El Constitucional anula el decreto de ayuda de 426 euros a parados de larga duraci¨®n pero mantiene la prestaci¨®n

Presionado por una Iniciativa Legislativa Popular que los sindicatos han logrado que el Congreso tramite, el Ministerio de Empleo se comprometi¨® a reestructurar este a?o las ayudas no contributivas con las que asiste a los parados (Prepara, PAE, Renta Activa de Inserci¨®n, subsidios). Ahora el Tribunal Constitucional le ha dado otro motivo: la ilegalidad de uno de esas medidas, el programa de activaci¨®n para el empleo (PAE), la ¨²ltima ayuda creada durante esta crisis para parados de larga duraci¨®n que no tengan ingresos.

La sentencia repite los argumentos que en julio usaron los magistrados para declarar ilegal la gesti¨®n de otra de estas ayudas: el plan Prepara. Su razonamiento es que ese programa, que lleva aparejada una ayuda de 430 euros durante medio a?o, es una pol¨ªtica activa y, por tanto, la gesti¨®n corresponde a las comunidades. Entonces, como ahora, el fallo lleg¨® tras un recurso del Pa¨ªs Vasco. ¡°No concurren circunstancias que justifiquen una gesti¨®n centralizada¡±, apunta la sentencia.

Empleo se?alaba que el fallo lo que hac¨ªa era corregir ¡°un aspecto competencial¡±, pero que eso no tendr¨ªa consecuencias sobre los beneficiarios. Esto queda claro en el texto del Constitucional, que advierte que ¡°la declaraci¨®n de inconstitucionalidad y nulidad contenida en la presente sentencia no afecta a las situaciones jur¨ªdicas consolidadas¡±.

En verano, tras la ilegalizaci¨®n de la gesti¨®n del plan Prepara, Empleo, las comunidades y los agentes sociales llegaron a un acuerdo para eludir el problema mediante la firma de convenios en los que las administraciones auton¨®micas ced¨ªan al Estado central la gesti¨®n. En ese momento, el departamento que dirige F¨¢tima B¨¢?ez asumi¨® el compromiso de reordenar en abril de este a?o las ayudas no contributivas frente al desempleo. ?Por qu¨¦ abril? Ser¨¢ cuando finalicen tanto el programa anulado parcialmente ahora como el plan Prepara.

El Ejecutivo aprovechar¨¢ esta circunstancia para intentar frenar que el Congreso apruebe la ILP de los sindicatos. Esta propuesta est¨¢ avanzando muy lentamente en el parlamento, pero avanza. El Gobierno rechaza esta medida de plano por ser cara: UGT y CC OO la cifran entre 9.200 y 11.300 millones; la Autoridad Fiscal ensanch¨® la horquilla: entre 6.000 y 15.300 millones.

Desde la anterior sentencia del plan Prepara, el Gobierno intenta usar el criterio del Constitucional en su favor, y esgrime el posible conflicto de competencias para frenar la iniciativa sindical. No obstante, vistas las dos derrotas parlamentarias que ya ha sufrido en este asunto (en la admisi¨®n a tr¨¢mite y en la emienda a la totalidad), tendr¨¢ que rascarse algo el bolsillo en la negociaci¨®n con los agentes sociales y poner bastante m¨¢s dinero que hasta ahora en la prometida reordenaci¨®n (los dos programas apenas suponen en total algo m¨¢s de 300 millones al a?o). Y tambi¨¦n tendr¨¢ que esforzarse para pactar con los grupos parlamentarios, especialmente con el PNV, que es el que tiene m¨¢s recelos de sus competencias. El grupo vasco puede aprovechar esta renta de los sindicatos para reducir el peso que tiene en los presupuestos de Euskadi la garant¨ªa de ingresos (RGI), que da una ayuda de entre 625 euros y 955 euros al mes a m¨¢s de 60.000 personas.