Las reticencias de Espa?a complican el acuerdo europeo sobre trabajadores desplazados

La Uni¨®n Europea se prepara para acabar con el uso perverso de la libre circulaci¨®n de trabajadores por parte de determinadas empresas. Los ministros comunitarios del ramo se ver¨¢n las caras hoy en Luxemburgo en busca de un pacto que acerque las condiciones de los trabajadores desplazados a las de los locales. O lo que es lo mismo, igualar al alba?il llegado de Cracovia a Lyon para trabajar en una obra con su compa?ero que ya reside en la ciudad y realiza la misma labor por el doble de salario. Las discusiones tratar¨¢n ¨²nicamente la mejora de la situaci¨®n de aquellos a los que su compa?¨ªa env¨ªa a otro Estado miembro durante un per¨ªodo de tiempo limitado. El objetivo es acabar con el atractivo ahorro que supone para las empresas importar trabajadores con menos derechos sociales debido a su menor coste.

La directiva actual, que data de 1996, antes de la expansi¨®n de la Uni¨®n al este, obliga a que los desplazados cobren al menos el salario m¨ªnimo del pa¨ªs de acogida y se beneficien de los descansos, vacaciones y normas de seguridad e higiene que recoge su legislaci¨®n. Pero esas ventajas, en ciertos casos, distan mucho de equipararlos con los trabajadores del pa¨ªs al que llegan: la Comisi¨®n Europea cifra en el 50% el ahorro por trabajador que pueden obtener algunas empresas al contratar un empleado procedente del este del continente en lugar de uno local. Eso ha generado un auge de la competencia desleal, con compa?¨ªas estableci¨¦ndose en pa¨ªses como Polonia ¡ªel principal emisor¡ª para enviar flotas de trabajadores desde all¨ª con las que cubrir vacantes en Alemania, Francia o B¨¦lgica ¡ªlos pa¨ªses que m¨¢s empleados de este tipo reciben¡ª con mano de obra barata, sobre todo en la construcci¨®n. "El mercado interno no es una jungla", ha advertido a este diario la comisaria de Empleo, la belga Marianne Thyssen, partidaria de poner orden con la nueva regulaci¨®n.

La posici¨®n de Bruselas tiene el apoyo de socios como Francia, Alemania, Italia, Pa¨ªses Bajos, Luxemburgo, B¨¦lgica o Austria. Pero el pacto tendr¨¢ que vencer la resistencia de una decena de pa¨ªses, principalmente del este (Polonia, Rep¨²blica Checa, Hungr¨ªa, Eslovaquia, Bulgaria y Ruman¨ªa), pero tambi¨¦n de Espa?a, Portugal o Irlanda. En el caso de Espa?a, busca obtener garant¨ªas de que el sector del transporte no se ver¨¢ afectado. "No queremos que la nueva directiva nos expulse del mercado", se?alan fuentes diplom¨¢ticas espa?olas, contrarias a la actual redacci¨®n del documento. El acuerdo requerir¨¢ por tanto de un complejo juego de equilibrios. "Sab¨ªa que no iba a ser un paseo por el parque", admite Thyssen, pese a todo optimista ante la posibilidad de que los ministros fijen este lunes una posici¨®n com¨²n.

Espa?a ha recogido la inquietud del sector del transporte, que exige que la directiva no se aplique a sus trabajadores. Les preocupa la elevada carga burocr¨¢tica derivada de lidiar con las leyes de los pa¨ªses que atraviesan los camioneros. La espa?ola Asociaci¨®n del Transporte Internacional por Carretera ha pactado con otras 13 organizaciones europeas su rechazo a la reforma. "Los transportistas europeos pueden llegar a atravesar, en una sola jornada, tres y cuatro fronteras de estados miembros, por lo tanto carece de l¨®gica aplicar una normativa dise?ada para trabajadores que realizan su actividad durante meses o a?os en un Estado distinto al de origen del trabajador", lamentan en un comunicado. Y a?aden sobre sus consecuencias: "Las empresas de transporte internacional deber¨¢n lidiar con hasta 20 legislaciones nacionales diferentes y hasta 50 niveles de salario m¨ªnimo, lo que tendr¨¢ una repercusi¨®n especialmente negativa en las pymes".

Francia, que en 2015 recibi¨® a m¨¢s de 285.000 trabajadores desplazados, ha sido el gran impulsor del cambio legislativo. El a?o pasado el entonces primer ministro, Manuel Valls, amenaz¨® con dejar de aplicar la directiva ante los numerosos casos de dumping social, y el tema ha estado presente durante la reciente campa?a presidencial. Marine Le Pen prometi¨® suprimir la ley por "dar prioridad a los extranjeros", y Macron ha abogado por su reforma para acabar con un marco que si bien favorece la contrataci¨®n de for¨¢neos, tambi¨¦n ¡ªy eso lo omite el discurso de Le Pen¡ª permite la explotaci¨®n de los asalariados m¨¢s fr¨¢giles, que a menudo comen en sus furgonetas de matr¨ªcula espa?ola o duermen en naves mientras remodelan una tras otra tiendas de ropa o colocan azulejos y sistemas de aire acondicionado en edificios renovados.

Macron, escudado tras el lema de una Europa que protege, parece haber dado el empuj¨®n definitivo a la ley. El presidente estima que la equiparaci¨®n de los desplazados con los empleados locales har¨¢ m¨¢s justo el mercado laboral y despojar¨¢ de argumentos a la extrema derecha. "La competencia desleal hunde los salarios, y los populistas se aprovechan de la mala regulaci¨®n europea", afirm¨® en la reuni¨®n de jefes de Gobierno del viernes en Bruselas. All¨ª dedico un encuentro bilateral al margen de la cumbre a convencer a Rajoy de la importancia de sellar el acuerdo, una muestra m¨¢s de la enorme importancia que ha concedido a la reforma de la directiva, para la que ya estuvo buscando aliados en su gira por pa¨ªses del este del pasado agosto.

La lucha contra la competencia, en ocasiones ilegal, de estos trabajadores low cost frente a los empleados franceses ya ha generado miles de multas en Francia por contrataciones con salarios por debajo de lo que marca la actual ley. Tambi¨¦n situaciones colindantes con la xenofobia como la llamada cl¨¢usula Moli¨¨re implantada en febrero en la regi¨®n de Auvergne-Rh?ne Alpes, por la cual las empresas que trabajan con dicha administraci¨®n deben contratar personal que hable franc¨¦s bajo la amenaza de multas de hasta el 5% del montante de la licitaci¨®n. El Gobierno franc¨¦s reaccion¨® con rapidez para se?alar el car¨¢cter ilegal de la norma.

En el men¨² de decisi¨®nes a tomar, la reuni¨®n de ministros de hoy tambi¨¦n buscar¨¢ un consenso sobre el n¨²mero m¨¢ximo de meses trabajando fuera a partir de los cuales un empleado deja de ser considerado como desplazado ¡ªEspa?a es partidaria de 24 meses frente a los 12 de Francia¡ª. Tambi¨¦n sobre el tiempo que tardar¨¢n en entrar en vigor las nuevas reglas, con una propuesta sobre la mesa que aboga por dar tres a?os para adaptar la directiva, aunque dicho plazo podr¨ªa ampliarse ante la presi¨®n de los estados del este. Pese a las diferencias, nunca antes se ha estado tan cerca de cerrar el acuerdo, y aunque las negociaciones podr¨ªan alargarse hasta bien entrada la noche, la Comisi¨®n Europea espera un resultado positivo.