Suspenso en protecci¨®n al denunciante

La reactivaci¨®n del proceso de extradici¨®n a Suiza del ingeniero inform¨¢tico Herv¨¦ Falciani, reclamado para cumplir cinco a?os de c¨¢rcel por espionaje industrial, ha situado en la esfera de la opini¨®n p¨²blica un debate no resuelto en el ¨¢mbito jur¨ªdico: el de la protecci¨®n de los denunciantes o, como se les denomina en ingl¨¦s, whistleblowers (t¨¦rmino que tiene su origen en los oficiales de la polic¨ªa brit¨¢nica que utilizaban el silbato como aviso).

La presencia en Suiza de las dos dirigentes independentistas Marta Rovira y Anna Gabriel, sin duda, abona la teor¨ªa del intercambio de cromos entre pa¨ªses. Pero, m¨¢s all¨¢ de esta circunstancia, los hechos ponen de manifiesto que Espa?a no brinda al denunciante un marco seguro para que d¨¦ el paso a revelar una infracci¨®n o datos clave para su investigaci¨®n.

Encontrar una f¨®rmula para proteger (o, incluso, premiar) al denunciante es determinante para avanzar en la lucha contra la corrupci¨®n o la criminalidad organizada. Unas pr¨¢cticas que suelen esconderse tras complejos entramados, de dif¨ªcil acceso para los investigadores y en los que tener informaci¨®n de dentro es clave para su desarticulaci¨®n.

La regulaci¨®n espa?ola presenta dos grandes deficiencias, seg¨²n los expertos. En primer lugar, las medidas que se prev¨¦n para evitar represalias contra el delator son escasas y poco efectivas. En segundo t¨¦rmino, el sistema judicial es tan r¨ªgido que no permite ir m¨¢s all¨¢ de la mera protecci¨®n y premiar a quien revela informaci¨®n sobre la trama o el delincuente.

En el ¨¢mbito anglosaj¨®n la delaci¨®n se encuentra mucho m¨¢s desarrollada. Ejemplo de ello es el programa de la SEC (Securities and Exchange Commission), organismo supervisor de los mercados de valores en Estados Unidos, que recompensa con hasta el 30% de la multa impuesta a la empresa a quien denuncia las irregularidades. El mayor premio concedido hasta ahora ha sido de 87 millones de d¨®lares.

En la tradici¨®n jur¨ªdica espa?ola prima una visi¨®n m¨¢s ¨¦tica en la que se considera que la denuncia responde a un deber de quien conoce el delito (ideal que se pervierte si se hace a cambio de una recompensa). A esto hay que sumar, como apunta el profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan Carlos Ortiz, lo ¡°mal visto¡± que est¨¢ en nuestra cultura la figura del delator (calificado de chivato o sopl¨®n), por nuestra historia reciente y la influencia de la tradici¨®n cristiana (¡°el delator m¨¢s famoso es Judas¡±, explica).

Ortiz, autor de varios trabajos sobre la materia, califica la protecci¨®n del denunciante en nuestro pa¨ªs como ¡°mala y muy mejorable¡±. ¡°La regla general es que hay que identificar a quien denuncia¡±, lo cual retrae a muchos potenciales delatores que quieren preservar su identidad; y, una vez se ha denunciado, ¡°la protecci¨®n que se le brinda es muy reducida¡±. Como muestra, recuerda las medidas que se adoptaron para preservar la identidad de Falciani en juicio: ¡°ponerle peluca y gafas¡±.

Espa?a, de momento, no cuenta con una regulaci¨®n nacional sobre esta materia. En el Congreso, el Proyecto de Ley Integral de Lucha contra la Corrupci¨®n y Protecci¨®n del Denunciante, impulsado por Ciudadanos, no termina de ver la luz. Algunas autonom¨ªas, como Castilla y Le¨®n o Baleares, han aprobado sus propias normas.

Transparencia Internacional, sin embargo, advierte de que tanto el Proyecto de Ley como las normas regionales contienen limitaciones que restringen su eficacia. El abogado y consultor de la ONG, Daniel Amoedo, critica que s¨®lo protegen a los empleados p¨²blicos, dejando fuera a particulares y a trabajadores de empresas privadas. Por otro lado, la futura ley requiere, para que se tramiten las denuncias, que estas se sostengan en ¡°documentos o informaciones contrastadas¡±. ¡°Muchas veces el delito se conoce por algo que has visto y no por un papel; la investigaci¨®n deber¨ªa poder partir de una comunicaci¨®n informal¡±, defiende. Ortiz va a¨²n m¨¢s lejos y reclama que la protecci¨®n del denunciante se imponga a las empresas a trav¨¦s de una reforma del Estatuto de los Trabajadores, que impida las represalias contra el delator y le garantice un respaldo adecuado.

Ambos tambi¨¦n ven insuficiente la protecci¨®n que se prev¨¦ para el denunciante. El Proyecto de Ley, adem¨¢s de garantizar su confidencialidad, le asegura asesor¨ªa legal gratuita, indemnidad laboral y una indemnizaci¨®n si sufre perjuicios por la denuncia. Amoedo, en cambio, cree que la defensa jur¨ªdica que se brinde deber¨ªa ser completa y tendr¨ªa que ir acompa?ada de otros servicios, como asistencia sanitaria o psicol¨®gica.

Sistema de incentivos

Adem¨¢s de reforzar la protecci¨®n, Ortiz tambi¨¦n pide avanzar en un sistema de incentivos similar al anglosaj¨®n. A su juicio, el objetivo perseguido justifica introducir la capacidad de premiar al denunciante, incluso en supuestos pol¨¦micos, como cuando este sea miembro de la organizaci¨®n criminal o responsable de algunos delitos. ¡°Si el delator es un coimputado aparecen dos problemas: que la capacidad de negociar de la Fiscal¨ªa est¨¢ limitada y que los posibles incentivos son muy escasos¡±, subraya. La primera cr¨ªtica se refiere a que en el proceso penal espa?ol es el juez el que, en ¨²ltimo t¨¦rmino, aprueba los acuerdos que puedan alcanzar el fiscal con el investigado (sin que estos le vinculen), lo que no brinda seguridad al potencial denunciante sobre las ventajas de dar informaci¨®n.

La segunda objeci¨®n est¨¢ relacionada con que los ¨²nicos premios que prev¨¦ el C¨®digo Penal para el arrepentido es la rebaja de la pena en uno o dos grados. ¡°Y en los delitos graves, castigados con muchos a?os de c¨¢rcel, esta reducci¨®n puede no ser suficiente para que al delincuente le merezca la pena colaborar¡±, apunta Ortiz.

Aunque esta v¨ªa implica riesgos (como que quiera usarse la denuncia para librarse de una condena segura o la frustraci¨®n social de ver libre a un delincuente), el jurista considera que la v¨ªa del premio acabar¨¢ abri¨¦ndose camino. De hecho, subraya que en la normativa de competencia ya se prev¨¦ que, en los casos de carteles de precios, el que primero denuncia se libra de la multa.