Hacienda calcula que implantar las 35 horas de los funcionarios costar¨ªa 1.200 millones

El Ministerio de Hacienda y Administraciones P¨²blicas est¨¢ dispuesto a hablar de todo con los sindicatos de la funci¨®n p¨²blica, seg¨²n ha expuesto la secretaria de Estado responsable del ramo, Elena Collado, en la comisi¨®n de Presupuestos del Congreso. Pero una de sus reivindicaciones, reducir la jornada laboral de 37,5 horas a la semana a 35, tiene un importante pero, su coste. Lo cifra en una cantidad que va de los 800 a los 1.200 millones. Esta cantidad lleva a Administraciones Publicas a poner este importante matiz en esa predisposici¨®n a hablar de todo.

Son varias las comunidades que contemplan jornadas de 35 horas semanales. Cuando se fijaron las 37,5, explic¨® Collado, fueron Andaluc¨ªa y Asturias, posteriormente se han sumado otras cinco. Pero el Ejecutivo ha recurrido al Tribunal Constitucional en aquellos lugares que se ha adoptado, y, en el caso de Castilla-La Mancha, este alto tribunal le ha dado la raz¨®n. En el caso andaluz, hay una comisi¨®n bilateral y el recurso a¨²n no ha llegado, pero Collado advirti¨® que si no hay acuerdo lo habr¨¢.

Otras cinco regiones cuentan con una jornada laboral semanal de entre 36 y 37 horas, a la vez que los 500.000 funcionarios del Estado tampoco cuentan con esa jornada. "Es una demanda, pero no es una recuperaci¨®n de derechos", ha insistido Collado, quien ha a?adido que en el resto

de Europa solo hay dos pa¨ªses con esa jornada, y uno de ellos "se lo est¨¢ pensando", mientras que el resto tienen jornadas de m¨¢s de 40 horas.

Subida de los salarios

Precisamente Andaluc¨ªa comenz¨® a aplicar en enero de este a?o la jornada de 35 horas para sus empleados p¨²blicos, por lo que se ha abierto un "mecanismo de entendimiento" que si no culmina con ¨¦xito, llevar¨¢ al Estado a presentar un recurso de constitucionalidad.

Sobre los salarios de los empleados p¨²blicos ha dicho un 1% este a?o si finalmente se aprueban. Este incremento es bajo, en opini¨®n de los sindicatos de la funci¨®n p¨²blica, e insuficiente para que los funcionarios recuperen el poder adquisitivo perdido durante la crisis. Por eso, aunque en marzo firmaron un pacto con el Ejecutivo que supone la convocatoria de 250.000 plazas nuevas en la Administraci¨®n, se reservaron dar su visto bueno al aumento salarial contemplado en los presupuestos.