Cuatro de cada diez solicitantes de la PAC superan los 65 a?os

La aplicaci¨®n de la reforma de la Pol¨ªtica Agricola Com¨²n (PAC) esta campa?a ha supuesto una reducci¨®n de solo el 4% de los perceptores de las ayudas directas, que ascienden a unos 5.500 millones de euros. Los cambios m¨ªnimos introducidos en la actual regulaci¨®n comunitaria y nacional sobre las exigencias para recibir esos fondos no han sido suficientes para eliminar como destinatarios de los pagos a decenas de miles de personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas cuya actividad principal no es la actividad agraria, y que se llevan buena parte de los fondos. Del total de las solicitudes, el 40% corresponden a personas con edades superiores a los 65 a?os, que ingresan el 30% de los pagos.

Seg¨²n los datos provisionales manejados por el Fondo Espa?ol de Garant¨ªa Agraria, FEGA, para el cobro este a?o del pago b¨¢sico, se han presentado 844.502 peticiones, frente a las m¨¢s de 880.000 solicitudes de la campa?a anterior. Esta reducci¨®n de poco m¨¢s de 35.000 peticiones se ha debido a que personas que iban a perder los pagos han vendido o transferido los derechos, y a peque?os perceptores han unido sus peticiones.

Unas 340.000 solicitudes corresponden a peque?os productores cuyas ayudas no superan los 1.250 euros. En este colectivo hay agricultores a tiempo parcial y profesionales cuyas producciones m¨¢s importantes no perciben ayudas directas, como el porcino, la avicultura o la mayor parte de las producciones de fruta y vi?edo.

Reorganizar los pagos

La organizaci¨®n agraria Uni¨®n de Uniones, formada por la escisi¨®n de varias Uniones pertenecientes a COAG, cree que no se pueden eliminar de un plumazo como perceptores de fondos a los mayores de 65 a?os o jubilados. Pero pide que se busquen f¨®rmulas para que, de forma progresiva, el grueso de recursos recaiga sobre profesionales del campo, colectivo estimado en unas 300.000 personas, a los que se suman, adem¨¢s, agricultores a tiempo parcial.

En las negociaciones para la aplicaci¨®n de la reforma de la PAC en Espa?a, uno de los principales debates entre Agricultura, Comunidades Aut¨®nomas y el sector fue la fijaci¨®n de criterios para definir al agricultor activo como destinatario de las ayudas y evitar pagos a personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas ajenas al sector. Inicialmente se acord¨® calificar como activos a las personas f¨ªsicas cuyos ingresos por la actividad agraria supusieran, al menos, el 20% de los ingresos de la explotaci¨®n. Esa definici¨®n, seg¨²n Agricultura, fue rechazada por Bruselas por estimar que no se pod¨ªa obligar a nadie a producir.

Rebaja comunitaria

A la vista de la posici¨®n comunitaria, se rebajaron las exigencias para ser considerado como activo y hoy basta con que un peticionario que no llegue a ese 20%, tenga la tierra en buen estado y justifique una serie de acciones de laboreo sobre esa superficie.?

Para UPA, Agricultura nunca tuvo voluntad de imponer m¨¢s exigencias para cambiar la distribuci¨®n de los pagos en beneficio de la mayor¨ªa de los profesionales, como lo prueba el hecho de no haber establecido un tope de por petici¨®n y limitarse solo a aplicar una rebaja del 5% a partir de los 150.000 euros.

Las peticiones de ayuda suponen una superficie total de 25 millones de hect¨¢reas de las que 22.63 millones corresponden al pago b¨¢sico y otros 2,35 millones a otros reg¨ªmenes de ayuda.