Aspectos cruciales y conflictos en la transici¨®n energ¨¦tica

El sector energ¨¦tico mundial tiene un horizonte claro para el a?o 2050, establecido por el Convenio de Par¨ªs para frenar el cambio clim¨¢tico sustituyendo los combustibles f¨®siles (carb¨®n, petr¨®leo y gas) por electricidad producida b¨¢sicamente con energ¨ªas renovables. Sobre ese horizonte a largo plazo (33 a?os) hay un acuerdo generalizado, si exceptuamos los recalcitrantes negacionistas del cambio clim¨¢tico. El problema son las decisiones que hay que tomar en los pr¨®ximos 13 a?os (hasta 2030) para cumplir los alcanzables pero exigentes objetivos de 2050.

Espa?a ser¨ªa uno de los pa¨ªses m¨¢s beneficiados de sustituir f¨®siles ¡ªtodos importados¡ª por renovables, en las que tenemos m¨¢s recursos, emplazamientos y tecnolog¨ªa que otros pa¨ªses europeos. Por eso nos convendr¨ªa acelerar la transici¨®n energ¨¦tica mediante una pol¨ªtica que maximizara la implantaci¨®n de renovables.

Para lograrlo hay que definir como objetivo lo que la miop¨ªa del mercado es incapaz de anticipar: la evoluci¨®n del mix de generaci¨®n el¨¦ctrica (abriendo hueco a las renovables) y del parque de movilidad y transporte (incentivando la transici¨®n a los veh¨ªculos el¨¦ctricos).

Nos convendr¨ªa acelerar la transici¨®n energ¨¦tica mediante una pol¨ªtica energ¨¦tica que maximizara la implantaci¨®n de renovables

La expansi¨®n de las renovables requiere afianzar su intermitencia, conseguible asignando al operador del sistema el¨¦ctrico la gesti¨®n unificada de las centrales hidroel¨¦ctricas y los intercambios internacionales de electricidad.

Casi el 80% del petr¨®leo se consume en el transporte, en el que hay que hacer consciente a la sociedad de los riesgos de los veh¨ªculos en las ciudades, especialmente los de gas¨®leo que ¡ªseg¨²n el Instituto de Salud Carlos III¡ª producen en Espa?a anualmente m¨¢s de 9.000 muertes prematuras (ocho veces m¨¢s que por accidentes de tr¨¢fico). El tr¨¢fico urbano debe restringirse a los veh¨ªcu?los el¨¦ctricos.

Tambi¨¦n hay que depurar la remuneraci¨®n de hidr¨¢ulicas y nucleares, que es muy superior a sus costes remanentes aplicando fielmente las normas regulatorias. Para ello ha llegado el momento de llevar a cabo una auditor¨ªa regulatoria del sector el¨¦ctrico, que no es la de las cuentas de las empresas, sino del origen y aplicaci¨®n de fondos del conjunto del sistema, como prescribi¨® la ley de 1997. Esto pondr¨ªa de manifiesto c¨®mo el conjunto de centrales existentes ese a?o recuperaron todas sus inversiones y percibieron adem¨¢s un exceso de los llamados costes de transici¨®n a la competencia ¡ªCTC¡ª de entre 1.500 y 2.800 millones de euros que podr¨ªa reclamar el Gobierno, efectuando la liquidaci¨®n definitiva pendiente que, seg¨²n ha documentado el exvocal de la CNE Jorge Fabra Utray, no ha prescrito.

Al derogarse los CTC, deber¨ªa tambi¨¦n haberse establecido una remuneraci¨®n para las centrales anteriores a 1997 acorde con sus costes reales. Al no llevarse a cabo, las el¨¦ctricas han percibido desde 2005 a 2016 m¨¢s de 30.000 millones de euros de beneficios extraordinarios (de los que 16.000 millones corresponden a las nucleares), al ser remuneradas por la normativa general al precio m¨¢s elevado de las centrales de gas.

El Gobierno de Espa?a tiene que decidir en funci¨®n del inter¨¦s general si conviene ampliar la vida de las nucleares

Esta situaci¨®n debe verificarse, ya que influye en la decisi¨®n que ahora hay que tomar para abrir hueco a las renovables reduciendo la producci¨®n nuclear o de carb¨®n. Desde el punto de vista medioambiental, parece l¨®gico eliminar el carb¨®n, del que no existe apenas producci¨®n nacional, pero eso exige solventar previamente el inequitativo reparto entre beneficios y riesgos nucleares.

La situaci¨®n actual es inasumible: los espa?oles tienen que soportar el riesgo nuclear (de baja probabilidad pero alta incidencia: Fukushima lleva acumulado un coste superior a los 160.000 millones de euros y la evacuaci¨®n de m¨¢s de 80.000 personas), pero pagan el kilovatio hora nuclear al precio m¨¢s alto del gas, mientras tres empresas el¨¦ctricas se apropian de sus extrabeneficios, que pretenden prolongar m¨¢s a?os. Si esta situaci¨®n no se modifica de ra¨ªz, no s¨®lo no tiene sentido prolongar su vida, sino que habr¨ªa que considerar su paralizaci¨®n lo antes posible.

En esta tesitura, la principal empresa el¨¦ctrica ha declarado que las nucleares est¨¢n en p¨¦rdidas y que se van a replantear su operaci¨®n. Ante esta t¨¢ctica intimidatoria, el Gobierno de Espa?a tiene que decidir en funci¨®n del inter¨¦s general si conviene ampliar la vida de las nucleares y su remuneraci¨®n, pero si decidiera extender su vida y sus propietarias alegaran p¨¦rdidas para no continuar con su gesti¨®n es perfectamente planteable sacarla a concurso internacional, pues ya han pasado los tiempos en los que, como se dec¨ªa en la UNESA profunda, ¡°los problemas de la luz se arreglan a oscuras¡±.

Mart¨ªn Gallego M¨¢laga es ingeniero de Minas, economista y exsecretario de Estado de Energ¨ªa.