Supremo derog¨® parcialmente la normativa que exig¨ªa tener un lugar de aparcamiento habitual a los ch¨®feres aut¨®nomos.
Seg¨²n la defensa, los conductores de Cabify ¡ªalrededor de 400¡ª son aut¨®nomos con licencia VTC que, tras pasar un proceso de selecci¨®n muy riguroso, firman un contrato con la plataforma de dedicaci¨®n exclusiva durante su horario de trabajo y, por tanto, no tiene nada que ver con otros proyectos como Uber o BlaBlaCar, que funcionan entre particulares, actuando la firma de Internet como intermediaria ¨²nicamente.
Cabify indic¨® al juez que, a diferencia de estas iniciativas, la firma siempre ha cumplido con la normativa vigente, y cuenta con todos los permisos de los organismos que regulan la actividad de transporte, desde los ministerios de Fomento y Econom¨ªa, hasta la Direcci¨®n General de Transportes de la Comunidad de Madrid. A consultas de estas instancias, cuando comenz¨® a operar en 2012 se sac¨® la licencia de agencia de viajes para poder contratar a los conductores.
El funcionamiento de Cabify es distinto del de Uber o BlaBlaCar porque factura directamente. Los clientes se ponen en contacto con la plataforma v¨ªa online y contratan un servicio, cuyo precio es fijo para cada trayecto, independientemente del tr¨¢fico u otras circunstancias, y un 15% de media m¨¢s barato que si se contrata el mismo servicio de un taxi, seg¨²n la empresa. Los viajeros pagan con su tarjeta de cr¨¦dito a Cabify que, a su vez, abona la retribuci¨®n a los conductores, descont¨¢ndoles una comisi¨®n del 20%.
No es la primera vez que un proyecto empresarial relacionado con el transporte y la econom¨ªa colaborativa se enfrenta a los tribunales. Uber, la plataforma de transporte privado urbano entre particulares, fue declarada ilegal en toda Espa?a en diciembre de 2014 por un juzgado mercantil de Madrid. Por su parte, BlaBlaCar, la aplicaci¨®n que sirve para compartir coche en viajes interurbanos, est¨¢ a la espera de que un juzgado madrile?o dilucide sobre la demanda de la patronal de transporte de viajeros por autob¨²s (Fenebus), que tambi¨¦n pidi¨® su suspensi¨®n cautelar. Se espera que el fallo se d¨¦ a conocer durante el presente mes de noviembre.
Pero Cabify quiere distanciarse de estas iniciativas de la llamada econom¨ªa colaborativa. La mejor prueba de esa actitud es que han contratado como asesor jur¨ªdico a?Jos¨¦ Andr¨¦s D¨ªez, que ejerci¨® como asesor pero de la parte acusadora en los procesos celebrados contra Uber y BlaBlaCar contratado por la Asociaci¨®n Madrile?a del Taxi y Fenebus, respectivamente.
Los conductores de Cabify son profesionales ¨Cmuchos incluso son extaxistas- que deben pasar requisitos como un test de drogas, certificado de penales, examen de conocimiento de la ciudad, test psicot¨¦cnico. Deben poseer adem¨¢s un veh¨ªculo de gama media o alta, pintado de negro, de antig¨¹edad menor a los seis a?os, y deben ir uniformados.
La plataforma trabaja fundamentalmente con empresas, segmento al que est¨¢ ligado dos tercios de su facturaci¨®n, desde grandes multinacionales como FCC o Securitas a peque?os y medianos negocios. Cuentan con 500.000 usuarios en las 14 ciudades en las que opera (Madrid, Barcelona, A Coru?a, M¨¢laga, Valencia, Bilbao, Vitoria, Tenerife, Santiago de Chile, Lima, Bogot¨¢, M¨¦xico D.F., Quer¨¦taro y Monterrey), aunque m¨¢s de 150.000 est¨¢n en Espa?a.
Juan Ignacio Garc¨ªa-Braschi, director general de Cabify en Espa?a, conf¨ªa en que la justicia les d¨¦ la raz¨®n, ¡°porque su actividad se ajusta perfectamente a la legalidad¡±.
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