210 mujeres atrapadas en el despido interminable
Un grupo de extrabajadoras de una gran empresa de cer¨¢mica que quebr¨® hace 15 a?os reclaman 2,5 millones de sus salarios e indemnizaciones a un inversor inmobiliario
La especulaci¨®n financiera e inmobiliaria se ha tragado el empleo, los salarios y la indemnizaci¨®n por despido de Nieves, Esther y Manuela. Ellas y otras 207 extrabajadoras del Grupo de Empresas ?lvarez (GEA), una gran empresa gallega de cer¨¢mica que quebr¨® en 2001, vendieron los terrenos de las f¨¢bricas para poder cobrar el dinero que se les deb¨ªa pero, pasados 15 a?os, a¨²n no lo han conseguido. Las afectadas reclaman al comprador de la finca, el magnate Luis Fern¨¢ndez Somoza, uno de los 50 espa?oles m¨¢s ricos, casi 2,5 millones de euros, unos 70.000 euros cada una, la compensaci¨®n por un ¡°traum¨¢tico¡± conflicto laboral que se ha vuelto interminable.
Estas tres mujeres de Pontevedra y sus 1.060 compa?eras de GEA perdieron su puesto de trabajo en 2001 porque las arcas de la hist¨®rica empresa de porcelana a la que serv¨ªan desde ni?as se quedaron vac¨ªas tras el paso de varios tiburones financieros. Lo ¨²nico que qued¨® en la compa?¨ªa fueron dos espl¨¦ndidas parcelas en las parroquias de Cabral y Coruxo, en Vigo, que, con la burbuja inmobiliaria infl¨¢ndose sin descanso, llevaron al millar de despedidos a confiar en cobrar de ah¨ª sus salarios e indemnizaciones.
El suelo, un total 170.000 metros cuadrados, fue repartido en tres partes e Inversiones Subel, la empresa de Fern¨¢ndez Somoza, se qued¨® con una. El contrato que firm¨® el sindicato CIG en representaci¨®n de un grupo de 210 trabajadoras establec¨ªa que la inversora pagar¨ªa primero 650.000 euros por el valor de ese terreno como solar industrial y despu¨¦s, cuando fuera recalificado a residencial, abonar¨ªa 2,3 millones m¨¢s. Este segundo pago es el que nunca lleg¨®, pese a que la recalificaci¨®n se hizo realidad con el plan urban¨ªstico aprobado en Vigo en 2008.
El dinero de Nieves, Esther y Manuela est¨¢ atrapado en una tupida mara?a inmobiliaria y judicial. Tras aprobarse el plan urban¨ªstico que supuestamente culminaba el contrato firmado con las extrabajadoras de GEA, Inversiones Subel emprendi¨® un pleito con el Ayuntamiento de Vigo porque le disgust¨® el porcentaje de viviendas sociales que el documento le obligaba a levantar. Los tribunales fallaron a favor de la corporaci¨®n local cinco a?os despu¨¦s, en 2014, momento que aprovecharon las operarias despedidas para reclamar sus salarios e indemnizaciones ante la justicia. Para complicarlo todo un poco m¨¢s, el plan de ordenaci¨®n urbana vigu¨¦s ha sido recientemente anulado por el Tribunal Supremo.
Los fondos de las trabajadoras de GEA se han atascado adem¨¢s en un aparente absurdo legal. Una sentencia de un juzgado de A Coru?a dio en 2015 la raz¨®n a Inversiones Subel y consider¨® que Somoza hab¨ªa pagado todo lo pactado porque deposit¨® en el juzgado esos 2,3 millones que faltan cuando firm¨® el contrato en 2002. Sin embargo, las trabajadoras muestran a este peri¨®dico un certificado judicial en el que consta que la empresa retir¨® ese dinero solo seis meses despu¨¦s. Con ese papel las afectadas presentaron el pasado 14 de noviembre una nueva demanda judicial para que Inversiones Subel consigne los fondos desaparecidos.
¡°El se?or Somoza nos dijo en una reuni¨®n hace tres a?os que ten¨ªamos raz¨®n pero que iba a dejar pasar el tiempo¡ Hemos ido varias veces a la sede de la empresa en A Coru?a pero ahora ya ni siquiera nos recibe y la polic¨ªa nos echa de all¨ª¡±. Esther Garc¨ªa Lorenzo, que en 2001 se qued¨® en la calle con 44 a?os y tres hijos y que ahora sobrevive con una ayuda de 426 euros, reclama 47.000 euros al expresidente de la empresa de transportes Azkar, due?o de una fortuna estimada en unos 700 millones. Cuenta que en aquel encuentro de hace tres a?os, el propietario de Inversiones Subel les dijo que ¡°no les pod¨ªa pagar¡± y les invit¨® a firmar un papel en el que zanjaba la deuda pag¨¢ndoles ¡°menos de la mitad de lo pactado¡±. ¡°Mira hasta d¨®nde llega la ignorancia de gente como yo que ese d¨ªa hasta me dio pena¡±, a?ade Esther con amargura. Inversiones Subel ha declinado dar su versi¨®n a este peri¨®dico.
GEA lleg¨® a ser el primer grupo cer¨¢mico de Espa?a, con m¨¢s de 5.000 empleados, cinco f¨¢bricas, 30 puntos de venta y unas vajillas de fina porcelana que le daban empaque a restaurantes de lujo, hogares adinerados y aparadores de mansiones aristocr¨¢ticas. ¡°?Qu¨¦ alegr¨ªa era aquella f¨¢brica llena de cr¨ªas de 14 a?os!¡±, suspira Nieves P¨¦rez sobre sus inicios. Cuando lleg¨® el hundimiento, las operarias fabricaban las tazas ¡°con los ojos cerrados, pero nada m¨¢s¡±. ¡°Entramos con 14 a?os y fuimos a la escuela lo justo. A la mayor¨ªa les fue imposible encontrar otro trabajo despu¨¦s¡±, apunta Manuela Novoa.
La agon¨ªa de GEA fue larga. En manos del INI desde principios de los ochenta, el Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez inyect¨® 75 millones de euros en la hist¨®rica empresa para rescatarla, despidi¨® a dos tercios de la plantilla y se la vendi¨® luego por 600.000 euros a la sociedad valenciana Estudesa. Las operarias pasaron meses sin cobrar, se quedaron sin pagas extra e intentaron defender sus empleos con marchas y acampadas en Santiago, Vigo y Madrid. ¡°Lo pasamos muy mal pero no nos hicieron ni caso¡±, recuerda Esther, que llegaba con moratones a casa por las cargas policiales. ¡°Es una tristeza llevar esta historia a la espalda, pero solo pedimos lo que es nuestro. Pienso seguir yendo a Inversiones Subel hasta que no pueda m¨¢s¡±.
El juicio a los gestores de GEA se ha suspendido tres veces
El fiasco empresarial de GEA habita en otra dimensi¨®n espacio-temporal y el impago de los salarios e indemnizaciones a la plantilla no es el ¨²nico asunto que duerme un sue?o sempiterno.
El juicio por alzamiento de bienes, apropiaci¨®n indebida y estafa contra los gestores que llevaron a la quiebra en 2001 la compa?¨ªa - Jos¨¦ Orozco Rodr¨ªguez Manche?o, los hermanos Mariano y Francisco Jim¨¦nez Ambel y Enrique Fidel Tatay Huici- tampoco se ha celebrado. Acumula tres suspensiones desde enero pasado, transcurridos 20 a?os desde que los hechos llegaron a manos de la fiscal¨ªa, primero por incomparecencia de un acusado que est¨¢ en paradero desconocido y despu¨¦s, cuando se hab¨ªa logrado solventar este atranco, por enfermedad de uno de los abogados.
Seg¨²n el ministerio p¨²blico, los responsables de Estudesa, la sociedad valenciana a la que el Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez vendi¨® GEA, ¡°concibieron la idea de obtener un beneficio patrimonial il¨ªcito¡± descapitalizando la empresa de la viv¨ªa un millar de familias. Pide para cada uno de los acusados tres a?os de c¨¢rcel y 15.000 euros de multa.
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