Bruselas investiga las ayudas estatales de Espa?a a las centrales de carb¨®n

La investigaci¨®n anunciada por la Comisi¨®n Europea afecta a 14 centrales que han recibido m¨¢s de 440 millones de ayudas p¨²blicas desde 2007. Esos pagos, que se mantendr¨¢n hasta 2020, subvencionan durante un periodo de 10 a?os la instalaci¨®n de nuevos filtros de ¨®xido de azufre en las centrales de carb¨®n existentes (el a?o pasado hab¨ªa un total de 26). Espa?a no notific¨® ese r¨¦gimen de ayudas a Bruselas, cuyas autoridades deciden si las ayudas de Estado se ajustan o no a las reglas de competencia europeas.

Fuentes del Ministerio de Energ¨ªa han respondido que estas ayudas se financian a cargo del sistema, no con Presupuestos. "Cuando se constituyeron no entraban en la definici¨®n de ayuda p¨²blica. El sistema era respetuoso con las regulaciones de la UE y con las pr¨¢cticas habituales en el momento en el que se introdujo¡±, defiende. Seg¨²n esas fuentes, la Comisi¨®n Europea conoce este esquema desde hace a?os y nunca ha dicho nada hasta ahora. El esquema ya est¨¢ cerrado y termina en 2020, recuerdan. Y aseguran que ¡°Espa?a est¨¢ dispuesta continuar el procedimiento para que se preserve la confianza leg¨ªtima con la que se activ¨® en su d¨ªa¡±, informa Miguel ?ngel Noceda.

Sin embargo, la comisaria del ramo, Margrethe Vestager, alberga serias dudas de que el r¨¦gimen espa?ol respete ese marco. ¡°Si contaminas pagas. [¡­] Las normas de la UE no permiten a los Estados liberar a las empresas de esta responsabilidad utilizando dinero del contribuyente. Creemos que este r¨¦gimen espa?ol no incentiv¨® a las centrales de carb¨®n para que redujeran las perjudiciales emisiones de ¨®xido de azufre, ya que estaban obligadas a ello seg¨²n el derecho de la UE¡±, ha argumentado Vestager en un comunicado.

La Comisi¨®n sostiene que esa subvenci¨®n medioambiental a las centrales de carb¨®n ¨Clas que m¨¢s CO₂ emiten al producir electricidad- no produjo ning¨²n efecto incentivador. El motivo es que los l¨ªmites de emisi¨®n que se impon¨ªan a los beneficiarios coincid¨ªan con las normas medioambientales de la UE. Es decir, no hab¨ªa ning¨²n valor a?adido; la ayuda se otorgaba simplemente por cumplir la ley. Las normas europeas impiden ese comportamiento, contrario al principio de que quien contamina, paga. Amortiguar esos pagos con dinero p¨²blico representa una ventaja competitiva desleal respecto a las empresas que est¨¢n obligadas a cumplir la misma regla europea sin ninguna ayuda.

El Ejecutivo comunitario precisa que la apertura de investigaci¨®n no prejuzga el resultado y que continuar¨¢ sus pesquisas hasta llegar a una conclusi¨®n.

Examinando el decreto nuevo

La investigaci¨®n se conoce despu¨¦s de que Bruselas haya decidido examinar de oficio el decreto del Gobierno que pretende impedir el cierre de centrales el¨¦ctricas -entre ellas las que se alimentan de carb¨®n¡ª si esto influye en la factura de la luz, tal y como adelant¨® EL PA?S. Esa iniciativa del Ministerio de Energ¨ªa puso en aprietos al Gobierno espa?ol en la ¨²ltima Cumbre del Clima, celebrada en Bonn este mes. Espa?a se qued¨® fuera de la alianza que abogaba por la clausura de estas instalaciones por el impacto en el cambio clim¨¢tico y en la que s¨ª participaban Francia, Reino Unido e Italia, entre otros.

Bruselas, adem¨¢s, mirar¨¢ con lupa si el Ejecutivo espa?ol cumple el compromiso que firm¨® el a?o pasado para cerrar todas las minas de carb¨®n en 2018. La Comisi¨®n autoriz¨® que se emplearan 2.130 millones de euros de dinero p¨²blico para cerrar 26 yacimientos de carb¨®n no competitivos, lo que supondr¨¢ el fin de esta actividad. La fecha tope para la clausura, como marca la normativa europea, es finales de 2018. Y las minas tendr¨¢n que devolver ese dinero si no se logra la meta en el tiempo establecido, seg¨²n las condiciones fijadas para autorizar la ayuda.